La Universidad de San Carlos ha sido una institución que se ha destacado en la historia de nuestro país, por el acompañamiento a las luchas sociales y por la denuncia de la desigualdad y propuestas de solución ante las problemáticas nacionales. Al ser la única universidad pública, ha estado a la vanguardia de la educación superior y su autonomía radica en la importancia que tiene en las distintas estructuras del Estado y por tanto su injerencia en la política guatemalteca.
Durante la época del Conflicto Armado Interno vivió la pérdida de grandes intelectuales y promotores del pensamiento revolucionario, que buscaban construir una sociedad justa y la redistribución equitativa de las riquezas de este país, formando un bloque de movimientos sociales que aglomeraba a estudiantes, maestros, obreros, sindicalistas, indígenas, mujeres, entre otros grupos sociales, que desde hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en desventaja ante los que poseen el poder político, económico, social de Guatemala. La firma de la paz significaba un “nuevo comienzo”, donde los problemas principales que motivaron la guerra no habían sido solucionados y la organización social, había sido uno de los elemento más reprimidos por el Estado.
La educación ha sido un elemento tan abandonado por los gobiernos de este país, que se ha vuelto una mercancía en la que se debe invertir grandes cantidades de dinero, para poder garantizar su calidad. Y cuya característica elemental, la gratuidad, tambalea año con año y la accesibilidad (en el caso de la USAC) está sujeta a una serie de desgastantes evaluaciones que no buscan solucionar la deficiencia de la educación en general en Guatemala, sino excluye y trunca el futuro de miles de jóvenes cuyas familias o ellos mismos no pueden costear educación privada.
Los primeros once años de este nuevo siglo, han significado para la universidad, un período de estancamiento científico y de conciencia social. Se ha dedicado a fortalecer la corrupción y a proyectarse en el futuro como universidad “prestigiosa”, pero con bases de cartón, pues no hay una real actualización docente, ambientes adecuados y equipados, buena utilización de recursos y del espacio, así como la consolidación de la educación como un proyecto mercantil. Es una institución que viola los derechos humanos, que sigue marginando a los sectores sociales históricamente excluidos y cuya transparencia en sus procesos políticos es muy cuestionable.
La defensa de la Autonomía Universitaria implica que la Universidad sea una institución ajena de intervenciones políticas y manipulaciones de los distintos grupos de poder que se encuentran alrededor de ésta, que son las mismas estructuras paralelas que rodean al Estado; determina que las decisiones que se tomen por su gobierno, se rijan por los principios democráticos en condiciones de igualdad y respeto, de quienes forman el espectro universitario y damos vida a este espacio académico.
La educación superior como un derecho humano irrestricto, implica que la Universidad estatal, se desarrolle en condiciones de gratuidad, para el beneficio de la sociedad en su conjunto sin discriminación alguna, para que las grandes mayorías puedan acceder a la misma y contribuir al desarrollo equitativo y justo de toda la población.
Los Estudiantes Por la Autonomía (EPA) conscientes de la tendencia neoliberal, que la Universidad Pública ha venido llevando, hemos resistido mediante medidas de hecho y
acciones propositivas para generar transformaciones profundas que la USAC, nuestra alma mater necesita.
De tal forma, uno de los avances a favor de la universidad pública, popular, crítica y científica producto de los acuerdos firmados entre el Consejo Superior Universitario (CSU) y EPA, tras la toma de cincuenta y cuatro días el año pasado, la mesa de restitución de derechos concluyó hace varios meses en un texto que busca reformar la Ley Orgánica de la Universidad, en lo que respecta a subsanar las desigualdades dentro de las juntas directivas, de las unidades académicas facultativas.
Esta estructura busca ser más democrática y congruente con el principio de representatividad constitucional; las reformas más notables son:
1. Equiparación temporal del periodo de función (2 años) a todos los representantes según establece la constitución política de la república (docentes, profesionales y estudiantes).
