Video Documental (17 min.) desde La Puya en San José Del Golfo tras el constante hostigamiento, violencia y amenazas de la empresa minera Exmingua, subsidiaria de la canadiense Radious Gold Group en asociación a la estadounidense KCA.
http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/11/grupos-de-choque-empleados-por-la-mina.html
“…Les arrancaremos las manos…” eran algunas de las amenazas que esta mañana los empleados de la Mina El Tambor proferían en contra de la población y periodistas que pacíficamente se mantienen frente a la entrada de la mina el Tambor.
En un verdadero acto de valentía, las mujeres permanecían agarradas de las manos mientras soportaban los insultos; una de ellas expreso “…ya casi dos semanas hemos aguantado, nos han tirado golpes, agua a la cara, insultos, pero eso no importa. Aquí lo indignante es que nadie actúa, ni la Policía ni nadie, pero si nosotros le levantamos la voz a un minero, rápido actúa la policía, rápido mandan al ejército, pero aquí el descaro es que un militar actúa en contra de nosotras y no pasa Nada…”
El lunes pasado “La Puya” recibió la visita de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes no estuvieron ajenos a las agresiones verbalmente e insultos por parte del personal de la empresa minera ahora imaginen ustedes lo que esta gente están dispuesta hacernos concluyo la lideresa.
Para mañana los minero no se reprimen en decir que continuaran las agresiones, la Resistencia hace un llamado a sumarse a la lucha para detener las agresiones y la minería que polariza y confronta a una comunidad históricamente pacifica.
Pablo Silas Orozco (ex-teniente del ejército de Guatemala) personero de la empresa Kappes, Cassiday & Associates -«KCA» — Exmingua S.A amenazo en reiteradas ocasiones a los comunicadores y la PRENSA que se encontraba cubriendo en La Puya. Varias veces lanzo amenazas de muerte en contra de los comunicadores.
http://www.facebook.com/CMIGUATEMALA
En la Puya se encuentran nuestros compañeros comunicadores realizando su trabajo, miembros del Centro de Medios Independientes del CUC, WAQIB KEJ Y CPR URBANA están amenazándoles la vida, de muerte, diciéndoles que “les van a sacar la mierda” les amenazan con lincharlos, que les van a cortar las manos para que no sigan tomando imágenes y que si siguen ahí entonces van a violentar a la gente y a ingresar por la fuerza. “violan el libre derecho de información al agredir física y verbalmente a los comunicadores que estamos presentes en La Puya. Las amenazas llegaron incluso a ser de muerte y linchamiento si no nos retiramos de lugar.”
Esto es por parte de trabajadores de la empresa la empresa Kappes, Cassiday & Associates -“KCA” – Exmingua S.A. Utilizan el mismo discurso de criminalización del poder acusándolos de “comunistas”, también hicieron referencia y amenazas al compañero de UDEFEGUA Antonio Catalán con sus nombre y organización, aún cuando éste no está presente diciendo que el organiza a la gente. También golpearon en la cara a una líder comunitaria y a otro comunitario lo agarraron ente varios para golpearlo.
Alertamos de que está a punto de ocurrir una tragedia ocasionada por dicha empresa, que en este momento está representada en el lugar por el militar Pablo Silas Orozco. Esto es claramente una muestra de la impunidad que existe en Guatemala donde una empresa puede actuar delictivamente, amenazar y contar con el respaldo gubernamental.
Paradójicamente mientras esto ocurre en un hotel de la capital, se encuentra Roxana Baldetti; Francisco Dall’Anese, jefe de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscal General, Claudia Paz y Paz en una actividad de la red IFEX ALC en la presentación anual de un informe sobre Impunidad en donde se habla de agresiones contra la libertad de expresión.
Denunciamos la violación a nuestros derechos como ciudadanos y comunicadorxs independientes a informar, comunicar y expresarnos libremente. Exigimos y alertamos nuevamente a las autoridades gubernamentales, Ministerio Público y Procuraduría de Derechos Humanos a investigar y resolver los problemas que está ocasionando esta empresa, ante todas luces bajo la impunidad, falta de acción gubernamental y respaldo abierto, pues han desplegado cada vez que han podido las fuerzas del Estado en contra de la población.
Hacemos un llamado a las redes de periodistas independientes y éticos que informan a favor del pueblo, a las organizaciones, a la opinión nacional e internacional a pronunciarse para evitar más violencia, más sangre y más injusticias en contra el pueblo de Guatemala.
fuente : http://saraguate-selva.blogspot.com/2012/05/san-jose-del-golfo-se-encuantra-ocupado.html
Pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc impiden trabajos de empresa minera
fuente : prensa burguesa
Vecinos de varias comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc impiden el ingreso de un grupo de camiones, custodiados por agentes de la policía, de una empresa minera que opera en el sector.
