Posts Tagged ‘Madre tierra’

Guatemala.- Sentencia por Genocidio contra el pueblo Maya Ixil.

Miércoles, Octubre 9th, 2013

http://cpr-urbana.blogspot.com/2013/10/sentencia-por-genocidio-contra-el.html?spref=fb

otto perez comandante tito

Santa Maria Nebaj. Quiché.- interesantes reuniones viene realizando en esta población y lugares que integran el triangulo Ixil, los integrantes de las coorinadoras departamentales y municiapes de Cotzal, Nebaj y Chajul, con el objetivo principal de orientar a las 2166 personas evacuadas de poblados y montañas quichelenses, que ya se encuentran debidamente instaladas en el lugar bautizado como “Ac’Txumbal” (Nueva Vida).

Por su parte el comandante “Tito”, jefe del destacamento militar de este municipio, indicó que son 2166 las personas evacuadas de poblados y montañas quichelenses ahora residentes en el asentamiento “Ac’Txumbal”, habiendo hombres, mujeres y niños de todas las edades que vienen recibiendo toda clase de atenciones por parte de las entidades bajo la supervisión de ejercito y que provienen de las aldeas salquil Grande, huyendo de la violencia imperante en aquel sector. Aseguró el comandante militar que el respeto de la población nebajense se encuentra segura y tranquila al estar vigilada por elementos castrenses y patrullas civiles.
Prensa Libre 19 de Octubre de 1982.
ydigoras cotzal nebaj chajul quiche ixil otto perez molina
“… La organización para el manejo de desplazados , refugiados y amnistiados, en campamentos donde la población era concentrada con el fin de reeducarla, modificando su cultura e incorporándolos a la lucha contra subversiva; criminalizando a todo aquel que no siguiera las pautas de la doctrina implementada por los miembros del ejercito a cargo de dichos campamentos. En la región ixil se establecieron tres campamentos…. que concentraron principalmente miembros del grupo étnico maya ixil..
…A partir de la investigación realizada se estima que durante el conflicto armado interno, miembros del ejercito de Guatemala, comisionados militares y patruyeros de autodefensa civil dieron muerte a un minimo de 5,270 personas pertenecientes al grupo maya ixil, radicados en los municipios de San Juan Cotzal, Santa Maria Nebaj y San Gaspar Chajul…”

Sentencia por Genocidio y
delitos contra los deberes de Humanidad
 contra el pueblo Maya Ixil.
Guatemala, Mayo 2013.

Guatemala.- Urgent communication about the Slaughter in Nacahuil / Comunicado urgente ante la Masacre en Nacahuil

Lunes, Septiembre 9th, 2013
Mayan Kaqchikel Community San José Nacahuil in Guatemala is a community that has their own community autorities and where police presence has been innecesary. It’s the only mayan community and the bigger community of San Pedro Ayampuc. Nacahuil has been carateristic for the defense of their territory against many attacks, for example the electricity transport company TRECCSA, that the community didn’t let pass trough. Right now is part of the pacific resistance in Puya in resistance against the mining companies around the area.On September 7 2013 at 22:45 a police truck arrived at the community and started checking and controlling people at the local community food and liquor daily stores, asking for the name of the owners and demanding to speak with them, putting them against the wall and registering everybody, something that is not regularly done in the Nacahuil community. After something like 10 minutes after, armed men arrived in an unknown car, causing a shootout on the main streets of the community, with mayor attention on the local stores that where open at that time.

10 people died and 17 resulted wounded, between them 2 11-year old girls that now are safe, and other that died in the hospitals in the capital.

Curiously, the journey which the murderers used is the same as performed by the Police Patrol minutes before, so people wonder where were the police when the events occurred, or if perhaps it only created the conditions and verified that there was no armed persons to defense themselves?

We demand that the government requires the clarification of the facts and do research as working and honorable people in the community have lost their lives.
That this does not serve as a pretext to militarize the community. Since the community did not want permanent presence of the PNC (National Civil Police), that previously were and caused higher crime rate in the community.

We firmly reject the statement by the Minister of Interior in which he states that mobile is gang fight, which is totally false and premature to make statements without research elements.

We ask to the communities, national and international solidarity with the people of San Jose Kaqchikel Nacahuil by these bloody events that mourned our community.

SAN JOSE KAQCHIKEL NACAHUIL COMMUNITY,
NETWORK OF NON-VIOLENCE AGAINST WOMEN,
WOMEN INDIAN MOVEMENT TZ’UNUNIJA’,
COORDINADORA 25 DE NOVIEMBRE,
POLITIC ALLIANCE OF MESOAMERICAN WOMEN IN RESISTANCE FOR A DECENT LIFE.

