Video Documental (17 min.) desde La Puya en San José Del Golfo tras el constante hostigamiento, violencia y amenazas de la empresa minera Exmingua, subsidiaria de la canadiense Radious Gold Group en asociación a la estadounidense KCA.
http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/11/grupos-de-choque-empleados-por-la-mina.html
“…Les arrancaremos las manos…” eran algunas de las amenazas que esta mañana los empleados de la Mina El Tambor proferían en contra de la población y periodistas que pacíficamente se mantienen frente a la entrada de la mina el Tambor.
En un verdadero acto de valentía, las mujeres permanecían agarradas de las manos mientras soportaban los insultos; una de ellas expreso “…ya casi dos semanas hemos aguantado, nos han tirado golpes, agua a la cara, insultos, pero eso no importa. Aquí lo indignante es que nadie actúa, ni la Policía ni nadie, pero si nosotros le levantamos la voz a un minero, rápido actúa la policía, rápido mandan al ejército, pero aquí el descaro es que un militar actúa en contra de nosotras y no pasa Nada…”
El lunes pasado “La Puya” recibió la visita de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes no estuvieron ajenos a las agresiones verbalmente e insultos por parte del personal de la empresa minera ahora imaginen ustedes lo que esta gente están dispuesta hacernos concluyo la lideresa.
Para mañana los minero no se reprimen en decir que continuaran las agresiones, la Resistencia hace un llamado a sumarse a la lucha para detener las agresiones y la minería que polariza y confronta a una comunidad históricamente pacifica.
Pablo Silas Orozco (ex-teniente del ejército de Guatemala) personero de la empresa Kappes, Cassiday & Associates -«KCA» — Exmingua S.A amenazo en reiteradas ocasiones a los comunicadores y la PRENSA que se encontraba cubriendo en La Puya. Varias veces lanzo amenazas de muerte en contra de los comunicadores.
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En la Puya se encuentran nuestros compañeros comunicadores realizando su trabajo, miembros del Centro de Medios Independientes del CUC, WAQIB KEJ Y CPR URBANA están amenazándoles la vida, de muerte, diciéndoles que “les van a sacar la mierda” les amenazan con lincharlos, que les van a cortar las manos para que no sigan tomando imágenes y que si siguen ahí entonces van a violentar a la gente y a ingresar por la fuerza. “violan el libre derecho de información al agredir física y verbalmente a los comunicadores que estamos presentes en La Puya. Las amenazas llegaron incluso a ser de muerte y linchamiento si no nos retiramos de lugar.”
Esto es por parte de trabajadores de la empresa la empresa Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. Utilizan el mismo discurso de criminalización del poder acusándolos de “comunistas”, también hicieron referencia y amenazas al compañero de UDEFEGUA Antonio Catalán con sus nombre y organización, aún cuando éste no está presente diciendo que el organiza a la gente. También golpearon en la cara a una líder comunitaria y a otro comunitario lo agarraron ente varios para golpearlo.
Alertamos de que está a punto de ocurrir una tragedia ocasionada por dicha empresa, que en este momento está representada en el lugar por el militar Pablo Silas Orozco. Esto es claramente una muestra de la impunidad que existe en Guatemala donde una empresa puede actuar delictivamente, amenazar y contar con el respaldo gubernamental.
Paradójicamente mientras esto ocurre en un hotel de la capital, se encuentra Roxana Baldetti; Francisco Dall’Anese, jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscal General, Claudia Paz y Paz en una actividad de la red IFEX ALC en la presentación anual de un informe sobre Impunidad en donde se habla de agresiones contra la libertad de expresión.
Denunciamos la violación a nuestros derechos como ciudadanos y comunicadorxs independientes a informar, comunicar y expresarnos libremente. Exigimos y alertamos nuevamente a las autoridades gubernamentales, Ministerio Público y Procuraduría de Derechos Humanos a investigar y resolver los problemas que está ocasionando esta empresa, ante todas luces bajo la impunidad, falta de acción gubernamental y respaldo abierto, pues han desplegado cada vez que han podido las fuerzas del Estado en contra de la población.
Hacemos un llamado a las redes de periodistas independientes y éticos que informan a favor del pueblo, a las organizaciones, a la opinión nacional e internacional a pronunciarse para evitar más violencia, más sangre y más injusticias en contra el pueblo de Guatemala.
http://fraukedecoodt.wordpress.com/2012/07/15/dividir-y-vencer/
Con regalos, dinero y violencia, la minera canadiense Goldcorp ha divido a las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahaucán, en Guatemala. El inicio de los trabajos en la Mina Marlin ha causado mucho daño. No solamente ambiental. El proyecto minero también ha impactado en la cohesión social de las comunidades y en su relación cultural con la tierra.
