Guatemala.- San Rafael Las Flores: una historia de despojo y terror ya conocida

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Por : Redacción Prensa Comunitaria

La mina San Rafael esta ubicada en el Km 96.5 carretera Mataquescuintla en el departamento de Santa Rosa, Guatemala. La mina pertenecía a la empresa canadiense Gold Corp, a partir del año 2010 trasladó el proyecto “El Escobal” a la empresa Tahoe Resources Inc. Esta empresa tiene oficinas en los Estados Unidos y su matriz en Canadá.

La población de San Rafael ha estado realizando comunidad por comunidad la Consulta Comunitaria de Buena Fe, los resultados son rotundos, no se está de acuerdo con la explotación ni la exploración minera.

8 de abril inicia en San Rafael Las Flor una resistencia pacífica frente a la entrada de la mina.

“Somos sanrafaelences y pese al frío de la primera noche, HEMOS RESISTIDO para manifestar de forma pacífica y legal nuestro descontento, por la forma ilegal de como el gobierno otorgó la licencia de explotación minera, en nuestro territorio.”

Desde hace dos meses un contingente de alrededor de 80 policías del Estado, al servicio de la empresa minera como guardias de seguridad.

27 de abril trabajadores de La mina San Rafael, propiedad del Grupo Macro – Tahoe Resources Inc. Agredió a 6 comunitarios disparándoles e hiriéndoleś Alberto Rotonda, jefe de seguridad de la mina San Rafael fue detenido hoy por dirigir el ataque.

29 de abril se concretó la firma del convenio de aporte voluntario entre los gobiernos municipales con la minera San Rafael, a pesar de la oposición de la población. Este convenio se concretó firmando y estando como testigos de “honor” Otto Pérez Molina, el ministro de energía y minas Erick Archila, Huges Rosseau, Embajador de Gobierno de Canadá y Juan Masferrer Pellizzari, Embajador de Chile.

Ese mismo día la población realizó una manifestación pacífica por el otorgamiento de la licencia minera y el ataque armado en contra de la población perpetrado por Minera San Rafael.

También fue detenido injustamente Don Felipe Rojas alcalde de Casillas, por apoyar a su pueblo que no acepta la esta empresa en el territorio del departamento de Santa Rosa.

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla confirmó que fueron guardias de la empresa quienes dispararon sin embargo justificó la agresión y los disparos, criminalizando a la gente diciendo que ésta quiso entrar por la fuerza. Negó que las balas fueran con arma de fuego cuando el informe médico hospitalario decía lo contrario.

Algunas de las personas que sufrieron el atentado, valientemente acudieron al Ministerio Público acompañados del abogado Rafael Maldonado y Yuri Mellini de CALAS, para poner una denuncia sobre lo ocurrido y dijeron:

“La persona que nos disparó fue Alberto Rotondo, que es chileno, él se metió la mano y sacó el arma y disparó… yo no creo que sea una mentira es una realidad que estamos viviendo en carne propia, uno se da cuenta las formas de cómo son.

“Dicen que no se mantiene policía Nacional Civil pero si se mantiene dentro de la minera, hay que hablar la verdad, y ahora dicen que nosotros nos queríamos entrar.”

30 de abril A pesar de esta agresión de la empresa como el irrespeto a la voluntad de la población del gobierno, varias unidades de la Policía Nacional Civil llegan a reprimir a las comunidades para desalojar la manifestación pacífica que se llevan a cabo a partir de principios de mes.

Empieza la criminalización y el discurso que justifica el uso de la violencia por parte del Estado evidentemente para proteger los intereses de las empresas.

Están culpando a los líderes del parlamento Xinca de secuestro y hasta de asesinato para poder desalojar y romper con una organización comunitaria ancestral que vela por el cuidado de la vida.

El gobierno ahora está evaluando imponer un Estado de Excepción en municipios como Xalapán, intentando repetir sus maniobras conocidas para causas terror, minimizar la lucha por la vida de la población que se niega a empresas que les causarán daños e imponer a estas últimas su para beneficio económico.

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