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A la comunidad Nacional e Internacional damos a conocer la masacre ocurrida el 7 de septiembre a las 23 horas, en contra de la comunidad Kaqchikel de San José Nacahuil del municipio de San Pedro Ayampuc.San José Nacahuil, es una comunidad indígenas del pueblo Kaqchikel, tiene sus propias autoridades comunitarias, donde la presencia policial ha sido innecesaria. Es la única población maya y la comunidad más grande de San Pedr…o Ayampuc. Nacahuil se ha caracterizado por la defensa de su territorio ante las amenazas que han existido. Ejemplo de ello TRECCSA empresa de transporte de electricidad, que la comunidad no permitió su paso, actualmente es parte de la resistencia pacífica de la Puya en resistencia contra la empresa minera en el área.

El 7 de septiembre a las 22:45 horas llegó una radio patrulla a las comunidad revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas, esa actitud no es usual en Nacahuil. Como a los 10 minutos después, llegan hombres armados a bordo de carro no identificado, causando una balacera en las principales calles de la comunidad, con mayor atención a los negocios que estaba abierto a esa hora. Dejando un saldo de 10 personas muertas, 17 personas heridas dentro de ellas 2 niñas de 11 años de edad que ya se encuentran salvo, y otras que han fallecido en los hospitales de la capital.

Curiosamente el recorrido que hicieron los asesinos es el mismo que realizo la Patrulla minutos antes, por lo que la población se pregunta ¿dónde estaba la policía cuando se dieron los hechos, o es que acaso solo crearon las condiciones y verificar que no haya personas armadas?

Exigimos que el gobierno exija el esclarecimiento de los hechos con investigación, ya que han perdido la vida personas trabajadoras y honorables en la comunidad. Que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar a la comunidad. Ya que la comunidad no ha querido presencia permanente de la PNC, por que anteriormente estaban y ocasionaron mayor índice de criminalidad en la comunidad.

Rechazamos rotundamente la declaración del Ministro de Gobernación en donde afirma que el móvil es de pandillas, lo cual es totalmente falso, y prematuro hacer afirmaciones sin tener elementos de investigación.

Pedimos a las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con el pueblos Kaqchikel de San José Nacahuil por estos hechos de sangre que enluta a la comunidad.

COMUNIDAD KAQCHIKEL DE SAN JOSÉ NACAHUIL,

RED DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES,
MOVIMIENTO DE MUJERES INDIGENAS TZ´UNUNIJA´,
COORDINADORA 25 DE NOVIEMBRE,
ALIANZA POLITICA SECTOR DE MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA.

CORTE DE JUSTICIA DE CANADÁ JUZGARÁ A EMPRESA MINERA HUDBAY MINERALS POR GRAVES CRIMENES en GUATEMALA

Domingo, Julio 28th, 2013

El 17 de enero de 2007, mujeres maya q´ueqchi´ de la comunidad Lote Ocho, El Estor, Izabal, fueron violadas sexualmente por guardias de la seguridad privada de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), conjuntamente con agentes de la Policía Nacional Civil y el Ejército, durante un desalojo violento de tierras. El 27 de septiembre de 2009, guardias de la seguridad privada de la CGN dieron muerte a Adolfo Ich y lesionaron a Germán Chub, dejándolo parapléjico, cuando reprimieron a pobladores que protestaban para detener otro desalojo de tierras, en la comunidad Las Nubes. El despojo de tierras y la violación sexual contra mujeres indígenas son dos problemáticas entretejidas en la historia de Guatemala, que han causado enormes daños y han tenido profundas consecuencias en la vida de las mujeres, las comunidades y la sociedad en su conjunto.
Las víctimas de los hechos arriba señalados presentaron tres demandas legales en Canadá, buscando justicia y resarcimiento ante la indiferencia e impunidad en el sistema de justicia de Guatemala. La CGN en los últimos meses intensificó una campaña de coacciones y chantajes para que fueran retiradas las acciones legales en Canadá. Esta campaña se dirigió en especial contra el grupo de mujeres, ofreciendo empleos y beneficios económicos a la comunidad, a cambio de que ellas retiraran la demanda por violación sexual. La CGN, además de mantener la impunidad, pretende fragmentar la organización comunitaria, con el fin de quebrantar su lucha en defensa de la tierra y el territorio.
Como resultado de las demandas presentadas, el 22 de julio de 2013 la Jueza Carole Brown de la Corte de Justicia de Ontario, Canadá, emitió un fallo aceptando que en ese país se juzgue a la empresa HudBay Minerals por los crímenes cometidos en Guatemala por la CGN, que era subsidiaria de HudBay cuando ocurrieron los hechos de violencia. El fallo de la Corte de Justicia de Canadá tiene un significado trascendental, ya que sienta un precedente que puede contribuir a impedir que empresas extractivas transnacionales continúen violando los derechos humanos y depredando los recursos naturales en Guatemala, en Latinoamérica y el resto del mundo.
Expresamos nuestro reconocimiento al grupo de mujeres sobrevivientes de violación sexual; a Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich; y a German Chub, por haber tenido el valor de exigir justicia frente a una poderosa empresa transnacional, a pesar de los enormes desniveles de poder y recursos entre unos y otros, así como la política represiva de la CGN, en contubernio con instituciones del Estado de Guatemala.

