Por la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio – Huehuetenango, 4 de mayo de 2012

Antecedentes

El 23 de junio del año 2007; se realizo la consulta comunitaria de buena fe donde 46, 479 personas rechazaron rotundamente la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en el territorio; únicamente 9 personas votaron a favor.

A pesar

Desde el 2009 en Santa Cruz Barillas entraron empresas hidroeléctricas interesadas al valor de la recarga hídrica del municipio. A partir de entonces, personas desconocidas, extranjeras, empezaron a medir caudales y terrenos cerca del río; abrieron una brecha ocasionando daños en los cultivos de los vecinos.

A los pocos meses apareció la empresa española ECONER-HIDRALIA, que posteriormente se reconvirtió en HIDROSANTACRUZ para promover la implementación del proyecto CAMBALAM.

A partir de ese entonces; las comunidades iniciaron un proceso asambleario y cabildeo político con las autoridades municipales donde determinaron que no querían ninguna relación con la empresa, de estas reuniones existen actas y documentos firmados, además de la documentación de la Consulta Comunitaria realizada en el 2007.

Las razones de su desacuerdo se basaban en el hecho de que en el río que circunda al área urbana existen tres cataratas en secuencia y estas son utilizadas por las comunidades como balneario, como centro de recreación y también como centro ceremonial; porque también es un lugar sagrado como parte de la espiritualidad del pueblo maya Q´anjob´al. También el agua le ha servido a la población para uso y siembra. Según este proyecto el agua se canalizaría dos kilómetros y medio; por lo tanto las cataratas se morirían y causaría impactos ambientales.

En un primer momento la empresa ofreció energía eléctrica a los pobladores del área, pero después se evidencio que la promesa era falsa porque la energía se iba a interconectar para la exportación. La empresa no tuvo más que e proponerle a las 19 comunidades Q 30.000 a cada una por año.

La estrategia fue entonces empezar a dividir las comunidades. La empresa emprendió persecución legal en contra de líderes comunitarios que se oponían a la hidroeléctrica o que se negaban a vender sus tierras;

La empresa empezó a comprar las tierras a la orillas del río; algunos vendieron pero otros no quisieron vender sus tierras; a finales del 2009 10 comunitarios fueron denunciados por la empresa por cargos de incitación, difamación y detención ilegal.

La municipalidad decidió escuchar las demandas de las comunidades y por medio de actas municipales se comprometió a rechazar la construcción de la hidroeléctrica; inmediatamente después la empresa presente una acción legal en contra de la municipalidad y el juzgado resolvió a favor de la empresa justificando que la municipalidad no tiene nada que decir en relación a la construcción por falta de reglamento de construcción municipal.

En Junio 2011 la empresa empezó a cercar la orilla del rio, empezó llegar gente armada, seguridad de la empresa que vino a alterar mas la dinámica comunitaria, al cerrar el paso a comunidades vecinas y trabajadores del campo; especialmente el acceso a las cataratas; la seguridad de la empresa asume una actitud de confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones.

En noviembre de 2011, después de agotar las denuncias pacificas de las comunidades ante las autoridades en relación a los abusos de la seguridad de la empresa; la población opto por expulsar a estos y a destruir parte del cerco.

En este momento empiezan a circular rumores de que existían 23 órdenes de captura contra líderes comunitarios que se oponían a la empresa lo que hizo aumentar la zozobra y el desconcierto a nivel de las comunidades.

En enero de 2012 se llevo a cabo una reunión con la participación de las nuevas autoridades y el representante de la empresa para abordar el problema y buscarle una solución viable; sin embargo 5 días después; de manera sorpresiva y sin previo conocimiento de los pobladores empiezan a llegar maquinaria pesada, para iniciar la construcción del proyecto; situación que provoco una reacción acelerada por parte de la población y remataron contra la maquinaria.

A pesar de las reiteradas invitaciones a la empresa de dejar Barillas la empresa siguió operando en la zona;

Los últimos hechos

Hace 15 días se escuchó una detonación, las personas fueron al lugar y encontraron un perro muerto que había activado una bomba artesanal donde estaba el cerco de la empresa.

La gente se alarmo y con sus autoridades fueron con la policía, con el ejercito, al juzgado de paz para verificar los hechos, hicieron la denuncia y le se documento la evidencia. Las autoridades hicieron la inspección y se responsabilizo a la empresa y los comunitarios nuevamente pidieron que se fuera de Barillas.

