Guatemala.- (ESP) CMI denuncia ataques en su contra tras cobertura en Alta Verapaz. (ENG) CMI reports attacks after coverage in Alta Verapaz. (POR) CMI denuncia ataques en su contra tras cobertura en Alta Verapaz.
viernes, septiembre 5th, 2014http://cmiguate.org/cmi-denuncia-ataques-en-su-contra-tras-cobertura-en-alta-verapaz/
Guatemala, 29 de agosto de 2014
Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos(1). En esa acción fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.
En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos(2).
En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos (3) y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.
Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas y durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) se le acosó. También se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine del documental “La Propuesta Impuesta”. Durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.
Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno (4). Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.
El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley 48435 (5) presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.
Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques. Manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público. Y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos.
Sin estas garantías es imposible una democracia real.
Ver version completa en español, inglés y portugués en este enlace
(1) La intensidad del ataque puede ser visualizada en la gráfica que se muestra en http://cmiguate.org/ataque-ddos 
(2) Esta información se encuentra publicada en http://cmiguate.org/monte-olivo-o-monte-olvido-2-anos-de-represion/
(3) http://cmiguate.org/gobernacion-pretende-ocupacion-del-pueblo-qeqchi/ y http://cmiguate.org/author/12armadillogmail-com/
(4) Como ejemplo, ver los titulares de http://www.prensalibre.com/alta_verapaz/alta_verapaz-bloqueos-carreteras… y http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=7461:resca…
(5) http://www.congreso.gob.gt/manager/images/57BA1187-DED9-541A-4AC2-1C6A65…
Otros casos relacionados y textos informativos
No es la primera amenaza que recibe el Centro de Medios Independientes (CMI-G). Junto con otros periodistas y comunicadores, recibieron agresiones de parte de personeros de la minera Exmingua. El caso lo ganó el CMI-G junto los otros comunicadores. Vea el caso en este enlace
Y también los periodistas independientes, como el caso del fotógrafo César Chacón, detenido y acosado hace algunos meses.
La comunicadora Francisca Gómez Grijalva recibió una demanda de parte de Cementos Progreso por los comentarios que hizo en una columna publicada por Prensa Libre. El caso continúa y en estos momentos se llevó a la Corte Constitucionalidad.
Para saber más sobre los riesgos del periodismo en Guatemala, puede revisar esta entrevista, esta otra a Frank LaRue , y esta nota hechas por Bill Barreto de Plaza Pública.
Guatemala. 29th of August, 2014
From the beginning of a coverage that a team belonging to the Independent Media Center in Guatemala (CMI-G) made on the most recent evictions in the department of Alta Verapaz, completed by agents the National Civil Police, army and some civilians who were accompanying the operative irregularly, a string of attacks started against CMI-G; among these are the attacks against our web page and server, which impeded our immediate publication of the information that was gathered during the occurrences in Alta Verapaz. 1 [1] In this joint operative more than a hundred families were displaced, while five community leaders were arrested and three farmers were killed, in incidents which so far has not been cleared up.
In the Verapaz region, in the north of the country, there are strong interests related to hydroelectric megaprojects, petroleum extraction and mining, in addition to interest related to monocultures used in the production of bio fuel.2 [2]
In this context, during night on the 23th of August, a person (we avoid the name for safety reasons) who lives in the same house as the reporters whom realized the coverage on the mentioned eviction, where abducted. The person was retained for several hours, threatened, beaten and harassed. Along with the beating, direct threats against the reporter Gustavo Illescas and CMIs work were realized. Gustavo Illescas is author of the articles about the recent evictions. There has been delivered a complaint to the police after this crime.
The recent attacks are not the first. The collective Emancipa Producciones, part of CMI, was victim of persecution after covering the protests and mobilizations of the teacher students, and was further harassed during coverage of the installation of the hydro electrical plant Saqja’ (Purulhá), while it also was intended to impede the projection of the documentary “La Propuesta Impuesta” during a film festival. In addition, during several coverage’s of the anti-mining resistance in “La Puya”, San José del Golfo, CMI experienced intimidations, threats, and intents of censure, events that was later brought to court. The legal process, interposed by CMI and other external alternative reporters, resulted in a sentence against personel from the mining company Exmingua.
The attacks have coincided in time with recent cases of evictions and repression against communities and social movements made by public forces; cases where the conventional press have given little or no attention, or have repeated governmental biased discourses.3 [3] Nor was the CMI-G the only attacked. Ricard Busquets, communicator from Comite de Unidad Campesina(CUC), has been criminalized and harassed on several occasions; Francisca Gómez Grijalva was sought put on trial for a column opinion where she critiqued the abuse of power by Cementos Progreso, between other cases.