Guatemala, 28 de julio de 2013

Organizaciones que suscriben este comunicado:

Alianza Política Sector de Mujeres
Asociación Feminista La Cuerda
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas – CAFCA
Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala – CALAS
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos – CIIDH
Comité de Unidad Campesina – CUC
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial – ECAP
El refugio de la niñez
Fundación Guillermo Toriello
Guatemala Human Rights Commission/USA – GHRC
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala – ODHAG
Rights Action
Seguridad en Democracia – SEDEM
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala – UDEFEGUA
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas – UNAMG

El proyecto de una firma gallega desata una cruenta represión en Guatemala

Miércoles, Mayo 1st, 2013

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/29/galicia/1367263275_151368.html

ONG denuncian un homicidio y violaciones de derechos humanos contra los opositores a unas obras promovidas por la familia coruñesa Castro Valdivia

barillas huehuetenango guatemala hidroelectrica

La empresa Hidralia Energía, fundada en A Coruña hace siete años, crece como la espuma en América Latina, de Nicaragua a Panamá, pasando por Ecuador, Venezuela o Guatemala. En este último país, esta firma de ingeniería impulsa un proyecto hidroeléctrico que lleva un año salpicado de sangre: un opositor a la instalación proyectada en el municipio de Barillas fue asesinado el 1 de mayo de 2012 y los violentos disturbios que estallaron tras su muerte se saldaron con la declaración del estado de sitio por parte del Ejército de Guatemala y el encarcelamiento de una decena de vecinos. “La naturaleza es básica para nuestra forma de vida y nosotros la defendemos. Dicen que somos conflictivos, pero lo que queremos es vivir en paz”, afirma Natalia Atz Sunuc, una activista de derechos humanos llegada de Guatemala que esta semana visita Galicia para denunciar la cruenta represión sufrida por las comunidades indígenas de Barillas que se oponen a los planes de la empresa coruñesa.

Este municipio guatemalteco de 130.000 habitantes está enclavado en plena selva, en la frontera con Chiapas, en uno de los parajes más golpeados por la descarnada guerra civil que dejó en este país centroamericano unos 200.000 muertos y desaparecidos. ONG y líderes de las comunidades vecinales aseguran que son ahora los planes de explotación del río Cambalam por parte de Hidralia Energía los que han resucitado la violencia. “Todo indica que se está produciendo una persecución desde las instituciones de justicia guatemaltecas dirigida contra todo aquel que suponga un obstáculo a la inversión”, concluye un reciente informe de Intermón Oxfam firmado por los investigadores independientes Arantxa Guereña y Ricardo Zepeda tras entrevistarse con vecinos y autoridades.

Estos investigadores relatan que los propietarios de las tierras en el entorno del Cambalam las vendieron sin saber que se destinarían a una explotación hidroeléctrica. A ellos les dijeron que las fincas seguirían acogiendo cultivos de café y cardamomo. Cuando empezaron las obras, se desencadenó el descontento: en 2009 un grupo de vecinos retuvo a un ingeniero y a 14 trabajadores de seguridad de Hidralia, les quitaron las armas y les obligaron a firmar un papel comprometiéndose a dejar la zona. Pero la firma coruñesa siguió adelante y los incidentes fueron a más. El pasado 1 de mayo, tres vecinos que se oponían al proyecto fueron tiroteados por dos personas que los testigos identificaron como empleados de Hidralia, que siempre lo negó. Una de las víctimas del ataque murió y estallaron unos violentos altercados que, según los líderes indígenas, fueron provocados por encapuchados.

600 policías y militares tomaron Barillas. Las ONG denuncian que el municipio se convirtió en un infierno de abusos sexuales, detenciones arbitrarias y hostigamiento a niños para que desvelaran el paradero de sus padres. Los 11 vecinos detenidos pasaron ocho meses en prisión.

Los habitantes de Barillas votaron mayoritariamente contra el proyecto en una consulta popular realizada en 2008, un modelo de referendum de origen milenario que está amparado por diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La voluntad popular no logró parar la construcción de la explotación hidroeléctrica, que permitirá extraer del río y las cataratas de Cambalam una energía que en ningún caso abastecerá a Barillas, un territorio campesino de profundas raíces mayas donde la mitad de los hogares vive sin luz. “El Gobierno de Guatemala considera que el proyecto supone progreso, pero es un modelo que a la población de Barillas no le reporta ningún beneficio”, explica Víctor Barro, de Amigos da Terra. “Luchamos por nuestra economía local y por el planeta. En Europa ya saben los daños que genera este modelo económico”, remacha la activista guatemalteca Natalia Atz Sunuc.

Varias ONG han convocado esta mediodía una concentración de protesta en la sede coruñesa de Hidralia Energía, una firma administrada por la familia Castro Valdivia. A esta estirpe de empresarios pertenece Luis Castro Valdivia, uno de los selectos y afortunados gallegos en cuyos bolsillos cayeron las jugosas concesiones eólicas e hidroeléctricas que repartió discrecionalmente el Gobierno de Fraga durante años y que ahora se ha lanzado a explotar los ríos de América Latina.