La semana pasada se inicia la feria titular de Barilla; en este contexto, tres comunitarios se dirigían del centro urbano hacia la comunidad de Santa Rosa, en el camino fueron alcanzados por un pikup de doble tracción y los individuos que estaban en el interior del carro les dispararon., matando a una persona e hiriendo dos. El fallecido Andrés Francisco Miguel y los heridos Pablo Antonio Pablo que fue herido en su brazo y en la cara y Esteban Bernabé.

Es importante señalar que el señor Pablo era un de los demandados por la empresa que se negó a vender su tierra, había recibido amenazas desde el 2010 del cual existe una denuncia en la PDH por persecución e intimidación de parte de la empresa.

Después de conocerse los hechos se reunieron 5000 personas en el parque se dirigieron al hotel La estancia en donde se hospedaban miembros de la seguridad de la empresa, pero no encontraron a nadie así que siguieron en el destacamento militar y exigieron al ejercito respuesta sobre la muerte del líder. Es de señalar que existía el rumor de que el ejército mantenía escondidos gente de la empresa, después se dio lo que ahora se conoce ampliamente por parte de los medios de comunicación.

En este momento

Se ha declarado el estado de Sitio y hasta el momento hay 12 detenidos, entre ellos 3 mujeres. Es importante enfatizar que uno de los detenidos es el señor Saul Méndez quien había puesto una denuncia en la PDH de Huehuetenango por las amenazas recibidas de parte de la empresa.

La información que está llegando hay cateo de casas, siguen las detenciones y existe una fuerte presencia de ejercito y policía. Según información de los vecinos la gente adinerada del pueblo; especialmente los aliados de la empresa son los que están entregando el listado para las detenciones y los mismos están entregando a la gente al ejercito para llevarlos al destacamento militar, tal como hacían los comisionado militares en el conflicto armando; BAJAN A LAS PERSONAS DE LOS BUSES, en las calles exigen documentación personal. Circulan rumores que las detenciones no responden a la lógica de dar con los responsables de los hechos si no más bien con una lista de líderes y personas involucrados en actos de resistencia contra los abusos de la empresa hidroeléctrica en el área.

Análisis preliminar

Por lo señalado podemos avanzar un análisis preliminar de los hechos con la intención de que cese la militarización del área y el Estado responda a través de una mayor comprensión de las causas subyacentes a lo que esta sucediendo en Santa Cruz:

– El problema en el área no es nuevo los hechos demuestran que desde hace tres años existen graves conflictos entre la empresa hidroeléctrica que pretende trabajar en el área y los vecinos.

– Estos conflictos son documentados por Actas comunitarias y varios documentos El Estado de Guatemala sigue dando concesiones y licencias a empresas extranjeras sin tomar en cuenta la palabra y la opinión de los pobladores que habitan esta zona violando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007.

– Las comunidades que viven en esta área resisten a la invasión de sus tierras y la privatización de sus recursos por parte de empresas extranjeras, especialmente si ven socavados sus derechos fundamentales, cual es el derecho al agua como bien vital para la existencia misma de las comunidades.

– El territorio es percibido por parte de las comunidades como ancestral y fuente de vida la tierra no es un bien vendible, sino representa la Madre Tierra que sustenta la existencia misma de la gente que la habita.

– Desde hace años en el área se venían dando demandas y amenazas por parte de la empresa a líderes comunitarios de los cuales uno fue asesinado y el otro gravemente herido.

– El Estado de Guatemala en lugar de perseguir la verdad de estos crímenes se dedica de manera irresponsable a militarizar el área y a detener personas de ilegalmente.

– Es necesario e impelente el esclarecimiento de los hechos y el fin de las acciones intimidatorias y represivas del Estado en el área, así como la tergiversación de los hechos por parte de la prensa y medios de comunicación.

 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN HUEHUETENANGO (ADH)

Fuente : http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2012/03/marcha-indigena-campesina-y-popular.html

http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/03/marcha-campesina-por-la-madre-tierra.html

Más información en la página del Comité de Unidad Campesina ( CUC ) : http://www.cuc.org.gt/es/

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

27 de marzo, 2012.

Después de 9 días y 212 kilómetros, la Marcha Indígena, Campesina y Popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral, llegó al centro de la Ciudad Capital. Según miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), se estima que alrededor de 15,000 personas participaron en esta novena y última jornada.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Angélica Choc, lideresa Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, viuda de Adolfo Ich Chamán, y hermana de Ramiro Choc.

