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ONG denuncian un homicidio y violaciones de derechos humanos contra los opositores a unas obras promovidas por la familia coruñesa Castro Valdivia

La empresa Hidralia Energía, fundada en A Coruña hace siete años, crece como la espuma en América Latina, de Nicaragua a Panamá, pasando por Ecuador, Venezuela o Guatemala. En este último país, esta firma de ingeniería impulsa un proyecto hidroeléctrico que lleva un año salpicado de sangre: un opositor a la instalación proyectada en el municipio de Barillas fue asesinado el 1 de mayo de 2012 y los violentos disturbios que estallaron tras su muerte se saldaron con la declaración del estado de sitio por parte del Ejército de Guatemala y el encarcelamiento de una decena de vecinos. “La naturaleza es básica para nuestra forma de vida y nosotros la defendemos. Dicen que somos conflictivos, pero lo que queremos es vivir en paz”, afirma Natalia Atz Sunuc, una activista de derechos humanos llegada de Guatemala que esta semana visita Galicia para denunciar la cruenta represión sufrida por las comunidades indígenas de Barillas que se oponen a los planes de la empresa coruñesa.

Este municipio guatemalteco de 130.000 habitantes está enclavado en plena selva, en la frontera con Chiapas, en uno de los parajes más golpeados por la descarnada guerra civil que dejó en este país centroamericano unos 200.000 muertos y desaparecidos. ONG y líderes de las comunidades vecinales aseguran que son ahora los planes de explotación del río Cambalam por parte de Hidralia Energía los que han resucitado la violencia. “Todo indica que se está produciendo una persecución desde las instituciones de justicia guatemaltecas dirigida contra todo aquel que suponga un obstáculo a la inversión”, concluye un reciente informe de Intermón Oxfam firmado por los investigadores independientes Arantxa Guereña y Ricardo Zepeda tras entrevistarse con vecinos y autoridades.

Estos investigadores relatan que los propietarios de las tierras en el entorno del Cambalam las vendieron sin saber que se destinarían a una explotación hidroeléctrica. A ellos les dijeron que las fincas seguirían acogiendo cultivos de café y cardamomo. Cuando empezaron las obras, se desencadenó el descontento: en 2009 un grupo de vecinos retuvo a un ingeniero y a 14 trabajadores de seguridad de Hidralia, les quitaron las armas y les obligaron a firmar un papel comprometiéndose a dejar la zona. Pero la firma coruñesa siguió adelante y los incidentes fueron a más. El pasado 1 de mayo, tres vecinos que se oponían al proyecto fueron tiroteados por dos personas que los testigos identificaron como empleados de Hidralia, que siempre lo negó. Una de las víctimas del ataque murió y estallaron unos violentos altercados que, según los líderes indígenas, fueron provocados por encapuchados.

600 policías y militares tomaron Barillas. Las ONG denuncian que el municipio se convirtió en un infierno de abusos sexuales, detenciones arbitrarias y hostigamiento a niños para que desvelaran el paradero de sus padres. Los 11 vecinos detenidos pasaron ocho meses en prisión.

Los habitantes de Barillas votaron mayoritariamente contra el proyecto en una consulta popular realizada en 2008, un modelo de referendum de origen milenario que está amparado por diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La voluntad popular no logró parar la construcción de la explotación hidroeléctrica, que permitirá extraer del río y las cataratas de Cambalam una energía que en ningún caso abastecerá a Barillas, un territorio campesino de profundas raíces mayas donde la mitad de los hogares vive sin luz. “El Gobierno de Guatemala considera que el proyecto supone progreso, pero es un modelo que a la población de Barillas no le reporta ningún beneficio”, explica Víctor Barro, de Amigos da Terra. “Luchamos por nuestra economía local y por el planeta. En Europa ya saben los daños que genera este modelo económico”, remacha la activista guatemalteca Natalia Atz Sunuc.

Varias ONG han convocado esta mediodía una concentración de protesta en la sede coruñesa de Hidralia Energía, una firma administrada por la familia Castro Valdivia. A esta estirpe de empresarios pertenece Luis Castro Valdivia, uno de los selectos y afortunados gallegos en cuyos bolsillos cayeron las jugosas concesiones eólicas e hidroeléctricas que repartió discrecionalmente el Gobierno de Fraga durante años y que ahora se ha lanzado a explotar los ríos de América Latina.