Guatemala.- San Rafael Las Flores: una historia de despojo y terror ya conocida

Miércoles, Mayo 1st, 2013

http://comunitariapress.blogspot.com/2013/04/san-rafael-las-flores-una-historia-de.html

mineria guatemala san rafael peligro ambiental

Por : Redacción Prensa Comunitaria

La mina San Rafael esta ubicada en el Km 96.5 carretera Mataquescuintla en el departamento de Santa Rosa, Guatemala. La mina pertenecía a la empresa canadiense Gold Corp, a partir del año 2010 trasladó el proyecto “El Escobal” a la empresa Tahoe Resources Inc. Esta empresa tiene oficinas en los Estados Unidos y su matriz en Canadá.

La población de San Rafael ha estado realizando comunidad por comunidad la Consulta Comunitaria de Buena Fe, los resultados son rotundos, no se está de acuerdo con la explotación ni la exploración minera.

8 de abril inicia en San Rafael Las Flor una resistencia pacífica frente a la entrada de la mina.

“Somos sanrafaelences y pese al frío de la primera noche, HEMOS RESISTIDO para manifestar de forma pacífica y legal nuestro descontento, por la forma ilegal de como el gobierno otorgó la licencia de explotación minera, en nuestro territorio.”

Desde hace dos meses un contingente de alrededor de 80 policías del Estado, al servicio de la empresa minera como guardias de seguridad.

27 de abril trabajadores de La mina San Rafael, propiedad del Grupo Macro – Tahoe Resources Inc. Agredió a 6 comunitarios disparándoles e hiriéndoleś Alberto Rotonda, jefe de seguridad de la mina San Rafael fue detenido hoy por dirigir el ataque.

29 de abril se concretó la firma del convenio de aporte voluntario entre los gobiernos municipales con la minera San Rafael, a pesar de la oposición de la población. Este convenio se concretó firmando y estando como testigos de “honor” Otto Pérez Molina, el ministro de energía y minas Erick Archila, Huges Rosseau, Embajador de Gobierno de Canadá y Juan Masferrer Pellizzari, Embajador de Chile.

Ese mismo día la población realizó una manifestación pacífica por el otorgamiento de la licencia minera y el ataque armado en contra de la población perpetrado por Minera San Rafael.

También fue detenido injustamente Don Felipe Rojas alcalde de Casillas, por apoyar a su pueblo que no acepta la esta empresa en el territorio del departamento de Santa Rosa.

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla confirmó que fueron guardias de la empresa quienes dispararon sin embargo justificó la agresión y los disparos, criminalizando a la gente diciendo que ésta quiso entrar por la fuerza. Negó que las balas fueran con arma de fuego cuando el informe médico hospitalario decía lo contrario.

Algunas de las personas que sufrieron el atentado, valientemente acudieron al Ministerio Público acompañados del abogado Rafael Maldonado y Yuri Mellini de CALAS, para poner una denuncia sobre lo ocurrido y dijeron:

“La persona que nos disparó fue Alberto Rotondo, que es chileno, él se metió la mano y sacó el arma y disparó… yo no creo que sea una mentira es una realidad que estamos viviendo en carne propia, uno se da cuenta las formas de cómo son.

“Dicen que no se mantiene policía Nacional Civil pero si se mantiene dentro de la minera, hay que hablar la verdad, y ahora dicen que nosotros nos queríamos entrar.”

30 de abril A pesar de esta agresión de la empresa como el irrespeto a la voluntad de la población del gobierno, varias unidades de la Policía Nacional Civil llegan a reprimir a las comunidades para desalojar la manifestación pacífica que se llevan a cabo a partir de principios de mes.

Empieza la criminalización y el discurso que justifica el uso de la violencia por parte del Estado evidentemente para proteger los intereses de las empresas.

Están culpando a los líderes del parlamento Xinca de secuestro y hasta de asesinato para poder desalojar y romper con una organización comunitaria ancestral que vela por el cuidado de la vida.

El gobierno ahora está evaluando imponer un Estado de Excepción en municipios como Xalapán, intentando repetir sus maniobras conocidas para causas terror, minimizar la lucha por la vida de la población que se niega a empresas que les causarán daños e imponer a estas últimas su para beneficio económico.

Calcídica, Grecia: Actualizaciones sobre la lucha contra la minería

Lunes, Abril 29th, 2013

http://es.contrainfo.espiv.net/2013/04/27/calcidica-grecia-actualizaciones-sobre-la-lucha-contra-la-mineria/

grecia contra la mineria

La lucha por la tierra es la lucha por la libertad. Queremos los bosques, la tierra y el agua. No una tumba de oro.

Está pasando en Calcídica.