Lesbia Morales y Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Miembros de Caja Lúdica reciben la marcha en la zona 2.

videos de la caminata

http://youtu.be/zn9xTlcwDuE

http://youtu.be/y123SmHmm80

más información :  http://www.cuc.org.gt/

En medio de un mar verde, no de agua sino de árboles y llanuras, la marcha indígena, campesina y popular se encamina a la comunidad Unión Barrios, Alta Verapaz.

Este día, son 30 kilómetros los que recorrerán campesinas y campesinos de las comunidades del Valle del Polochic, Cahabón, Cobán, Tactic, de las verapaces; la comunidad indígena Santa María Xalapan, Jalapa; comunidades del Norte del Quiché, comunidades mames de Huehuetenango, comunidades de la Costa Sur y la Vocacosta de Quetzaltenango y otras.

Hombres, mujeres, niños, ancianos y hasta un campesino al que le hace falta una de sus piernas, tienen claro su objetivo de llegar a la ciudad capital para exigir al gobierno atención a sus demandas y el compromiso de resolver todas las problemáticas agrarias que les afectan.

A mayor desalojos en el Polochic…mayor organización y resistencia.

más información :  http://www.cuc.org.gt/

Las hijas e hijos de la Madre Tierra y del Maíz, nos hemos juntado en la tierra de Manuel Tot para iniciar una marcha desde estas tierras hacia la Ciudad Capital donde se encuentra la sede de los poderes, para que nuestra voz y nuestra demanda sean escuchadas.

Realizamos esta marcha por la urgente necesidad de resolver las demandas agrarias por parte de las comunidades indígenas y campesinas, por que se respeten los territorios y la Madre Naturaleza en todos aquellos lugares en donde se ha dicho que no queremos empresas mineras, petroleras, de construcción de megaproyectos o monocultivos; para que se detenga la persecución en contra de los que luchamos por nuestros derechos, por la condonación de los préstamos otorgados por medio del Fondo de Tierras y por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.

Desde hace varios años y de muchas formas hemos dado a conocer estas demandas y planteamientos. Hemos advertido que las medidas y decisiones que empresarios y gobernantes están tomando, ha llevado a nuestro país, a nuestras comunidades y a nuestras familias a una situación donde se profundiza la injusticia, la pobreza, los despojos y la violación a nuestros derechos individuales y colectivos.

Con estas decisiones se está entregando nuestras tierras, territorios y bienes de la Madre Naturaleza a las empresas nacionales y extranjeras. Para impulsar este nuevo despojo, se están aprobando leyes que solo protegen los intereses de los poderosos y las instituciones del Estado se han puesto al servicio de los empresarios y de políticos que buscan quedarse con una tajada de estos negocios.

Hacemos esta marcha a un año que el anterior gobierno desalojó a cientos de familias Q’eqchi’s en el Valle del Polochic, para favorecer la presencia y negocios del ingenio Chabil Utzaj. A partir de esos desalojos se desató una serie de amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos contra las comunidades. Ha pasado un año y nada se ha hecho ni por el anterior, ni por el actual gobierno. Ha sido un año de no tener vivienda, de ver los cultivos destruidos una y otra vez, de padecer enfermedades y desnutrición severa y de no tener seguridad. Por eso muchas familias que fuimos desalojadas estamos participando en esta marcha.

El que éste gobierno no se haya preocupado ni haya dado un paso para resolver la problemática de la tierra en el Valle del Polochic, es una muestra más que se está dando continuidad a las políticas del gobierno anterior. El único cambio es el estilo de gobernar. El gobierno de Pérez Molina ha dejado claro, desde el inicio de su gobierno, que las empresas mineras tienen todo su apoyo, que va abrir las puertas de par en par a las empresas nacionales y extranjeras, sin importarle que se violen los derechos de las y los guatemaltecos. Para garantizar esos intereses está recurriendo a la militarización expresada en la participación permanente del ejército en tareas civiles y la subordinación de la policía a los militares, el reclutamiento militar, las reservas militares, la instalación de destacamentos y brigadas, en territorio de los pueblos originarios, tomando como pretexto el combate a la delincuencia.

