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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/29/galicia/1367263275_151368.html

ONG denuncian un homicidio y violaciones de derechos humanos contra los opositores a unas obras promovidas por la familia coruñesa Castro Valdivia

La empresa Hidralia Energía, fundada en A Coruña hace siete años, crece como la espuma en América Latina, de Nicaragua a Panamá, pasando por Ecuador, Venezuela o Guatemala. En este último país, esta firma de ingeniería impulsa un proyecto hidroeléctrico que lleva un año salpicado de sangre: un opositor a la instalación proyectada en el municipio de Barillas fue asesinado el 1 de mayo de 2012 y los violentos disturbios que estallaron tras su muerte se saldaron con la declaración del estado de sitio por parte del Ejército de Guatemala y el encarcelamiento de una decena de vecinos. “La naturaleza es básica para nuestra forma de vida y nosotros la defendemos. Dicen que somos conflictivos, pero lo que queremos es vivir en paz”, afirma Natalia Atz Sunuc, una activista de derechos humanos llegada de Guatemala que esta semana visita Galicia para denunciar la cruenta represión sufrida por las comunidades indígenas de Barillas que se oponen a los planes de la empresa coruñesa.

Este municipio guatemalteco de 130.000 habitantes está enclavado en plena selva, en la frontera con Chiapas, en uno de los parajes más golpeados por la descarnada guerra civil que dejó en este país centroamericano unos 200.000 muertos y desaparecidos. ONG y líderes de las comunidades vecinales aseguran que son ahora los planes de explotación del río Cambalam por parte de Hidralia Energía los que han resucitado la violencia. “Todo indica que se está produciendo una persecución desde las instituciones de justicia guatemaltecas dirigida contra todo aquel que suponga un obstáculo a la inversión”, concluye un reciente informe de Intermón Oxfam firmado por los investigadores independientes Arantxa Guereña y Ricardo Zepeda tras entrevistarse con vecinos y autoridades.

Estos investigadores relatan que los propietarios de las tierras en el entorno del Cambalam las vendieron sin saber que se destinarían a una explotación hidroeléctrica. A ellos les dijeron que las fincas seguirían acogiendo cultivos de café y cardamomo. Cuando empezaron las obras, se desencadenó el descontento: en 2009 un grupo de vecinos retuvo a un ingeniero y a 14 trabajadores de seguridad de Hidralia, les quitaron las armas y les obligaron a firmar un papel comprometiéndose a dejar la zona. Pero la firma coruñesa siguió adelante y los incidentes fueron a más. El pasado 1 de mayo, tres vecinos que se oponían al proyecto fueron tiroteados por dos personas que los testigos identificaron como empleados de Hidralia, que siempre lo negó. Una de las víctimas del ataque murió y estallaron unos violentos altercados que, según los líderes indígenas, fueron provocados por encapuchados.

600 policías y militares tomaron Barillas. Las ONG denuncian que el municipio se convirtió en un infierno de abusos sexuales, detenciones arbitrarias y hostigamiento a niños para que desvelaran el paradero de sus padres. Los 11 vecinos detenidos pasaron ocho meses en prisión.

Los habitantes de Barillas votaron mayoritariamente contra el proyecto en una consulta popular realizada en 2008, un modelo de referendum de origen milenario que está amparado por diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La voluntad popular no logró parar la construcción de la explotación hidroeléctrica, que permitirá extraer del río y las cataratas de Cambalam una energía que en ningún caso abastecerá a Barillas, un territorio campesino de profundas raíces mayas donde la mitad de los hogares vive sin luz. “El Gobierno de Guatemala considera que el proyecto supone progreso, pero es un modelo que a la población de Barillas no le reporta ningún beneficio”, explica Víctor Barro, de Amigos da Terra. “Luchamos por nuestra economía local y por el planeta. En Europa ya saben los daños que genera este modelo económico”, remacha la activista guatemalteca Natalia Atz Sunuc.

Varias ONG han convocado esta mediodía una concentración de protesta en la sede coruñesa de Hidralia Energía, una firma administrada por la familia Castro Valdivia. A esta estirpe de empresarios pertenece Luis Castro Valdivia, uno de los selectos y afortunados gallegos en cuyos bolsillos cayeron las jugosas concesiones eólicas e hidroeléctricas que repartió discrecionalmente el Gobierno de Fraga durante años y que ahora se ha lanzado a explotar los ríos de América Latina.

CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se Juzgado de Primera Instancia del mañana el transporte en el que Barillas sufrió un atentado a Interamericana. Por esta razón se Sergio Vives, hasta el momento haciendo averiguaciones. informo por parte del Sistema Penitenciario al municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la se trasladaban los presos políticos del caso de la altura del kilometro 34 de la carretera cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado no se reportan heridos, aunque aun se están

Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se realizaría en el Juzgado de este municipio.

Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro Miguel.

Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y violaciones al debido proceso.

Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber tenido debido proceso.

También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa. Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.

Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.

Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.

El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro, intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos democráticos, su vida y su futuro.

Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la imposición del Estado de Sitio.

Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e injustas.

Con información de: Licenciado Sergio Vives

fuente : http://saraguate-selva.blogspot.com/2012/05/lideresa-comunitaria-da-declaraciones.html

Tod@s somos Santa Cruz Barillas.

Por la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio – Huehuetenango, 4 de mayo de 2012

Antecedentes

El 23 de junio del año 2007; se realizo la consulta comunitaria de buena fe donde 46, 479 personas rechazaron rotundamente la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en el territorio; únicamente 9 personas votaron a favor.

A pesar

Desde el 2009 en Santa Cruz Barillas entraron empresas hidroeléctricas interesadas al valor de la recarga hídrica del municipio. A partir de entonces, personas desconocidas, extranjeras, empezaron a medir caudales y terrenos cerca del río; abrieron una brecha ocasionando daños en los cultivos de los vecinos.

A los pocos meses apareció la empresa española ECONER-HIDRALIA, que posteriormente se reconvirtió en HIDROSANTACRUZ para promover la implementación del proyecto CAMBALAM.

A partir de ese entonces; las comunidades iniciaron un proceso asambleario y cabildeo político con las autoridades municipales donde determinaron que no querían ninguna relación con la empresa, de estas reuniones existen actas y documentos firmados, además de la documentación de la Consulta Comunitaria realizada en el 2007.

Las razones de su desacuerdo se basaban en el hecho de que en el río que circunda al área urbana existen tres cataratas en secuencia y estas son utilizadas por las comunidades como balneario, como centro de recreación y también como centro ceremonial; porque también es un lugar sagrado como parte de la espiritualidad del pueblo maya Q´anjob´al. También el agua le ha servido a la población para uso y siembra. Según este proyecto el agua se canalizaría dos kilómetros y medio; por lo tanto las cataratas se morirían y causaría impactos ambientales.

En un primer momento la empresa ofreció energía eléctrica a los pobladores del área, pero después se evidencio que la promesa era falsa porque la energía se iba a interconectar para la exportación. La empresa no tuvo más que e proponerle a las 19 comunidades Q 30.000 a cada una por año.

La estrategia fue entonces empezar a dividir las comunidades. La empresa emprendió persecución legal en contra de líderes comunitarios que se oponían a la hidroeléctrica o que se negaban a vender sus tierras;

La empresa empezó a comprar las tierras a la orillas del río; algunos vendieron pero otros no quisieron vender sus tierras; a finales del 2009 10 comunitarios fueron denunciados por la empresa por cargos de incitación, difamación y detención ilegal.

La municipalidad decidió escuchar las demandas de las comunidades y por medio de actas municipales se comprometió a rechazar la construcción de la hidroeléctrica; inmediatamente después la empresa presente una acción legal en contra de la municipalidad y el juzgado resolvió a favor de la empresa justificando que la municipalidad no tiene nada que decir en relación a la construcción por falta de reglamento de construcción municipal.

En Junio 2011 la empresa empezó a cercar la orilla del rio, empezó llegar gente armada, seguridad de la empresa que vino a alterar mas la dinámica comunitaria, al cerrar el paso a comunidades vecinas y trabajadores del campo; especialmente el acceso a las cataratas; la seguridad de la empresa asume una actitud de confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones.

En noviembre de 2011, después de agotar las denuncias pacificas de las comunidades ante las autoridades en relación a los abusos de la seguridad de la empresa; la población opto por expulsar a estos y a destruir parte del cerco.

En este momento empiezan a circular rumores de que existían 23 órdenes de captura contra líderes comunitarios que se oponían a la empresa lo que hizo aumentar la zozobra y el desconcierto a nivel de las comunidades.

En enero de 2012 se llevo a cabo una reunión con la participación de las nuevas autoridades y el representante de la empresa para abordar el problema y buscarle una solución viable; sin embargo 5 días después; de manera sorpresiva y sin previo conocimiento de los pobladores empiezan a llegar maquinaria pesada, para iniciar la construcción del proyecto; situación que provoco una reacción acelerada por parte de la población y remataron contra la maquinaria.