Ha comenzado justo en el bosque de Skouriés, en Calcídica, la ejecución del proyecto de Ellenikos Xrisos Spa, empresa de extracción minera perteneciente, en un 95%, a la multinacional canadiense Eldorado Gold y, en un 5%, al industrial griego Bobola. Comprobado ya que este tipo de “actividades” son letales para la vida aunque el Consejo de Estado al que los habitantes de la zona han presentado un recurso no se ha expresado todavía; están talando hectáreas de bosque con consecuencias irreversibles para la naturaleza y para la economía de la región que está basada en la pesca, la agricultura y el turismo. El proyecto que están promoviendo, un cráter a cielo abierto para la extracción de oro, es solo el inicio de las actividades mineras en Calcídica y se enmarca en la venta total de los recursos naturales y de las infraestructuras públicas que se está llevando acabo después de las moratorias impuestas por el gobierno.

Entre tanto, en los pueblecitos de la región, y desde otras partes, han sido muchas las iniciativas de contrainformación y denuncia de la devastación a la que se dirigirían estos territorios, y del saqueo de las vidas de sus habitantes a manos del Estado y la patronal.

En los últimos meses con el avance de los trabajos, ha crecido también la lucha, tanto que ya en el movimiento de resistencia, nacido hace algunos años, participa la aplastante mayoría de la población local. Numerosos acontecimientos han caracterizado la vida de muchxs hombres y mujeres, de ancianxs, jóvenes y pequeñxs, que han crecido dentro de una movilización que ha sobrepasado sus confines geográficos y, quizá, ideológicos: las manifestaciones en la montaña cercana a las obras, ignoradas a posta por los media y reprimidas brutalmente por la policía; la caza humana por los bosques y los lacrimógenos a quemarropa; las constantes amenazas por parte de los obreros de la empresa que tiene el contrato para los trabajos y de sus mandantes, culminando en agresiones físicas intencionadas y cobardes y en el incendio del campamento fijo de iniciativas contra la nocividad.

El pasado 17 de febrero, unas cincuenta personas encapuchadas atacaron, prendiendo fuego, las obras de Skouriés y todos los medios y equipamientos en ellas. Durante mucho tiempo, el arma  utilizada en esta batalla fue, principalmente, la voz atronadonadora de la gente cabreada, a pesar de ello, las cargas de la policía, perros guardianes de las obras, no han escatimado en medios. Por eso, quizá porque en un texto en el que se hablaba sobre está acción se puede leer: “la destrucción de las obras es el resultado de las prácticas violentas de la policía y el Estado”, protectores de la empresa privada y sus intereses.

Después de los hechos del domingo, 17 de febrero, se ha abierto una despiadada caza human cuyo único objetivo es abatir la moral de lxs habitantes que se oponen al proyecto, que hoy dicen: “nos encontramos ante el resultado de un rabioso intento de intimidación y censura…” Al día siguiente, decenas de personas fueron llevadas a comisaría, arrancadas de sus casas, de locales, de la calle. De algunx, no hubo noticias durante interminables horas. Otrxs fueron retenidxs con la acusación de ser los líderes morales de la acción. La prueba incontestable es que estuvieran presentes en todas las manifestaciones. Es la misma empresa la que ha señalado a esta gente, a pesar de que todxs llevaban la cara tapada. Al final, a todxs lxs detenidxs, sin ninguna acusación formal, les tomaron las huellas dactilares y material orgánico para la prueba de ADN.

Las investigaciones no llevaron a ningún resultado, así que 7 de marzo a primera hora de la mañana, las fuerzas del “orden” comenzaron con las represalias: por la mañana, se presentaron en casa de cinco personas de Ierissós –una pequeña ciudad de 3000 personas donde todxs, pero todxs todxs, están en contra de las mineras–, las secuestraron y llevaron a comisaría para interrogarlas sobre “los hechos del 17 de febrero”. Hacia las 11:00, con la excusa de tener que realizar los registros de las casas de lxs cinco, las fuerzas del desorden volvieron al lugar: no solo policía política, sino distintos pelotones de antidisturbios y equipos antiterroristas armados hasta los dientes irrumpieron en el pueblo intentando ocuparlo militarmente. A lxs viejxs del pueblo la operación les recordó a la de los alemanes en 1941 y, solo con ver los vídeos y las fotos, nos damos cuenta de la dinámica verdaderamente inquietante. La gente, alertada, se reunió en seguida en la entrada del pueblo donde prendieron fuego a una barricada de neumáticos para impedir la entrada a los maderos. Así que se desencadenó la guerra química y se pasó, al son de los lacrimógenos, a un estado de asedio y terror: entraron en casas reventando algunas puertas, haciendo los registros delante de niñxs, según pasaban gasearon completamente un instituto en horas de clase, mandando a varias personas al hospital. Dentro se encontraba también una chica de 15 años que, días antes, había sido contactada para testificar en relación con el ataque a las obras. El episodio ya había desatado la indignación de todxs y este intento torpe de empujar a una menor a la delación, o de envolverla en lo sucedido llevó a la ocupación de su instituto en protesta por parte de profesorxs y estudiantes.