También ha dejado claro que su estilo de gobernar es la imposición; así lo demostró con la designación de la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer, con la elección de los gobernadores, imposición de COCODES, la aprobación apresurada, en el Congreso de la ley de actualización fiscal, los acuerdos con la empresas mineras que pasan por encima de las más de 60 consultas comunitarias y con las expresiones que ha tenido hacia distintos sectores que han dado a conocer sus demandas.

Sin embargo de nuestra parte está la justicia y la razón. Para empezar nos movilizamos con fundamento en los derechos de organización, emisión del pensamiento y de manifestación que, según la Constitución no puede ser disminuido, restringido o coartado. Estamos en esta marcha porque vivimos en las tierras de nuestros antepasados y que hoy están amenazadas por la presencia de las empresas. Nos resistimos porque se está afectando nuestra forma de vida con la destrucción y contaminación de ríos y fuentes de agua; con la destrucción de bosques y montañas.

Estamos defendiendo el presente y futuro de la mayoría de las familias de Guatemala y del planeta en general y para mantener la posibilidad de producir nuestro alimentos, cuando decimos que no queremos minería por la destrucción que provoca en los lugares donde vivimos, que no aceptamos la construcción de hidroeléctricas que inundarán nuestras tierras para entregar la energía a empresas extranjeras o bien, que para combatir el hambre y desnutrición lo que urge es tierra para sembrar y no bolsas de alimentos o nuevos despojos de tierras para sembrar caña de azúcar o palma africana.

Estos planteamientos los hemos hechos una y otra vez y la única respuesta que hasta ahora hemos encontrado han sido las falsas acusaciones, las órdenes de captura y los juicios sin seguir el debido proceso; los desalojos, la persecución, represión, ataques e intimidaciones. La prueba más clara han sido, no solo los desalojos en el Polochic, sino más recientemente, los órdenes de captura en el Norte del Quiché, los desalojos contra la comunidad Xinca en Xalapán, las acusaciones, capturas y campañas sucias contra las comunidades de San Juan Sacatepéquez. En distintas partes del territorio nacional autoridades tradicionales, comunidades y organizaciones están elevando su voz para expresar que no queremos más despojos en nuestros territorios.

Por eso, ahora nos hemos unido comunidades de pueblos originarios y campesinas, organizaciones y personas de que aman Guatemala, y todas y todos juntos nos dirigimos para que juntas nuestras voces se escuchen más y se nos dé respuesta, pero también porque nos preocupa el cierre de espacios y de diálogo con la sociedad civil que este gobierno, apoyado por los empresarios interesados, están haciendo, lo que nos haría retroceder a los tiempos de la represión y militarización que vivimos recientemente.

Hoy dejamos claro cuáles son nuestros planteamientos porque al llegar a la ciudad capital queremos respuestas de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público.

• · Demandamos que se aborde con seriedad la problemática de la tierra.

Se debe detener la concentración y reconcentración de tierra que está dejando sin posibilidad de producir a miles de familias campesinas. Una de las principales razones por la que hay hambre y desnutrición en nuestro país, es la gran injusticia en la forma como está distribuida la tierra. Pocas familias concentran mucha tierra y millones de familias no tienen ni siquiera dónde producir sus alimentos.

El Estado sigue teniendo en su poder fincas y no existe razón para que las siga manteniendo, lo que se debe hacer es entregarlas a familias y comunidades indígenas y campesinas. En concreto demandamos que resuelva el problema de la tierra en Alta Verapaz, en particular en el Valle del Polochic, Cobán, Chisec y Carchá; en el Norte de El Quiché y Zacualpa; Santa María Xalapán, Petén, Sierra de Santa Cruz y en otros lugares más donde se están dando en la actualidad despojos de tierras.

• · Demandamos la condonación total y definitiva de la deuda agraria.

Se debe anular las deudas que tienen comunidades campesinas producto de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras. En distintas ocasiones los gobiernos han salido en auxilio de los empresarios tal y como sucedió con la crisis de los precios internacionales del café o con la quiebra financiera de varios bancos. Ya es hora de que el Estado responda a las necesidades de las mayorías necesitadas.

• · Exigimos que terminen los desalojos, la persecución y criminalización.

Los desalojos, la persecución en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsa acusaciones, las actuaciones parcializadas de jueces y fiscales del MP a favor de las empresas, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos, deben terminar. No es posible que continúe la impunidad de los asesinatos que se han cometido en contra de indígenas y campesinos y que los victimarios estén moviéndose libremente con total impunidad. Que se respete y aplique el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 67 y 68 de la Constitución de la República.

