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Guatemala.- (ESP) CMI denuncia ataques en su contra tras cobertura en Alta Verapaz. (ENG) CMI reports attacks after coverage in Alta Verapaz. (POR) CMI denuncia ataques en su contra tras cobertura en Alta Verapaz.

viernes, septiembre 5th, 2014

http://cmiguate.org/cmi-denuncia-ataques-en-su-contra-tras-cobertura-en-alta-verapaz/

ataque ddos cmi guatemala

Guatemala, 29 de agosto de 2014

Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos(1). En esa acción fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos(2).

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos (3) y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas y durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) se le acosó. También se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine del documental “La Propuesta Impuesta”. Durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno (4). Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley 48435 (5) presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques. Manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público. Y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos.

Sin estas garantías es imposible una democracia real.

Ver version completa en español, inglés y portugués en este enlace

(1) La intensidad del ataque puede ser visualizada en la gráfica que se muestra en http://cmiguate.org/ataque-ddos Left arrow with hook

(2) Esta información se encuentra publicada en http://cmiguate.org/monte-olivo-o-monte-olvido-2-anos-de-represion/ Left arrow with hook

(3) http://cmiguate.org/gobernacion-pretende-ocupacion-del-pueblo-qeqchi/ y http://cmiguate.org/author/12armadillogmail-com/ Left arrow with hook

(4) Como ejemplo, ver los titulares de http://www.prensalibre.com/alta_verapaz/alta_verapaz-bloqueos-carreteras… y http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=7461:resca… Left arrow with hook

(5) http://www.congreso.gob.gt/manager/images/57BA1187-DED9-541A-4AC2-1C6A65… Left arrow with hook

Otros casos relacionados y textos informativos

No es la primera amenaza que recibe el Centro de Medios Independientes (CMI-G). Junto con otros periodistas y comunicadores, recibieron agresiones de parte de personeros de la minera Exmingua. El caso lo ganó el CMI-G junto los otros comunicadores. Vea el caso en este enlace

Y también los periodistas independientes, como el caso del fotógrafo César Chacón, detenido y acosado hace algunos meses.

La comunicadora Francisca Gómez Grijalva recibió una demanda de parte de Cementos Progreso por los comentarios que hizo en una columna publicada por Prensa Libre. El caso continúa y en estos momentos se llevó a la Corte Constitucionalidad.

Para saber más sobre los riesgos del periodismo en Guatemala, puede revisar esta entrevista, esta otra a Frank LaRue , y esta nota hechas por Bill Barreto de Plaza Pública.


Guatemala. 29th of August, 2014

From the beginning of a coverage that a team belonging to the Independent Media Center in Guatemala (CMI-G) made on the most recent evictions in the department of Alta Verapaz, completed ​​by agents the National Civil Police, army and some civilians who were accompanying the operative irregularly, a string of attacks started against CMI-G; among these are the attacks against our web page and server, which impeded our immediate publication of the information that was gathered during the occurrences in Alta Verapaz. 1 [1] In this joint operative more than a hundred families were displaced, while five community leaders were arrested and three farmers were killed, in incidents which so far has not been cleared up.

In the Verapaz region, in the north of the country, there are strong interests related to hydroelectric megaprojects, petroleum extraction and mining, in addition to interest related to monocultures used in the production of bio fuel.2 [2]

In this context, during night on the 23th of August, a person (we avoid the name for safety reasons) who lives in the same house as the reporters whom realized the coverage on the mentioned eviction, where abducted. The person was retained for several hours, threatened, beaten and harassed. Along with the beating, direct threats against the reporter Gustavo Illescas and CMIs work were realized. Gustavo Illescas is author of the articles about the recent evictions. There has been delivered a complaint to the police after this crime.

The recent attacks are not the first. The collective Emancipa Producciones, part of CMI, was victim of persecution after covering the protests and mobilizations of the teacher students, and was further harassed during coverage of the installation of the hydro electrical plant Saqja’ (Purulhá), while it also was intended to impede the projection of the documentary “La Propuesta Impuesta” during a film festival. In addition, during several coverage’s of the anti-mining resistance in “La Puya”, San José del Golfo, CMI experienced intimidations, threats, and intents of censure, events that was later brought to court. The legal process, interposed by CMI and other external alternative reporters, resulted in a sentence against personel from the mining company Exmingua.