Mientras se desencadenaba la represión, lxs habitantes de Ierissós dieron el paso de quedarse en la calle hasta última hora de la tarde, demostrando, en la medida de lo posible, su hostilidad obvia contra las autoridades a pie de guerra.

Al final de la operación represiva, se llevaron una decena de escopetas de caza, petardos y walkie-talkies. Debido a la falta de licencia de armas en regla, las 4 personas a las que se las han secuestrado fueron arrestadas. En el juicio rápido, fijado para el 8 de marzo, se presentaron cientos de personas que gritaban consignas contra la policía y contra las mineras. El proceso se pospuso para el 20 de Marzo, liberando a lxs 4 detenidxs.

Al día siguiente, 9 de marzo, con una de las manifestaciones más multitudinarias que han tenido lugar en Tesalónica (se estiman 20.000 personas en la calle), el norte de Grecia mandó un mensaje claro: “no permitiremos a nadie decidir sobre nuestras vidas y nuestro futuro; no a la devastación de nuestra tierra, no a las minas de oro, no al estado de represión”.

Una vez más, ¡la pasión por la libertad es más fuerte que toda autoridad! Algunxs solidarixs desde otra orilla del Mediterráneo

Nota: A primeras horas del 10 de abril de 2013, dos combatientes de la lucha contra las minas de oro en Calcídica fueron secuestradxs por las fuerzas especiales de la policía, EKAM, en sus casas del pueblo de Ierissos. Maderos encapuchados asaltaron las casas en mitad de la noche, mientras estxs dormían con sus familias. Mientras tanto, la comisaría de policía local del pueblo fue abandanoada por el miedo a las represalias que tomarían lxs vecinxs. De hecho, la gente del pueblo asaltó la comisaría y prendieron fuego a todo lo que había dentro, como primera respuesta encolerizada a la operación represiva. Además, lxs vecinxs del pueblo han bloqueado la zona. Hasta el 14 de abril, lxs dos arrestadxs estuvieron retenidxs en la jefatura de policía de Tesalónica. Ese día, la fiscalía ordenó la prisión preventiva para ambxs combatientes con cargos de delitos graves.

http://youtu.be/TTZ6CFuOXS8

vídeo desde nogoldthess

Sigue una breve cronología de los últimos acontecimientos en Calcídica:

-17 de febrero 2013: Ataque incendiario a las obras de las minas de oro. Unas cuarenta personas, según la policía, realizaron un ataque incendiario, quemando todo el material que se encontraba en las obras de las minas de oro.

– Febrero de 2013: Los días posteriores, en el marco de la “investigación”, policías enmascarados secuestran a varixs habitantes del pueblo de Ierissós, uno de los pueblos que resiste más masivamente al proyecto y lxs retienen durante horas en la comisaría para interrogarlxs. Sin la presencia de abogados y bajo amenaza, los maderos les toman muestras de ADN sin que ni siquiera hubiera acusaciones contra ellxs a lxs que, se supone, se les llevó s a comisaría para un simple interrogatorio.

– 7 de marzo: 5 habitantes del pueblo de Ierissos son arrestadxs por la policía. Oficialmente, se trata de un llamamiento a testificar y no de arrestos. 6 camiones de CRS y 8 coches de policía intentan entrar en el pueblo para registrar las casas de lxs arrestadxs, sin la presencia de un juez. Lxs habitantes se oponen y los maderos cargan con gases lacrimógenos, que tiran incluso en la escuela del pueblo. Un niño resulta herido por una bomba lacrimógena, que le tiraron directamente, y tres se desmayan por el gas. Los maderos entran en las casas de las personas arrestadas. Por la tarde, los enfrentamientos comienzan entre lxs habitantes y las fuerzas de ocupación. Una hora después, los maderos, atrapados, abandonan el pueblo.

– 9 de marzo de 2013: Más de 20.000 personas se manifiestan en la ciudad de Tesalónica contra las minas de oro y el terrorismo de Estado contra lxs habitantes que luchan.

– 10 de abril de 2013: A las 3 de la mañana, maderos armados y enmascarados secuestran a dos habitantes de Ierissos, acusadxs de participación en el ataque incendiario. Sin ninguna notificación ni llamada para presentarse ante la policía o el juez, los maderos forzaron las puertas de sus casas mientras dormían y lxs arrestaron delante de sus hijxs y el resto de sus familias. Según los testimonios, uno de los maderos le dijo a la niña de 13 años de uno de los arrestados “míralo bien ahora con las esposas, porque serás mayor la próxima vez que lo veas”. Algunos minutos más tarde, lxs habitantes se reúnen en el centro del pueblo y atacan la comisaría de policía, vacía. A mediodía, la policía anuncia que abandonan la comisaría y que todo el personal y los servicios se trasladan a la comisaría de un pueblo vecino. Durante todo el día, lxs habitantes construyen barricadas bloqueando la entrada al pueblo (las barricadas siguen todavía hoy colocadas y sólo se puede pasar a horas específicas). Algunxs de los habitantes se quedan protegiendo las barricadas y el resto se dirige hacia la ciudad de Tesalónica, donde habían llevado a los detenidos.