• · Cancelación de las licencias mineras de exploración y explotación minera, petrolera, la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos.

Decenas de miles de personas en cientos de comunidades así como organismos de Naciones Unidas han expresado que la explotación minera debe terminar. Demandamos que se respeten los resultados de las consultas comunitarias y se cancelen las licencias mineras en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa y Guatemala, incluyendo San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Apoyamos y respaldamos el recurso de inconstitucionalidad a la ley actual de minería presentada recientemente por el Consejo de los Pueblos de Occidente.

• · Exigimos la aprobación de la Leyes en beneficio de los pueblos y comunidades empobrecidos.

Desde hace doce años venimos planteando y participando en un proceso que dio lugar a la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 4084 que, desde el gobierno anterior, se encuentra engavetada en el Congreso. Ya es tiempo de que se apruebe esa ley, tal y como se propuso por las organizaciones de la sociedad civil.

Demandamos una nueva política agraria que posibilite el acceso a la tierra, sin la utilización de los mecanismos de mercado, la aprobación de los códigos agrario sustantivo y procesal, así como los correspondientes tribunales agrarios y la creación de la Procuraduría Agraria que lleve a finalizar la criminalización de las demandas indígenas y campesinas. También exigimos la aprobación de la Ley de Radios Comunitarias

Muchas veces hemos hecho estos mismos planteamientos, nos hemos expresado en distintos espacios, por lo mismo, al llegar a la Ciudad Capital, el día Wajxaqib’ B’atz, tengamos respuesta concreta a nuestras demandas.

Que Amanezca, que Llegue la Aurora

Cobán, 19 de enero de 2012

Mas información : http://redkatguate.blogspot.com/2012/03/no-rotundo-las-actividades-mineras-en.html

En conferencia de prensa la COMISIÓN MUNICIPAL NO A LA MINERÍA dio los resultados de la consulta comunitaria de buena fe, numero 60 a nivel nacional, celebrada en las 33 comunidades de Chinique.

Total de votos: 4670

Votos en contra de la minería: 4669

Votos a favor de la minería: 1

Una vez más el pueblo kiche dice NO A LA MINERÍA, NO A LAS HIDROELÉCTRICAS Y NO A LOS MEGAPROYECTOS. Con esta actividad se espera que el gobierno, las empresas transnacionales y cualquier persona individual respeten la decisión de las comunidades de no permitir estas actividades en su territorio, pues atentan contra el medio ambiente, la economía, la calidad de vida y las formas propias de organización de los pueblos originarios.

Más informació : http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/2012/03/encuentro-de-la-comisionada-de-naciones.html

13 marzo 2012

El  territorio de Totonicapán, tierra de nuestro abuelo y heroé Atanasio Tzul, fue el centro de concentración de los diferentes pueblos del occidente del país y pueblos hermanos de Guatemala para recibir la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay.

Más de 4,000 hermanas y hermanos entre ellos líderes  y alcaldes comunitarios  de todo el país reunidos en el estadio municipal de Totonicapán nos hicimos presentes para manifestar la exclusión,  discriminación, invasión, criminalización y persecución  que sufrimos día a día como pueblos indígenas, pero sobre todo para hacer ver nuestra posición política  de pueblos originarios Ixim Ulew. La alta comisionada para las Naciones Unidas, Navi Pillay encargada de la verificación del cumplimiento de los derechos humanos en países como Guatemala, se le hizo entrega del documento que contiene las preocupaciones respecto a la violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala. El cual tiene el siguiente contenido:

“Ante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Navi Pillay, nosotros los pueblos originarios, las organizaciones comunitarias, autoridades ancestrales y organizaciones indígenas de Guatemala.

Exponemos ante usted, nuestras preocupaciones respecto a la violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

La presente demanda contiene un análisis de la situación de los pueblos indígenas de Guatemala, en materia de derechos humanos colectivos.

1.    AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN: TERRITORIO, TIERRA y CONSULTA.

Territorio

En la actualidad los pueblos indígenas de Guatemala, estamos  sufrien­do los peores efectos del sistema capitalista y la dinámica acelerada de la globalización, mediante la implementación de políticas neoliberales por parte del Estado guatemalteco, que aprueba licencias para la implementación de megaproyectos y de todo tipo de aprovechamiento de los bienes naturales, que únicamente favorecen intereses individuales mercantilistas de empresas nacionales y transnacionales, cuyos efectos perpetúan el saqueo y la devastación de los bienes naturales, de la Madre Tierra y atentan contra nuestro elemento vital de vida: La Madre Tierra y los territorios.