The attacks have coincided in time with recent cases of evictions and repression against communities and social movements made ​​by public forces; cases where the conventional press have given little or no attention, or have repeated governmental biased discourses.3 [3] Nor was the CMI-G the only attacked. Ricard Busquets, communicator from Comite de Unidad Campesina(CUC), has been criminalized and harassed on several occasions; Francisca Gómez Grijalva was sought put on trial for a column opinion where she critiqued the abuse of power by Cementos Progreso, between other cases.

CMI-G believes that the attacks are of great concern and indicate a rising trend since the beginning of this government. The statements coming from the Minister of Government about a possible regulation of critical content in social networks, and law proposal 4843, presented by the political party LIDER, represent an attempt to create a legal framework that serves to accuse social communicators that address certain topics of espionage, terrorism and other offenses social communicators addressing certain issues. These measures seek to provoke self-censorship, and promote misinformation among civil society and isolation of communities in the actual scenario of greater conflict and repression.

As a result of the foregoing, we publicly condemn these attacks; and we express our solidarity with the people and the collectives suffering repression, persecution and censorship from the government. We demand a prompt and effective investigation of the Public Ministry; and from the government we demand respect for the right to freedom of expression and free dissemination of ideas, and to respect the physical integrity and work of all people who document and report events that undermine dignity and human rights. Without these guarantees real democracy is imposible.


Guatemala, 29 de agosto de 2014

Desde o inicio da cobertura realizada por uma equipe do Centro de Mídias Independentes da Guatemala (CMI-G) sobre os recentes desalojamentos no departamento Alta Verapaz, realizado por agentes da Polícia Nacional Civil, exército e alguns civis que irregularmente acompanhavam a operação, iniciou-se uma série de ataques, entre eles, ataque informático, que impediu a publicação imediata das informações coletadas durante os acontecimentos. [1]Nessa ação, foram deslocadas mais de cem famílias, foram capturados cinco líderes comunitários e três camponeses foram assassinados, de forma ainda não esclarecida.

Há nessa região do norte do país, fortes interesses devido a megaprojetos hidroelétricos; extração de petróleo e mineração; também por mono-cultivos para produzir agrocombustível e outros produtos. [2]

Nesse contexto, na noite de 23 de agosto aconteceu o sequestro de uma pessoa (por segurança omitimos seu nome) que vive na mesma moradia dos repórteres que cobriram os desalojamentos mencionados, a qual for retida por várias horas, sofreu ameaças, apanhou e foi humilhada. Além do espancamento, foram realizadas ameaças diretas contra Gustavo Illescas, autor dos artigos sobre os desalojamentos e ao trabalho do CMI-G. Por essa ação, há duas denúncias submetidas no Ministério Público.

Esses ataques não foram os primeiros. O coletivo ‘Emancipa Producciones’, parte do CMI, sofreu perseguições na cobertura das mobilizações normalistas*, igualmente foram perseguidos durante a realização de uma reportagem sobre a instalação da hidroelétrica Saqja’ (Purulhá) e tentaram impedir a projeção em um festival de cinema, do documentário “A Proposta Imposta”. Além disso, durantes as diferentes coberturas da resistência anti-mineração em ‘La Puya’, San José del Golfo, foram feitas intimidações, ameaças e tentativas de censura, que no momento foram denunciadas nos tribunais. Esse processo judicial -feito com outros meios de comunicação alternativos- teve como resultado a condenação de representantes da mineração Exmingua.

As agressões se coincidem com desalojamentos ou repressão a comunidades e movimentos sociais, feito pelas forças públicas, e os grandes meios de comunicação dão pouca ou nenhuma cobertura, ou repetem de maneira tendenciosa o discurso do governo. [3] O CMI-G não foi o único atacado. Ricard Busquets, comunicador do Comitê de Unidade Camponesa (CUC), tem sido criminalizado e perseguido em várias ocasiões; Francisca Gómes Grijalva será levada a juízo por uma coluna de opinião onde demonstra o abuso de poder em ‘Cementos Progresso’, entre outros casos.