Doña Deodora solamente tiene un ojo. El otro lo perdió una noche de 2010 cuando vecinos y trabajadores de la empresa minera le dispararon frente a su casa. No había sido la primera vez. Años atrás, una autoridad local la amenazó con un machete sobre su cuello. Si no la hirió fue porque Doña Deodora tenía a su hija pequeña en sus brazos.
Doña Deodora cuenta su historia en un castellano vacilante, mezclado con el Mam, su idioma nativo. Esta mujer indígena tiene 58 años y una apariencia frágil y humilde. Sobrevive pastoreando animales en sus tierras. San Miguel, una comunidad del municipio San Miguel Ixtahaucán, en el departamento San Marcos, cerca de México, siempre ha sido una región aislada en las montañas. Sus habitantes originarios viven principalmente de la agricultura de subsistencia y de trabajos temporales en las fincas cafetaleras de la costa. Pero en 1996, el mismo año en que se firmaban los Acuerdos de Paz[1], la minera canadiense Goldcorp puso sus ojos sobre sus tierras. En 2005, a través de su filial Montana Exploradora, empezó a explotar oro y plata en la Mina Marlin.
A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia. Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.
La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando lideres, gente para dividir y romper la lucha.”
San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad indígena, “pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias. La empresa llegó engañando”.
Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a las autoridades locales para ganar su apoyo.
El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión. La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan posibilidades”.
Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.
“La empresa no esta aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[2], fuerza impulsora de la resistencia contra la mina.“Está aquí para hacer ganancias”. En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son públicos. Noe Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para la mina. La empresa esta generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos igual. Beneficio general no hay”.
Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones nacionales e internacionales[3]. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010 la CIDH[4] ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.
“Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería, empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de Bamacá, fueron aterrorizados.
“Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo Yuc. Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.
Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos? El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia identidad”.
No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra. Las palabras de Noe Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el preció de oro aumentó más de 150% y de plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad social”.
La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los pueblos indigenas como dice Noe Navarro. Lencho expresa con palabras una convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si tengo que demarrar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.
[1] Guatemala vivió un conflicto contra-insurgente de 36 años en donde, según las Naciones Unidas, 200.000 personas murieron, hubieron 50.000 desaparecidos y casos de genocidio. 95% de los crimenes fue cometido por el ejercito. Uno de las causas principales del conflicto era la distribución desigual de la tierra cuando 2% de la población controlaba 70% de la tierra fértil. Varios de los grandes terratenientes eran multinacionales. No ha cambiado mucho en Guatemala.
En abril 2012 Goldcorp presentó a sus inversionistas el plan para restaurar San Miguel una vez que cierre la mina en 2018. Goldcorp prevé gastar $29 millones en restauración pero apartó solamente $1 millón. Expertos independientes estiman los costos a por lo menos $49 millones. Según Amenstia Internacional, si depende de Goldcorp esta región pobre pagará los daños ambientales que deje la minería.
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La dirigente Lolita Chávez del Consejo de Pueblos K´iche´s (CPK), organización integrada al Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), fue atacada por hombres armados, el 4 de julio, alrededor de las 16:00 horas, mientras retornaban a la cabecera departamental del Quiché, tras una manifestación pacífica.
El ataque se produjo en los alrededores de la comunidad Xetinap Quinto, La Laguna, donde integrantes del CPK fueron emboscadas por hombres armados, que arremetieron contra las comunitarias con palos, machetes y navajas, dejando heridas a cuatro mujeres. Las agredidas narraron que los atacantes exigían a gritos se les señalara quién era Lolita Chávez. La dirigente comunitaria se encuentra a salvo.
Pese a dar aviso a las fuerzas de la Policía Nacional Civil de la región, fueron las autoridades comunitarias las que auxiliaron a las personas heridas. Los policías al llegar al lugar del hecho continuaron con la intimidación contra la población, quienes huyeron a las montañas por temor a ser objeto de cualquier otra agresión. previamente recibieron amenazas del Alcalde de la población, quien acompañado de miembros del ejército, llegó a comunidades como Xetinap para amenazar a miembros de CPK que se oponen a varios proyectos extractivos eléctricos.
