Por Mario Roberto Morales, Guatemala
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¿Hecho aislado o sistemático regreso al pasado terrorista?

La derecha justifica la militarización de la vida civil arguyendo que es necesario que el Gobierno nos defienda de los delincuentes. Y bajo ese supuesto explica la mortal represión militar contra movimientos populares que reivindican derechos ciudadanos, lamentándose de que esos hechos represivos convengan a quienes buscan “polarizar el debate” y alegando que los mismos no constituyen un patrón de proceder gubernamental sino sólo hechos aislados. Lo mismo parece pensar “la izquierda” que asesora al Gobierno.

Con el objeto de defender el proyecto militar de control poblacional y territorial (contenido en la Política Nacional de Seguridad), la derecha argumenta que este tipo de represión ha ocurrido no sólo en este gobierno sino en anteriores también. Y trata de vendernos (en calidad de análisis concreto de la situación concreta) las comparaciones falaces e inmovilizadoras del tipo “el hecho de que siempre haya habido explotación prueba que la maldad es parte de la naturaleza humana y por eso no vale la pena luchar por la justicia social”. De aquí a concluir en que cualquier criterio opuesto a los planes fascistas de la derecha oligárquico-militar-neoliberal es paranoia y delirio de atrincherados izquierdistas de guerra fría (que quieren revivir la guerra para vengar su derrota), no hay más que el conocido paso de pato del “intelectual” orgánico de la oligarquía.

Las “razones” dadas por el Presidente (militar) de la República para justificar el terrorismo de Estado del que es estridente muestra la masacre de Alaska (“el enfrentamiento fue provocado por quienes bloquearon por 8 horas la carretera”, “los soldados dispararon al aire”) y las del Canciller (evangélico) para minimizarlo (“ocho no es una llamada de atención tan grande pues a diario tenemos el doble de muertos”) nos regresan al torpe cinismo fascista de la dictadura militar-oligárquica de los 80.

La verdadera razón de la carnicería tiene que ver con que nuestra improductiva oligarquía adoptó el “modelo extractivo” como nueva forma de amasar fortuna –lo cual expresa su asociación como accionista minoritaria con el capital transnacional (que es el que sube la tarifa eléctrica e impone modelos educativos a su antojo)– y con que para aplicarlo necesita privatizar lo público (la educación, por ejemplo, para volverla técnica) y mantener un control poblacional y territorial militarizado (capaz de reprimir cualquier oposición a las privatizaciones y al daño ecológico). Para lograr esto, el Ejército creo la Política Nacional de Seguridad, panfleto que propone militarizar la vida civil bajo el pretexto de protegernos de los delincuentes, y cuya legalización en la Reforma Constitucional legitimará la matanza de los “terroristas” que viven donde operan cementeras, minas, hidroeléctricas y plantaciones de palma africana.

La militarización de la seguridad interna es la de la vida civil porque implica el control marcial de población y territorio. Esto se llama fascismo. Y al fascismo le responde siempre la resistencia armada del pueblo. Para las mayorías esto significa regresar al terrorismo de Estado del siglo XX. Para los fabricantes y vendedores de armas –y sus socios del capital minero y energético– equivale a entrar triunfantes en el siglo XXI. Y para la progresía de izquierda y de derecha todo acaba en un grave incidente aislado por el que no hay sino que pedir perdón.

Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo “para la pacificación”, y se prometió derechos “culturales” a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación.

Hace unos meses atrás, indígenas mayas de Santa Cruz de Barrillas, Huehuetenango, fueron brutalmente reprimidos (con dos asesinatos de por medio) por la guardia privada de una empresa de hidroeléctrica española y el Ejército de Guatemala. En aquel entonces, para escarmentar a los indígenas sublevados en contra de la empresa española, el democrático Gobierno de Otto Pérez dictó un Estado de sitio.

Ayer, jueves 04 de octubre, tuvimos que ir a conciliar el sueño con un nudo en la garganta porque nuevamente el Ejército salió en defensa de otra empresa transnacional, esta vez Energuate (empresa inglesa de energía eléctrica) y reprimió una pacífica movilización indígena matando a 7 indígenas, e hiriendo a otros 41 (según datos extraoficiales). Esta masacre ocurrió mientras el democrático Gobierno de Otto Pérez dialogaba con la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones, de Totonicapán, sobre sus demandas/propuestas de la nacionalización de la energía eléctrica, reformas a la Constitución Política y la problemática de la formación de maestros.

Para justificar aquel exterminio y saqueo jamás conocida por la humanidad, recurrieron a teorías filosóficas absurdas para auto afirmarse como la raza y civilización superior, y a nosotros nos redujeron a seres “infrahumanos”. Por tanto, sin derecho a tener derechos, ni reclamar lo nuestro. Así, los enviados de Dios para “evangelizar” el nuevo mundo, mediante la biblia y la espada, y civilizar a la humanidad, afianzaron el sistema del capitalismo mercantil sobre las cenizas de la dignidad de los pueblos y de la Madre Tierra.

Ollantay Itzamná.

Presidente guatemalteco admite disparos de militares contra campesinos

http://youtu.be/3-B2XhOQEMw