O CMI-G considera que estes ataques são preocupantes e indicam uma tendência em crescimento desde o início desse governo. As declarações do Ministro de Gobernación* sobre tentar regular os conteúdos críticos postados em redes sociais e a iniciativa de lei 4843 apresentada pelo partido LIDER, representam a tentativa de criação de um marco legal que sirva para acusar de espionagem, terrorismo e outros crimes as pessoas comunicadoras sociais que abordem certos assuntos. Essas medidas buscam provocar a autocensura e promover a desinformação e o isolamentos das comunidades diante de um cenário de mais conflitos e repressão.

Como resultado do exposto, denunciamos publicamente esses ataque; e manifestamos nossa solidariedade as pessoas e coletivos que sofrem repressão, perseguição e censura governamental. Exigimos uma investigação agora e efetiva ao Ministério Público; e ao governo, que respeite o direito a livre expressão e emissão de pensamento, respeitando a integridade física e o trabalho de todas as pessoas que documentam e informam fatos que atentem contra a dignidade e os direitos humanos. Sem essas garantias é impossível uma democracia real.

 

Este 30 de Junio la Marcha de la Memoria se Traslada a San Juan Sacatepéquez

viernes, junio 29th, 2012

http://hijosguate.blogspot.com/2012/06/este-30-de-junio-la-marcha-de-la.html

La Marcha de la Memoria, realizada en el centro histórico de la ciudad capital desde el año 2008, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado guatemalteco, se traslada a San Juan Sacatepéquez.

Después de una lucha de muchos años y gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas de la represión, en el año 2008 se logró cancelar el Desfile Militar que celebraba todos los 30s de junio, “El día del Ejército”.
En su lugar y de manera simbólica, organizaciones sociales y personas que perdieron familiares a manos del ejército y de grupos paramilitares, nombraron el 30 de junio como El día nacional de nuestros héroes y mártires. Así dio inicio a la Marcha y el Festival de la Memoria, en homenaje a la vida de los mas de 45000 detenidos-desaparecidos y desaparecidas, en homenaje a las miles de víctimas de mas de 626 masacres, y de las 440 aldeas exterminadas, así como de las miles y miles de víctimas de estos y otros aberrantes crímenes que jamás han sido denunciados y que siguen en el anonimato de su entrega.

El traslado de estas celebraciones a San Juan Sacatepéquez, se da como un acto de solidaridad con las 12 Comunidades K´akchiqueles que rechazan la apertura de la brigada Militar “Héctor Alejandro Gramajo”, nombre de quien fuera el Jefe de la Direccion de Operaciones (D-3), del Estado Mayor de la Defensa, del gobierno de-facto del general Efrain Rios Montt.

Este año la Marcha de la Memoria se realiza en un cotexto en el cual, desde el Gobierno del General Otto Perez Molina, se impulsan las mas claras politicas de olvido y de impunidad, negando el genocidio cometido por su ejercito, cerrando la Direccion de los Archivos de la Paz, imponiendo la Brigada Militar “Hector Alejandro Gramajo” y planteando reformas constitucionales en las que pretende imponer en la “seguridad ciudadana”, a un ejército adoctrinado para la Contra Insurgencia y con conocidos vinculos al Crimen Organizado.

Estas políticas pretenden mantener en el olvido y la impunidad a los perpetradores del genocidio y asignarles un papel preponderante en temas de seguridad publica, en un contexto de acelerados procesos organizativos y de resistencia en defensa de los territorios indigenas y campesinos amenazados por los megaproyectos.