Los pueblos indígenas continuamos  padeciendo los mayores impactos negativos en nuestros territorios, resultantes de actividades altamente degradantes, contaminantes como la minería, hidroeléctricas, petróleo y monocultivos, que atentan contra la salud humana, ambiental y consecuentemente la vida de la Madre Tierra y las comunidades.

La situación de despojo de nuestros territorios ha sido motivo para desarrollar un proceso de articulación y lucha en defensa, construyendo nuevas alternativas desde nuestra cosmovisión maya y la búsqueda del bien vivir, para reiterar nuestros rechazos a la implementación de megaproyectos que atentan contra nuestros territorios y medios naturales y amenazan a nuestras vidas.

Tierra

En Guatemala, desde la colonización se ha vivido la explotación y despojo de las tierras a los pueblos indígenas, por lo que la situación agraria, se ha constituido en una de las principales problemáticas históricas estructurales, altamente conflictiva, constituye un tema que genera importantes antagonismos y confronta a sectores económicos y clases sociales, situación que en la realidad se puede apreciar en las grandes disparidades en la tenencia de la tierra y su vinculación directa con la extrema riqueza y extrema pobreza. Como resultado de este proceso la mayoría de la población indígena tiene que basar su sobrevivencia en minifundios, los cuales desde todo punto de vista están vinculados a carencias en el acceso a la salud, la productividad, la educación, la reproducción cultural y el ejercicio del poder político.

Las políticas agrarias que el Estado ha diseñado en ningún momento han tomado en cuenta nuestra cosmovisión, nos han negado la participación en su formulación, truncando nuestras posibilidades de definir nuestro propio modelo de desarrollo, acceder al derecho histórico a la tierra, desconociéndonos como sujetos políticos y económicos, con capacidad organizativa para definir nuestras propias formas de administrar nuestra tierra y territorio.

En la actualidad, toda demanda e intento de recuperación de las tierras despojadas a nuestros ancestros, es vista por el Estado como invasión, usurpación de propiedades y por ende como ilegal. En muchas ocasiones  tanto nuestros antepasados como las actuales generaciones han pagado dos y tres veces para recuperar las mismas tierras y aún así no tenemos certeza jurídica de ser los legítimos herederos. Esta situación ha mantenido vigente históricamente la dicotomía  entre minifundio y latifundio, perpetuando hasta la actualidad la dependencia del trabajo estacional en las grandes fincas y limitando el ejercicio pleno a derechos humanos como al de la alimentación, derechos laborales como el trabajo digno, el derecho de los niños a la educación entre otros.

Sin embargo el Estado ha declarado a través de la Corte de Constitucionalidad que las consultas comunitarias de buen fe realizadas NO son VINCULANTES, de esta forma el Estado continúa concesionando licencias de mega proyectos en nuestros territorios a empresas nacionales e internacionales, violando el derecho  a la consulta, previa, libre e informada. Como ejemplo, recientemente el organismo ejecutivo a través del entonces presidente de la República Alvaro Colom, presentó el  “proyecto de reglamentación de las consultas comunitarias” que pretendía concentrar en las instancias gubernamentales la decisión sobre la validez  de las consultas, proyecto que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad con la presión del movimiento indígena…”

2. MEGAPROYECTOS: MINERÍA, HIDROELÉCTRICA (MATRIZ ENERGÉTICA), INFRAESTRUCTURA (MEGA CARRETERAS), MONOCULTIVOS Y DESALOJOS

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3. CRIMINALIZACIÓN, REMILITARIZACIÓN. PERSECUCIÓN LEGAL, AMENAZAS, INTIMIDACIONES

4. DISCRIMINACIÓN Y RACISMO: DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER INDÍGENA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. (POBREZA Y POBREZA EXTREMA, IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y RADIOS COMUNITARIAS)

Leer todo POSICIONAMIENTO POLITICO DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE IXIM ULEW ANTE LA VISITA DE LA SEÑORA NAVI PILLAY, ALTA COMISIONADA DE NACIONADES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

También se le hizo entrega copia de la acción legal interpuesta en contra de la actual ley de minería en Guatemala vigente desde el 17 de julio de 1997, la cual contiene fundamentos legales que demuestran la inconstitucionalidad total de  dicha ley. (click aquí inconstitucionalidad total ley de minería).