CMI-G believes that the attacks are of great concern and indicate a rising trend since the beginning of this government. The statements coming from the Minister of Government about a possible regulation of critical content in social networks, and law proposal 4843, presented by the political party LIDER, represent an attempt to create a legal framework that serves to accuse social communicators that address certain topics of espionage, terrorism and other offenses social communicators addressing certain issues. These measures seek to provoke self-censorship, and promote misinformation among civil society and isolation of communities in the actual scenario of greater conflict and repression.
As a result of the foregoing, we publicly condemn these attacks; and we express our solidarity with the people and the collectives suffering repression, persecution and censorship from the government. We demand a prompt and effective investigation of the Public Ministry; and from the government we demand respect for the right to freedom of expression and free dissemination of ideas, and to respect the physical integrity and work of all people who document and report events that undermine dignity and human rights. Without these guarantees real democracy is imposible.
Guatemala, 29 de agosto de 2014
Desde o inicio da cobertura realizada por uma equipe do Centro de Mídias Independentes da Guatemala (CMI-G) sobre os recentes desalojamentos no departamento Alta Verapaz, realizado por agentes da Polícia Nacional Civil, exército e alguns civis que irregularmente acompanhavam a operação, iniciou-se uma série de ataques, entre eles, ataque informático, que impediu a publicação imediata das informações coletadas durante os acontecimentos. [1]Nessa ação, foram deslocadas mais de cem famílias, foram capturados cinco líderes comunitários e três camponeses foram assassinados, de forma ainda não esclarecida.
Há nessa região do norte do país, fortes interesses devido a megaprojetos hidroelétricos; extração de petróleo e mineração; também por mono-cultivos para produzir agrocombustível e outros produtos. [2]
Nesse contexto, na noite de 23 de agosto aconteceu o sequestro de uma pessoa (por segurança omitimos seu nome) que vive na mesma moradia dos repórteres que cobriram os desalojamentos mencionados, a qual for retida por várias horas, sofreu ameaças, apanhou e foi humilhada. Além do espancamento, foram realizadas ameaças diretas contra Gustavo Illescas, autor dos artigos sobre os desalojamentos e ao trabalho do CMI-G. Por essa ação, há duas denúncias submetidas no Ministério Público.
Esses ataques não foram os primeiros. O coletivo ‘Emancipa Producciones’, parte do CMI, sofreu perseguições na cobertura das mobilizações normalistas*, igualmente foram perseguidos durante a realização de uma reportagem sobre a instalação da hidroelétrica Saqja’ (Purulhá) e tentaram impedir a projeção em um festival de cinema, do documentário “A Proposta Imposta”. Além disso, durantes as diferentes coberturas da resistência anti-mineração em ‘La Puya’, San José del Golfo, foram feitas intimidações, ameaças e tentativas de censura, que no momento foram denunciadas nos tribunais. Esse processo judicial -feito com outros meios de comunicação alternativos- teve como resultado a condenação de representantes da mineração Exmingua.
As agressões se coincidem com desalojamentos ou repressão a comunidades e movimentos sociais, feito pelas forças públicas, e os grandes meios de comunicação dão pouca ou nenhuma cobertura, ou repetem de maneira tendenciosa o discurso do governo. [3] O CMI-G não foi o único atacado. Ricard Busquets, comunicador do Comitê de Unidade Camponesa (CUC), tem sido criminalizado e perseguido em várias ocasiões; Francisca Gómes Grijalva será levada a juízo por uma coluna de opinião onde demonstra o abuso de poder em ‘Cementos Progresso’, entre outros casos.
O CMI-G considera que estes ataques são preocupantes e indicam uma tendência em crescimento desde o início desse governo. As declarações do Ministro de Gobernación* sobre tentar regular os conteúdos críticos postados em redes sociais e a iniciativa de lei 4843 apresentada pelo partido LIDER, representam a tentativa de criação de um marco legal que sirva para acusar de espionagem, terrorismo e outros crimes as pessoas comunicadoras sociais que abordem certos assuntos. Essas medidas buscam provocar a autocensura e promover a desinformação e o isolamentos das comunidades diante de um cenário de mais conflitos e repressão.
Como resultado do exposto, denunciamos publicamente esses ataque; e manifestamos nossa solidariedade as pessoas e coletivos que sofrem repressão, perseguição e censura governamental. Exigimos uma investigação agora e efetiva ao Ministério Público; e ao governo, que respeite o direito a livre expressão e emissão de pensamento, respeitando a integridade física e o trabalho de todas as pessoas que documentam e informam fatos que atentem contra a dignidade e os direitos humanos. Sem essas garantias é impossível uma democracia real.