– 13 y 14 de abril 2013: Manifestaciones solidarias, ya previstas antes de los sucesos del 10, tienen lugar en diversas ciudades del país.

– 14 de abril 2013: A los dos acusados del ataque del 17 de febrero se les aplica la prisión preventiva, que puede durar hasta 18 meses antes de que el proceso tenga lugar. Se les acusa, entre otras cosas, de participación en organización criminal, intento de homicidio, posesión de explosivos y de explosión. En total, hay 20 personas buscadas por la policía. Los dos detenidos son las primeras personas acusadas.

Fascismo y resistencia

Viernes, Octubre 12th, 2012

Por Mario Roberto Morales, Guatemala
consucultura(at)intelnet.net.gt

¿Hecho aislado o sistemático regreso al pasado terrorista?

La derecha justifica la militarización de la vida civil arguyendo que es necesario que el Gobierno nos defienda de los delincuentes. Y bajo ese supuesto explica la mortal represión militar contra movimientos populares que reivindican derechos ciudadanos, lamentándose de que esos hechos represivos convengan a quienes buscan “polarizar el debate” y alegando que los mismos no constituyen un patrón de proceder gubernamental sino sólo hechos aislados. Lo mismo parece pensar “la izquierda” que asesora al Gobierno.

Con el objeto de defender el proyecto militar de control poblacional y territorial (contenido en la Política Nacional de Seguridad), la derecha argumenta que este tipo de represión ha ocurrido no sólo en este gobierno sino en anteriores también. Y trata de vendernos (en calidad de análisis concreto de la situación concreta) las comparaciones falaces e inmovilizadoras del tipo “el hecho de que siempre haya habido explotación prueba que la maldad es parte de la naturaleza humana y por eso no vale la pena luchar por la justicia social”. De aquí a concluir en que cualquier criterio opuesto a los planes fascistas de la derecha oligárquico-militar-neoliberal es paranoia y delirio de atrincherados izquierdistas de guerra fría (que quieren revivir la guerra para vengar su derrota), no hay más que el conocido paso de pato del “intelectual” orgánico de la oligarquía.

Las “razones” dadas por el Presidente (militar) de la República para justificar el terrorismo de Estado del que es estridente muestra la masacre de Alaska (“el enfrentamiento fue provocado por quienes bloquearon por 8 horas la carretera”, “los soldados dispararon al aire”) y las del Canciller (evangélico) para minimizarlo (“ocho no es una llamada de atención tan grande pues a diario tenemos el doble de muertos”) nos regresan al torpe cinismo fascista de la dictadura militar-oligárquica de los 80.

La verdadera razón de la carnicería tiene que ver con que nuestra improductiva oligarquía adoptó el “modelo extractivo” como nueva forma de amasar fortuna –lo cual expresa su asociación como accionista minoritaria con el capital transnacional (que es el que sube la tarifa eléctrica e impone modelos educativos a su antojo)– y con que para aplicarlo necesita privatizar lo público (la educación, por ejemplo, para volverla técnica) y mantener un control poblacional y territorial militarizado (capaz de reprimir cualquier oposición a las privatizaciones y al daño ecológico). Para lograr esto, el Ejército creo la Política Nacional de Seguridad, panfleto que propone militarizar la vida civil bajo el pretexto de protegernos de los delincuentes, y cuya legalización en la Reforma Constitucional legitimará la matanza de los “terroristas” que viven donde operan cementeras, minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana.

La militarización de la seguridad interna es la de la vida civil porque implica el control marcial de población y territorio. Esto se llama fascismo. Y al fascismo le responde siempre la resistencia armada del pueblo. Para las mayorías esto significa regresar al terrorismo de Estado del siglo XX. Para los fabricantes y vendedores de armas –y sus socios del capital minero y energético– equivale a entrar triunfantes en el siglo XXI. Y para la progresía de izquierda y de derecha todo acaba en un grave incidente aislado por el que no hay sino que pedir perdón.

Masacre en Totonicapán Guatemala

Sábado, Octubre 6th, 2012

Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo “para la pacificación”, y se prometió derechos “culturales” a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación.

Hace unos meses atrás, indígenas mayas de Santa Cruz de Barrillas, Huehuetenango, fueron brutalmente reprimidos (con dos asesinatos de por medio) por la guardia privada de una empresa de hidroeléctrica española y el Ejército de Guatemala. En aquel entonces, para escarmentar a los indígenas sublevados en contra de la empresa española, el democrático Gobierno de Otto Pérez dictó un Estado de sitio.

Ayer, jueves 04 de octubre, tuvimos que ir a conciliar el sueño con un nudo en la garganta porque nuevamente el Ejército salió en defensa de otra empresa transnacional, esta vez Energuate (empresa inglesa de energía eléctrica) y reprimió una pacífica movilización indígena matando a 7 indígenas, e hiriendo a otros 41 (según datos extraoficiales). Esta masacre ocurrió mientras el democrático Gobierno de Otto Pérez dialogaba con la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones, de Totonicapán, sobre sus demandas/propuestas de la nacionalización de la energía eléctrica, reformas a la Constitución Política y la problemática de la formación de maestros.