A 33 años de la masacre de Panzos, la impunidad y el saqueo continúan.

Video Foro. Del Terror contra insurgente al neoliberal. La continuidad de una política de Despojo‏

acompáñenos a un  análisis de un Estado de Derecha al servicio de las élites nacionales y extranjeras del país.

con la proyección del  video sobre la política de tierra arrasada
por agro combustibles.

este sábado
4 de junio
a las 2 de la tarde
en el Colegio Casa Central
2da ave. 13-12 zona 1.

alto a la represión en el Polochic, no mas Agro combustibles.

memoria viva en Movimiento.

http://consultasacapulas.tk3.net/

Transmisión en vivo, 20 de mayo, DIFUNDIR

Agua y Tierra para los pueblos, NO para las empresas mineras

Coordinadora de Comunidades de Sacapulas 2011

Este 20 de Mayo 2011, para contrarrestar el irrespeto y prepotencia de las empresas transnacionales norteamericanas, europeas las comunidades de Sacapulas realizaran una Consulta Comunitaria de Buena Fé para definir la presencia o no de la actividad de exploración, extracción y explotación minera de forma industrial y la construcción de hidroeléctricas y represas en territorio de los pueblos Kiches y Sacapultecos.

Sacapulas es uno de los municipios del departamento de Quiche. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, su extensión territorial es de 213 km2. Dista de la cabecera departamental Santa Cruz del Quiche 49 km.
En la actualidad existen 15 solicitudes de extracción minera en el departamento y otras más en lista de espera. Esta actividad de explotación y saque de forma industrial de los recursos naturales del municipio pone en riesgo la vida de miles de personas habitantes de la región.

Entre las principales empresas con representación nacional y capitales transnacionales se encuentran PROMINAS S.A, CAZADORES DE SUEÑOS S.A., ADD MINERAL, YEXUB, AVENTURAS MINERAS S.A., FIRESTONE VENTURES, En el caso de la empresa Cazadores de sueños, S.A. Se presume que es una empresa en sociedad o posiblemente propiedad de la Familia Novella dueña del Cementos Progreso, monopolio en Guatemala de la industria del cemento.

Cementos Progreso se ha caracterizado por generar serios problemas con las comunidades indígenas en San Juan Sacatepéquez en donde de forma mayoritaria la población indígena se ha manifestado en contra de la presencia de la empresa y en contra de la explotación del territorio por parte de esta empresa. Esta problemática se genera por la imposición de una planta procesadora de Cemento en el municipio de San Juan Sacatepéquez y ha contado con el respaldo del gobierno de turno.

También las comunidades indígenas haciendo valer sus derechos ancestrales de toma de decisión, y evocando derechos constitucionales e internacionales como el convenio 169 de la OIT realizaran su consulta comunitaria, a pesar que el Gobierno “de la solidaridad” intenta criminalizar y reprime a los pueblos que han realizado mas de 50 consultas comunitarias en donde se ha rechazado de forma masiva la presencia de toda empresa en los territorios de los pueblos.

Foto del desalojo mez marzo http://chiapas.indymedia.org/index.php?category=4

Fuente: http://www.fgtoriello.org.gt/noticias/nuevas-agresiones-contra-comunidades-del-polochic

Nuevamente los empresarios Widman  llevan a cabo con total impunidad  agresiones contra familias de la comunidad de Agua Caliente de Panzós, A.V.

Hoy 13 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, llegaron 30 agentes de seguridad uniformados de la empresa Chabil Utzaj, disparando con escopetas y probablemente Galil. Poco después, sobrevolaron tres helicópteros y lanzaron seis granadas para quemar las milpas que sobrevivieron al desalojo y para hostigar a trabajadores que estaban rescatándolas con el objetivo de dar de comer a sus familias que atraviesan una situación sumamente difícil. Los trabajadores lograron salir ilesos aunque muy afectados.
 
Hay fuertes indicios de que dentro de los helicópteros se encontraban  propietarios de la empresa Chabil Utzaj dirigiendo la actividad en contra de la comunidad, elemento que tiene que ser investigado.

Las familias de la comunidad de Agua Caliente, de igual manera que las demás comunidades desalojadas a mediados de marzo, sobreviven  con el apoyo comunitario en lugares cercanos y con el limitado apoyo que pueden canalizar organizaciones sociales y humanitarias.  Las entidades públicas  han brillado por su ausencia, mostrando un incumplimiento y desinterés  humanitario elemental.