A la primera hora de este martes un convoy de 32 camiones de volteo, custodiados por al menos 20 autopatrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), intentó ingresar en una empresa minera que opera en el sector de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
En su camino se encontraron con un grupo de no menos de 500 personas que se oponen a la explotación minera en el lugar, el cual impidió el ingreso de los automotores pesados. La situación se tornó tensa por momentos.
Sin embargo, a eso de las 4 horas de este día los pilotos de los camiones junto a los agentes antimotines de la PNC decidieron retirarse del lugar para evitar algún enfrentamiento con los pobladores.
Las personas, que se encuentran apostadas en el área desde el pasado 2 de marzo, manifestaron que se oponen a la explotación minera porque están seriamente preocupadas por la contaminación en el ambiente que esta actividad produce.
Los vecinos alegan que la minera usa indiscriminadamente cianuro, que contamina y envenena no sólo el ambiente sino los afluentes de agua; asimismo, exponen que el polvo producido por los trabajos enferma a la población, particularmente a los niños y ancianos.
Aseguraron que no se retirarán del lugar hasta que la licencia de explotación minera que tiene la empresa sea cancelada porque, según ellos, “es una actividad destructiva para el medio ambiente que no trae ningún beneficio a las comunidades”.
fuente : http://saraguate-selva.blogspot.com/2012/05/lideresa-comunitaria-da-declaraciones.html
Tod@s somos Santa Cruz Barillas.
Por la Asamblea Departamental por la Defensa del Territorio – Huehuetenango, 4 de mayo de 2012
Antecedentes
El 23 de junio del año 2007; se realizo la consulta comunitaria de buena fe donde 46, 479 personas rechazaron rotundamente la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas en el territorio; únicamente 9 personas votaron a favor.
A pesar
Desde el 2009 en Santa Cruz Barillas entraron empresas hidroeléctricas interesadas al valor de la recarga hídrica del municipio. A partir de entonces, personas desconocidas, extranjeras, empezaron a medir caudales y terrenos cerca del río; abrieron una brecha ocasionando daños en los cultivos de los vecinos.
A los pocos meses apareció la empresa española ECONER-HIDRALIA, que posteriormente se reconvirtió en HIDROSANTACRUZ para promover la implementación del proyecto CAMBALAM.
A partir de ese entonces; las comunidades iniciaron un proceso asambleario y cabildeo político con las autoridades municipales donde determinaron que no querían ninguna relación con la empresa, de estas reuniones existen actas y documentos firmados, además de la documentación de la Consulta Comunitaria realizada en el 2007.
Las razones de su desacuerdo se basaban en el hecho de que en el río que circunda al área urbana existen tres cataratas en secuencia y estas son utilizadas por las comunidades como balneario, como centro de recreación y también como centro ceremonial; porque también es un lugar sagrado como parte de la espiritualidad del pueblo maya Q´anjob´al. También el agua le ha servido a la población para uso y siembra. Según este proyecto el agua se canalizaría dos kilómetros y medio; por lo tanto las cataratas se morirían y causaría impactos ambientales.
En un primer momento la empresa ofreció energía eléctrica a los pobladores del área, pero después se evidencio que la promesa era falsa porque la energía se iba a interconectar para la exportación. La empresa no tuvo más que e proponerle a las 19 comunidades Q 30.000 a cada una por año.
La estrategia fue entonces empezar a dividir las comunidades. La empresa emprendió persecución legal en contra de líderes comunitarios que se oponían a la hidroeléctrica o que se negaban a vender sus tierras;
La empresa empezó a comprar las tierras a la orillas del río; algunos vendieron pero otros no quisieron vender sus tierras; a finales del 2009 10 comunitarios fueron denunciados por la empresa por cargos de incitación, difamación y detención ilegal.
La municipalidad decidió escuchar las demandas de las comunidades y por medio de actas municipales se comprometió a rechazar la construcción de la hidroeléctrica; inmediatamente después la empresa presente una acción legal en contra de la municipalidad y el juzgado resolvió a favor de la empresa justificando que la municipalidad no tiene nada que decir en relación a la construcción por falta de reglamento de construcción municipal.
En Junio 2011 la empresa empezó a cercar la orilla del rio, empezó llegar gente armada, seguridad de la empresa que vino a alterar mas la dinámica comunitaria, al cerrar el paso a comunidades vecinas y trabajadores del campo; especialmente el acceso a las cataratas; la seguridad de la empresa asume una actitud de confrontación, insultos provocaciones, disparos e intimidaciones.