Para justificar aquel exterminio y saqueo jamás conocida por la humanidad, recurrieron a teorías filosóficas absurdas para auto afirmarse como la raza y civilización superior, y a nosotros nos redujeron a seres “infrahumanos”. Por tanto, sin derecho a tener derechos, ni reclamar lo nuestro. Así, los enviados de Dios para “evangelizar” el nuevo mundo, mediante la biblia y la espada, y civilizar a la humanidad, afianzaron el sistema del capitalismo mercantil sobre las cenizas de la dignidad de los pueblos y de la Madre Tierra.

Ollantay Itzamná.

Presidente guatemalteco admite disparos de militares contra campesinos

http://youtu.be/3-B2XhOQEMw

Dividir y vencer en la tierra de oro. San Miguel Ixtahuacán, Guatemala

Viernes, Julio 20th, 2012

http://fraukedecoodt.wordpress.com/2012/07/15/dividir-y-vencer/

Con regalos, dinero y violencia, la minera canadiense Goldcorp ha divido a las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahaucán, en Guatemala. El inicio de los trabajos en la Mina Marlin ha causado mucho daño. No solamente ambiental. El proyecto minero también ha impactado en la cohesión social de las comunidades y en su relación cultural con la tierra.

Doña Deodora solamente tiene un ojo. El otro lo perdió una noche de 2010 cuando vecinos y trabajadores de la empresa minera le dispararon frente a su casa. No había sido la primera vez. Años atrás, una autoridad local la amenazó con un machete sobre su cuello. Si no la hirió fue porque Doña Deodora tenía a su hija pequeña en sus brazos.

Doña Deodora cuenta su historia en un castellano vacilante, mezclado con el Mam, su idioma nativo. Esta mujer indígena tiene 58 años y una apariencia frágil y humilde. Sobrevive pastoreando  animales en sus tierras. San Miguel, una comunidad del municipio San Miguel Ixtahaucán, en el departamento San Marcos, cerca de México, siempre ha sido una región aislada en las montañas. Sus habitantes originarios viven principalmente de la agricultura de subsistencia y de trabajos temporales en las fincas cafetaleras de la costa. Pero en 1996, el mismo año en que se firmaban los Acuerdos de Paz[1], la minera canadiense Goldcorp puso sus ojos sobre sus tierras. En 2005, a través de su filial Montana Exploradora, empezó a explotar oro y plata en la Mina Marlin.

“Ataques de nuestros propios hermanos”

A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia. Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.

La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando lideres, gente para dividir y romper la lucha.

Dividir con regalos

San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad indígena, “pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias. La empresa llegó engañando”.

Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a las autoridades locales para ganar su apoyo.

El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión. La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan posibilidades”.

Desarrollo… ¿para quién?

Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.

La empresa no esta aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[2], fuerza impulsora de la resistencia contra la mina.“Está aquí para hacer ganancias”. En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son públicos. Noe Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para la mina. La empresa esta generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos igual. Beneficio general no hay”.

Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones nacionales e internacionales[3]. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010 la CIDH[4] ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.

Dividir con  violencia

Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería, empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de Bamacá, fueron aterrorizados.

Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo Yuc. Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.

La tierra no se vende

Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos?  El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia identidad”.

No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra. Las palabras de Noe Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el preció de oro aumentó más de 150% y de plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad social”.

La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los pueblos indigenas como dice Noe Navarro. Lencho expresa con palabras una convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si tengo que demarrar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.

 [1]    Guatemala vivió un conflicto contra-insurgente de 36 años en donde, según las Naciones Unidas, 200.000 personas murieron, hubieron 50.000 desaparecidos y casos de genocidio. 95% de los crimenes fue cometido por el ejercito. Uno de las causas principales del conflicto era la distribución desigual de la tierra cuando 2% de la población controlaba 70% de la tierra fértil. Varios de los grandes terratenientes eran multinacionales. No ha cambiado mucho en Guatemala.

[2]    Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahaucán
[3]    Para una visión amplio del caso y la bibliografia sobre el caso de la Mina Marlin ver 2011, Naciones Unidas, A/HRC/18/35/Add.3  “Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya:  Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos, y otro  tipo de proyectos, en sus territorios tradicionales”
[4]   Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 En abril 2012 Goldcorp presentó a sus inversionistas el plan para restaurar San Miguel una vez que cierre la mina en 2018. Goldcorp prevé gastar $29 millones en restauración pero apartó solamente $1 millón. Expertos independientes estiman los costos a por lo menos $49 millones. Según Amenstia Internacional, si depende de Goldcorp esta región pobre pagará los daños ambientales que deje la minería.

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Para informacion o contactos

5 de Junio: experiencias en las luchas por la defensa de la tierra, Volnitza, Santiago, Chile

Lunes, Junio 4th, 2012