2. Los docentes, ya no votarán como profesionales, generando así una condición de igualdad entre los representantes, al tener todos un solo voto (situación que regirá a todas las unidades académicas facultativas y no facultativas).
3. Desaparecen los cuerpos colegiados de elección en estudiantes y profesionales, y se sustituyen por voto directo, para los tres sectores (estudiantes, profesionales y docentes).
4. Se elimina la figura de secretario académico, por la figura de Vicedecano, quien fungirá como decano en caso de ausencia de éste, desapareciendo por lo tanto las atribuciones del Vocal I, al respecto.
5. Se elige por planilla única a Decano y Vicedecano por un periodo de 4 años.
Siendo entonces la nueva estructura de la Juntas Directivas de las unidades académicas facultativas la siguiente:
Nos vemos ante estas y otras problemáticas, como estudiantes universitarios (y parte de una misma sociedad), en la necesidad de organizarnos y exigir una reforma universitaria profunda e integral, que realmente se deba al pueblo (que la sostiene) y que no le vete educación a nadie, sino busque alternativas para concientizar a la población guatemalteca de la importancia de la educación para un verdadero desarrollo.
Otro de los avances, según el acuerdo logrado entre el CSU y EPA que es parte de un proceso de reforma permanente y busca poner una contra-tendencia al neoliberalismo en la educación superior pública, es la conformación de una comisión multisectorial que genere las bases y metodología de un amplio y profundo proceso de reforma universitaria.
Hay que tomar en cuenta que la sociedad es dinámica y las estructuras sociales son cambiantes y sujetas a sus contextos histórico-sociales, por lo que ya es necesario analizar y repensar también las estructuras que forman la universidad, como su sistema de gobierno, la transparencia en su sistema financiero, entre otros.
Esta reforma debe partir de nuestra realidad, constituirse en un espacio plural y que priorice la democracia participativa, que visibilice a los pueblos indígenas, a las mujeres, trabajadores y todos los que hacemos vida universitaria, retomando el vínculo con la sociedad y creando propuestas de solución ante las problemáticas que se presentan.
Las y los estudiantes dejamos planteada la necesidad de impulsar un proceso de reforma, cuyo inicio debía ser impulsado por una comisión multisectorial para la elaboración de la metodología y bases del proceso de reforma universitaria que debía componerse de la siguiente manera: tres representantes del Consejo Superior Universitario, uno de los cuales deberá pertenecer al sector estudiantil; tres del colectivo Estudiantes por la Autonomía (EPA); tres docentes, tres profesionales. En esta comisión podrán participar, de igual número, representantes de sectores universitarios legalmente constituidos, que así lo solicitaron, ante la Secretaría General en octubre de 2010.
Esta comisión también tiene como tarea, realizar un diagnóstico institucional sobre la problemática en general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tomando en cuenta lo relativo a los exámenes de ubicación y el plan de repitencia estudiantil. En la actualidad esta comisión está organizada por 54 sectores cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea General de la comisión y posee una coordinadora, con sus distintas comisiones de trabajo.
Esto significa un nuevo momento para la historia de nuestra universidad, que permita una educación de calidad, con accesibilidad para toda la población, creación de conocimiento crítico, nuevas formas de aprendizaje y que como universitarias y universitarios podamos incidir en el desarrollo del país, priorizando las necesidades de la población marginada y siendo profesionales capaces de articular la teoría con la realidad social, a través de la práctica.
Por todo lo anterior, el colectivo de Estudiantes Por la Autonomía (EPA), convoca a todas y todos los miembros de la comunidad universitaria a:
* Conocer el proceso de reforma integral
Y a toda la sociedad guatemalteca a:
* Exigir junto con nosotros el día 21 de septiembre frente a rectoría de la USAC en un plantón pacífico, la aprobación de la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la universidad, que será el inicio real del proceso de reforma integral, para la construcción de una universidad pública, gratuita, popular, crítica, científica y laica para toda la sociedad guatemalteca.
Guatemala, 13 de septiembre de 2011.