A pesar de las reiteradas invitaciones a la empresa de dejar Barillas la empresa siguió operando en la zona;

Los últimos hechos

Hace 15 días se escuchó una detonación, las personas fueron al lugar y encontraron un perro muerto que había activado una bomba artesanal donde estaba el cerco de la empresa.

La gente se alarmo y con sus autoridades fueron con la policía, con el ejercito, al juzgado de paz para verificar los hechos, hicieron la denuncia y le se documento la evidencia. Las autoridades hicieron la inspección y se responsabilizo a la empresa y los comunitarios nuevamente pidieron que se fuera de Barillas.

La semana pasada se inicia la feria titular de Barilla; en este contexto, tres comunitarios se dirigían del centro urbano hacia la comunidad de Santa Rosa, en el camino fueron alcanzados por un pikup de doble tracción y los individuos que estaban en el interior del carro les dispararon., matando a una persona e hiriendo dos. El fallecido Andrés Francisco Miguel y los heridos Pablo Antonio Pablo que fue herido en su brazo y en la cara y Esteban Bernabé.

Es importante señalar que el señor Pablo era un de los demandados por la empresa que se negó a vender su tierra, había recibido amenazas desde el 2010 del cual existe una denuncia en la PDH por persecución e intimidación de parte de la empresa.

Después de conocerse los hechos se reunieron 5000 personas en el parque se dirigieron al hotel La estancia en donde se hospedaban miembros de la seguridad de la empresa, pero no encontraron a nadie así que siguieron en el destacamento militar y exigieron al ejercito respuesta sobre la muerte del líder. Es de señalar que existía el rumor de que el ejército mantenía escondidos gente de la empresa, después se dio lo que ahora se conoce ampliamente por parte de los medios de comunicación.

En este momento

Se ha declarado el estado de Sitio y hasta el momento hay 12 detenidos, entre ellos 3 mujeres. Es importante enfatizar que uno de los detenidos es el señor Saul Méndez quien había puesto una denuncia en la PDH de Huehuetenango por las amenazas recibidas de parte de la empresa.

La información que está llegando hay cateo de casas, siguen las detenciones y existe una fuerte presencia de ejercito y policía. Según información de los vecinos la gente adinerada del pueblo; especialmente los aliados de la empresa son los que están entregando el listado para las detenciones y los mismos están entregando a la gente al ejercito para llevarlos al destacamento militar, tal como hacían los comisionado militares en el conflicto armando; BAJAN A LAS PERSONAS DE LOS BUSES, en las calles exigen documentación personal. Circulan rumores que las detenciones no responden a la lógica de dar con los responsables de los hechos si no más bien con una lista de líderes y personas involucrados en actos de resistencia contra los abusos de la empresa hidroeléctrica en el área.

Análisis preliminar

Por lo señalado podemos avanzar un análisis preliminar de los hechos con la intención de que cese la militarización del área y el Estado responda a través de una mayor comprensión de las causas subyacentes a lo que esta sucediendo en Santa Cruz:

– El problema en el área no es nuevo los hechos demuestran que desde hace tres años existen graves conflictos entre la empresa hidroeléctrica que pretende trabajar en el área y los vecinos.

– Estos conflictos son documentados por Actas comunitarias y varios documentos El Estado de Guatemala sigue dando concesiones y licencias a empresas extranjeras sin tomar en cuenta la palabra y la opinión de los pobladores que habitan esta zona violando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007.

– Las comunidades que viven en esta área resisten a la invasión de sus tierras y la privatización de sus recursos por parte de empresas extranjeras, especialmente si ven socavados sus derechos fundamentales, cual es el derecho al agua como bien vital para la existencia misma de las comunidades.

– El territorio es percibido por parte de las comunidades como ancestral y fuente de vida la tierra no es un bien vendible, sino representa la Madre Tierra que sustenta la existencia misma de la gente que la habita.

– Desde hace años en el área se venían dando demandas y amenazas por parte de la empresa a líderes comunitarios de los cuales uno fue asesinado y el otro gravemente herido.

– El Estado de Guatemala en lugar de perseguir la verdad de estos crímenes se dedica de manera irresponsable a militarizar el área y a detener personas de ilegalmente.

– Es necesario e impelente el esclarecimiento de los hechos y el fin de las acciones intimidatorias y represivas del Estado en el área, así como la tergiversación de los hechos por parte de la prensa y medios de comunicación.

 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN HUEHUETENANGO (ADH)