URGENTE ATENTADO EN CONTRA DE LOS PRESOS POLITICOS DE SANTA CRUZ BARILLAS
CMI Guatemala / Waqib Kej
El día de hoy 16 de octubre se Juzgado de Primera Instancia del mañana el transporte en el que Barillas sufrió un atentado a Interamericana. Por esta razón se Sergio Vives, hasta el momento haciendo averiguaciones. informo por parte del Sistema Penitenciario al municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la se trasladaban los presos políticos del caso de la altura del kilometro 34 de la carretera cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado no se reportan heridos, aunque aun se están
Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se realizaría en el Juzgado de este municipio.
Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro Miguel.
Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y violaciones al debido proceso.
Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber tenido debido proceso.
También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa. Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.
Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.
Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.
El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro, intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos democráticos, su vida y su futuro.
Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la imposición del Estado de Sitio.
Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e injustas.
Con información de: Licenciado Sergio Vives
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