Para sobrevivir, las familias desalojadas están llegando a sus sembradíos a recoger el poco maíz que les quedó después de la destrucción de las comunidades, la quema de sus viviendas y siembras.

Esta comunidad fue desalojada violentamente el 15 de marzo por la Policía Nacional Civil, el ejército, guardias de seguridad privada y propietarios de la empresa Chabil Utzaj con gran despliegue de fuerza pública y grupos  armados de la finca. Todavía padecen los traumas de las bombas  lacrimógenas lanzadas por la PNC, especialmente los niños y las mujeres embarazadas. Los líderes no pueden movilizarse con libertad ni ejercer sus derechos como cualquier ciudadano debido a las amenazas de la empresa y del gobierno.

Esta situación nos obliga a denunciar la complicidad e irresponsabilidad de las entidades del gobierno, llamadas a responder ante las demandas y derechos de las comunidades. Como fue firmado solemnemente en los Acuerdos de Paz, el Estado tiene la función de promotor de la concertación social y de la resolución d conflictos. En Agua Caliente y en el valle del Polochic su actuación vacía  y subordinación a los finqueros está llevando a agudizar la conflictividad.

Contrariamente a lo expresado por la Presidencia de la República, no son las amenazas de seguir los desalojos de comunidades y de reprimir y criminalizar a las organizaciones sociales lo que va a resolver los problemas. La solución y fuente de toda legitimidad es dar respuesta a los derechos de la población y, en este caso, de las comunidades Q’eqchi’s del valle del Polochic. Respuestas represivas y genocidas ya tuvimos bastante con los gobiernos militares anteriores a la firma de la paz. Respuesta a los derechos irrenunciables de la población es el reto del Estado y sus instituciones.

A las entidades nacionales de verificación y protección de derechos humanos, a los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, diferentes relatorías, y a la CICIG pedimos su seguimiento, vigilancia e intervención en este caso de desalojos de tierras indígenas.  Hay evidencias  y un cúmulo de irregularidades en el actuar que pueden replicarse en otros lugares. Prevenir y alejar las causas del conflicto es el concepto de paz definido por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así mismo, a entidades financieras como el BCIE y asociados que dan soporte al proyecto del Chabil Utzaj -desde su mandato de contribuir al desarrollo sostenible en la región-, no pueden asumir que con reestructurar la deuda ya se ha resuelto el problema; éste persistirá si no se resuelven y atienden los derechos de las comunidades. El hecho de que haya acudido al rescate del ingenio Chabil Utzaj el Grupo Pellas de Nicaragua, no resuelve la conflictividad ni garantiza el éxito del proyecto.

Al Ministerio Público pedimos que no escatime esfuerzos y llegue al fondo de las investigaciones y el proceso debido para identificar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Antonio B’eb Ac, de la reiterada violación a los derechos de la población Q’eqchi’, y de la ejecución de la orden de desalojo violando todo procedimiento legal y humanitario, así como transparentar las actuaciones de funcionarios del Sistema de Justicia.
 

Trailer 1

 http://www.youtube.com/watch?v=mBToPXIL9LI

ReColonización y Resistencia en Centro América

Documental, 57 minutos

Guatemala, 2011  

ESTRENO DOCUMENTAL

 Lugar:

Teatro «Manuel Galich» de la UNIVERSIDAD POPULAR, U.P.

10 calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Día: Jueves 5 Mayo 2011

Hora: 19:00 h

 ENTRADA LIBRE, hasta llenar aforo (280 asientos)

 Parqueo en los aledaños y en Parqueo San José (11 Av 10-41 zona 1, a Q 10 durante el evento) 

 SINOPSIS

Actualmente Centro América sufre una invasión de empresas mineras transnacionales. Goldcorp es la compañía de oro canadiense con mayor expansión en el área. Durante los últimos años sus operaciones han provocado contaminación, enfermedades, muerte, división comunitaria y criminalización de la protesta social.

En Honduras y El Salvador la indignación y la organización crecen cada día. En Guatemala más de 50 Pueblos Mayas han decidido poner freno a la expansión minera por medio de Consultas Comunitarias.

¡Esta lucha apenas comienza!

http://caracolproducciones.org/

http://caracolproducciones.blogspot.com/