Por ello el llamado es a participar en este acto de memoria, para celebrar la vida, para desmilitarizar nuestras mentes, cuerpos y territorios y para reafirmar nuestra lucha contra la impunidad. Para contribuir con el legado de miles de hombres y mujeres que nos señalaron el camino a la Dignidad y la justicia.
PROGRAMA.
Punto de Reunion: Parque Morazan, Zona 2.
Hora: 06:00 AM
Actividades. Musica, Poesia, Teatro, comparsa y palabras de las comunidades.
CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Tomo II.

Este 30 de junio sumate a las flores en Resistencia

domingo, junio 17th, 2012
 
 
este 30 de Junio la marcha de la Memoria se Traslada a San Juan Sacatepequez para desde el Parque Acompañar a las 12 Comunidades K´akchiqueles en su rechazo a la apertura a la brigada del Criminal de Guerra “Héctor Alejandro Gramajo”
 
http://hijosguate.blogspot.com/2012/06/este-30-de-junio-sumate-llas-flores-en.html

Flores de Resistencia, Guatemala

viernes, junio 8th, 2012

http://hijosguate.blogspot.com/2012/06/flores-de-resistencia.html

La Resistencia sostenida de los kaqchiqueles en San Juan Sacatepéquez, en contra de la imposición de una planta Cementera de la familia Novella y su socio comercial  la Empresa Suiza de Cementos Holcim,  tendrá que enfrentar este 30 de Junio la instalación de una Brigada Militar consistente en 500 militares  en la Escuela Politécnica.

 

La brigada denominada con el nombre del criminal de Guerra “Héctor Alejandro Gramajo”  fue anunciada por el Militar Pérez Molina luego que supuestos grupos de seguridad vapulearan a cuatro personas, pero para los miembros de la resistencia la brigada militar será el instrumento de la empresa cementera y la reserva de personal militar que garantizara el control y terror frente a la lucha contra el mega-proyecto.

 

Las comunidades de San Juan Sacatepequez manifestaron su rechazo a la construcción de dicha cementera durante la consulta comunitaria realizada en mayo del 2007 en 12 comunidades:  8,936 personas votaron en contra y 4 votos a favor.

 

La fábrica de cementos “Progreso”  será construida en la antigua finca San José Ocaña, comunidad Santa Fe Ocaña, San Antonio las Trojes I y II en donde será instalada la cantera, para la producción de 4500 toneladas de Clinker y 6000 de cemento por día.

 

Las agresiones  por empleados de la empresa cementera son recurrentes sin que hasta la fecha se actué por las autoridades, ahora el Militar Molina anuncia el despliegue de 500 militares por supuestas agresiones de grupos de “seguridad”.

ESTE 30 DE JUNIO 2012

SAN JUAN NOS ESPERA.

y allí estaremos….!!!!

 

NO MAS CRIMINALIZACIÓN Y MILITARIZACIÓN DEL TERRITORIO

RESPETO A LAS CONSULTAS POPULARES Y AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.

Esta tierra es nuestra !!

lunes, diciembre 5th, 2011

Fuente : http://fraukedecoodt.wordpress.com/2011/11/29/esta-tierra-es-nuestra/

Una historia de robo de tierra a través de violencia y leyes

“Esta tierra es nuestra, no del Estado, es nuestra como pueblos indígenas”, fue lo que dijo Lorena Sánchez, una indígena de 20 años, cuando el 3 de mayo de 2011 se presentó en Tzalbal un ingeniero del Fondo de Tierras. El funcionario de esta institución estatal, que supuestamente facilita el acceso a la tierra, había acudido a este municipio del noroeste de Guatemala para decir a sus habitantes que la tierra en la que vivían desde siempre era un “Bien de la Nación”.

Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.

El genocidio de la población maya-ixil

Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecían al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.

La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio) el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996 más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas más del 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.

Una población desplazada de sus tierras

No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.

Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.

Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios mientras el 87% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.

Una asamblea para informar al pueblo

Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.

Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.

La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.

Los leyes de la guerra

El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.

Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.

Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años ’80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.

Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.

Como muchas otras aldeas Tzalbal, se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.

En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.

El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.

La historia se repite, la historia continua

Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.

Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.

La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.

Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.

Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.

Todos unidos: ¡la lucha sigue!

Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.

Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.

Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.

Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.