En noviembre de 2011, después de agotar las denuncias pacificas de las comunidades ante las autoridades en relación a los abusos de la seguridad de la empresa; la población opto por expulsar a estos y a destruir parte del cerco.
En este momento empiezan a circular rumores de que existían 23 órdenes de captura contra líderes comunitarios que se oponían a la empresa lo que hizo aumentar la zozobra y el desconcierto a nivel de las comunidades.
En enero de 2012 se llevo a cabo una reunión con la participación de las nuevas autoridades y el representante de la empresa para abordar el problema y buscarle una solución viable; sin embargo 5 días después; de manera sorpresiva y sin previo conocimiento de los pobladores empiezan a llegar maquinaria pesada, para iniciar la construcción del proyecto; situación que provoco una reacción acelerada por parte de la población y remataron contra la maquinaria.
A pesar de las reiteradas invitaciones a la empresa de dejar Barillas la empresa siguió operando en la zona;
Los últimos hechos
Hace 15 días se escuchó una detonación, las personas fueron al lugar y encontraron un perro muerto que había activado una bomba artesanal donde estaba el cerco de la empresa.
La gente se alarmo y con sus autoridades fueron con la policía, con el ejercito, al juzgado de paz para verificar los hechos, hicieron la denuncia y le se documento la evidencia. Las autoridades hicieron la inspección y se responsabilizo a la empresa y los comunitarios nuevamente pidieron que se fuera de Barillas.
La semana pasada se inicia la feria titular de Barilla; en este contexto, tres comunitarios se dirigían del centro urbano hacia la comunidad de Santa Rosa, en el camino fueron alcanzados por un pikup de doble tracción y los individuos que estaban en el interior del carro les dispararon., matando a una persona e hiriendo dos. El fallecido Andrés Francisco Miguel y los heridos Pablo Antonio Pablo que fue herido en su brazo y en la cara y Esteban Bernabé.
Es importante señalar que el señor Pablo era un de los demandados por la empresa que se negó a vender su tierra, había recibido amenazas desde el 2010 del cual existe una denuncia en la PDH por persecución e intimidación de parte de la empresa.
Después de conocerse los hechos se reunieron 5000 personas en el parque se dirigieron al hotel La estancia en donde se hospedaban miembros de la seguridad de la empresa, pero no encontraron a nadie así que siguieron en el destacamento militar y exigieron al ejercito respuesta sobre la muerte del líder. Es de señalar que existía el rumor de que el ejército mantenía escondidos gente de la empresa, después se dio lo que ahora se conoce ampliamente por parte de los medios de comunicación.
En este momento
Se ha declarado el estado de Sitio y hasta el momento hay 12 detenidos, entre ellos 3 mujeres. Es importante enfatizar que uno de los detenidos es el señor Saul Méndez quien había puesto una denuncia en la PDH de Huehuetenango por las amenazas recibidas de parte de la empresa.
La información que está llegando hay cateo de casas, siguen las detenciones y existe una fuerte presencia de ejercito y policía. Según información de los vecinos la gente adinerada del pueblo; especialmente los aliados de la empresa son los que están entregando el listado para las detenciones y los mismos están entregando a la gente al ejercito para llevarlos al destacamento militar, tal como hacían los comisionado militares en el conflicto armando; BAJAN A LAS PERSONAS DE LOS BUSES, en las calles exigen documentación personal. Circulan rumores que las detenciones no responden a la lógica de dar con los responsables de los hechos si no más bien con una lista de líderes y personas involucrados en actos de resistencia contra los abusos de la empresa hidroeléctrica en el área.
Análisis preliminar
Por lo señalado podemos avanzar un análisis preliminar de los hechos con la intención de que cese la militarización del área y el Estado responda a través de una mayor comprensión de las causas subyacentes a lo que esta sucediendo en Santa Cruz:
– El problema en el área no es nuevo los hechos demuestran que desde hace tres años existen graves conflictos entre la empresa hidroeléctrica que pretende trabajar en el área y los vecinos.
– Estos conflictos son documentados por Actas comunitarias y varios documentos El Estado de Guatemala sigue dando concesiones y licencias a empresas extranjeras sin tomar en cuenta la palabra y la opinión de los pobladores que habitan esta zona violando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007.
– Las comunidades que viven en esta área resisten a la invasión de sus tierras y la privatización de sus recursos por parte de empresas extranjeras, especialmente si ven socavados sus derechos fundamentales, cual es el derecho al agua como bien vital para la existencia misma de las comunidades.
– El territorio es percibido por parte de las comunidades como ancestral y fuente de vida la tierra no es un bien vendible, sino representa la Madre Tierra que sustenta la existencia misma de la gente que la habita.