El CPK organizó una manifestación pacífica en Santa Cruz del Quiché para denunciar “las actitudes racistas y prepotentes que el alcalde Estuardo Castro del Partido Patriota (PP) está teniendo en contra de los pueblos indígenas, así como por la corrupción que ha demostrado su temprana administración”. Desde las ocho de la mañana del 4 de julio, se movilizaron unas 400 personas hacia la carretera que une sus poblados con la cabecera departamental.
Ésta no es la primera vez que el CPK sufre persecución. Anteriormente han sido acosados por medio de ordenes de captura contra sus dirigentes, y el pasado 12 de junio dos hombres asesinaron a José Tavico Tzunun, en la comunidad Sibacá III del municipio de Santa Cruz del Quiché.
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8782
El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirma que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.
Por Darío Aranda.- “La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.
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El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo.
También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas.
El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”.
“Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa).
Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno.
El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”.
El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena.
Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional.
El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.
http://hijosguate.blogspot.com/2012/06/este-30-de-junio-la-marcha-de-la.html
La Marcha de la Memoria, realizada en el centro histórico de la ciudad capital desde el año 2008, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado guatemalteco, se traslada a San Juan Sacatepéquez.
El traslado de estas celebraciones a San Juan Sacatepéquez, se da como un acto de solidaridad con las 12 Comunidades K´akchiqueles que rechazan la apertura de la brigada Militar «Héctor Alejandro Gramajo», nombre de quien fuera el Jefe de la Direccion de Operaciones (D-3), del Estado Mayor de la Defensa, del gobierno de-facto del general Efrain Rios Montt.
Este año la Marcha de la Memoria se realiza en un cotexto en el cual, desde el Gobierno del General Otto Perez Molina, se impulsan las mas claras politicas de olvido y de impunidad, negando el genocidio cometido por su ejercito, cerrando la Direccion de los Archivos de la Paz, imponiendo la Brigada Militar «Hector Alejandro Gramajo» y planteando reformas constitucionales en las que pretende imponer en la «seguridad ciudadana», a un ejército adoctrinado para la Contra Insurgencia y con conocidos vinculos al Crimen Organizado.
Estas políticas pretenden mantener en el olvido y la impunidad a los perpetradores del genocidio y asignarles un papel preponderante en temas de seguridad publica, en un contexto de acelerados procesos organizativos y de resistencia en defensa de los territorios indigenas y campesinos amenazados por los megaproyectos.
La tarde del miércoles 13 de junio de 2012 a las 18:30 horas en las inmediaciones del cementerio municipal de San José del Golfo fue atacada a tiros la lidereza de la resistencia contra la minería de oro en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, Yolanda Oquelí.
Yolanda, junto a otros líderes del movimiento antiminero de la zona norte metropolitana había venido sufriendo intimidaciones y amenazas por parte de funcionarios de la empresa Servicios Mineros de Centro América S.A. que funciona en San Jose del Golfo bajo la dirección del Coronel Luis Aguirre y los también Coroneles Mario Figueroa Archila y Arias Mendez. Esta empresa se dedica a dividir y a amenazar a la población de estos dos municipios donde se ha planteado una fuerte resistencia a la instalación de proyectos mineros de oro como el llamado Progreso VII Derivada (la Puya) localizado en el municipio de San Pedro Ayampuc, cuyo representante legal es Selvin Antonio Morales Valdez, ex-Director de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
Es inaceptable que el gobierno apoye y tolere a compañías mineras que pretenden imponer sus proyectos por medio de amenazas, intimidación y violencia contra mujeres y hombres que ejercen su legítimo derecho a la resistencia resistencia pacífica y legal contra actividades extractivas que atentan contra la vida, la, integridad física y moral, el derecho a un ambiente sano y seguro y el derecho humano al agua.
Esta resistencia pacífica está siendo ejercida por hombres, mujeres niños y niñas, católicos, evangélicos, laicos, población indígena y campesina, comerciantes, agricultores e intelectuales que en ningún momento han sido consultados sobre la instalación de proyectos mineros. Las personas que resisten ante este tipo de proyectos identifican con claridad los riesgos que la actividad minera representa para sostener una vida digna.
Repudiamos la violencia contra Yoli y las comunidades en resistencia que se han destacado por su valor y decisión en defensa de la vida, el agua y su territorio. Nos solidarizamos con la familia de Yoli y con el valeroso pueblo de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que están dando un ejemplo de dignidad con su lucha pacífica y legal contra la imposición autoritaria del gobierno y las empresas mineras.
fragmentos extraidos de los comunicados de: El Frente Norte del Área Metropolitana -FRENAM- y Colectivo Ecologista MadreSelva