– Desde hace años en el área se venían dando demandas y amenazas por parte de la empresa a líderes comunitarios de los cuales uno fue asesinado y el otro gravemente herido.
– El Estado de Guatemala en lugar de perseguir la verdad de estos crímenes se dedica de manera irresponsable a militarizar el área y a detener personas de ilegalmente.
– Es necesario e impelente el esclarecimiento de los hechos y el fin de las acciones intimidatorias y represivas del Estado en el área, así como la tergiversación de los hechos por parte de la prensa y medios de comunicación.
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN HUEHUETENANGO (ADH)
Más información : http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4179
El Wallmapu vindica la muerte de los weichafes caídos y da muerte a un agente de la represión!
La mañana de este lunes 2 de Abril, agentes de Fuerzas Especiales y del Gope de Carabineros realizaron un allanamiento en la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu en el sector de Ercilla en la región de La Araucanía.
La policía llegó a la zona junto al fiscal de Angol, Luis Chamorro, con una orden de ingreso y registro, dictada por el tribunal por una investigación por el delito de homicidio frustrado, que habría ocurrido en octubre de 2011 en el Fundo Centenario tras una ataque a ese lugar.
Este nuevo allanamiento se da después de dos ataques incendiarios ocurridos en la región, donde nuevamente fue atacado el Fundo Centenario propiedad del latifundista Juan de Dios Fuentes.
Durante el allanamiento la policía registro alrededor de 10 casas dentro de la comunidad causando daños en al interior. En una de las casas “habrían” encontrado una escopeta artesanal junto a municiones y en otra un pasamontaña.
Tras el operativo fueron detenias dos mujeres, una por ser la dueña de la casa donde se habría encontrado el arma y la otra por ser la dueña de la casa donde se encontro el pasamontaña. También fue detenido un comunero mapuche en el sector de Collipulli que era requerido por la investigación del ataque al fundo Centenario en el 2011.
Al retirarse del lugar, los agentes fueron enfrentados con armas de fuego por un grupo de encapuchadxs que dispararon desde un bosque cercano.
Tras el ataque armado resultaron heridos tres bastardos de carabineros. Dos por heridas de perdigones y un sargento del Gope (grupo de operaciones policiales especiales) herido de gravedad con una bala en el cuello. También un capitan recibio una bala 9mm que quedo incrustada en su casco sin causarle heridas.
El bastardo del Gope Hugo Alborzoz fue trasladado en estado grave al Hospital de Angol donde fue conectado a respiración artificial. Luego en un almplio operativo fue trasladado al Hospital Regional de Temuco.
Finalmente tras 20 años de haber reprimido en nombre del Poder, el bastardo murió a las 20:26 horas en el Hospital. La bala de 9mm que lo mato entro por el cuello dañando la columna y quedando alojada en la clavícula.
Tras el ajusticiamiento de este sargento del Gope, la militarización del Wallmapu se incrementara y la represión dara paso a la caceria contra comunidades mapuche. Incluso el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ya se traslado a La Araucanía para dar las pautas de las siguentes operaciones. Además del director general de carabineros junto con el fiscal nacional.
Fuente : http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/02/el-ejercito-trata-de-esconder-la-mano.html
M.A.N.O. (Movimiento Acción Nacionalista Organizado) es una de las cientos de organizaciones contra insurgentes y militares que asesinaron a lo largo de la guerra.
si USTED desea poder obtener esta información no dude en comunicarse, si usdetes bajan las fotos podran de igual forma leer cada uno del material digitalizado.
Mientras en la administración de la UNE el ejército de Guatemala trató de lavar su imagen de desprestigio ofreciendo mediante un show mediático el acceso a los Archivos Militares, en los primeros días de la administración del gobierno del ex general Otto Pérez Molina, sale a luz que el Organismo Ejecutivo a solicitud de la Comisión de Desclasificación de Archivos Militares, presentó una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Acceso a La Información Pública, para incluir modificaciones al mismo y con ello negar el acceso a los planes militares que sin duda establecen la ruta del genocidio.
Mientras el año pasado se trataba de cumplir con los requisitos impuestos por la Casa Blanca para levantar el embargo militar al ejército, también se preparaba una propuesta de ley para seguir perpetuando la negativa de acceder a la totalidad de documentos que contienen los planes de campaña que dentro de la guerra contrainsurgente detallan y dejan entrever al denominado enemigo interno.
Mientras en la administración de la UNE el ejército de Guatemala trató de lavar su imagen de desprestigio ofreciendo mediante un show mediático el acceso a los Archivos Militares, en los primeros días de la administración del gobierno del ex general Otto Pérez Molina, sale a luz que el Organismo Ejecutivo a solicitud de la Comisión de Desclasificación de Archivos Militares, presentó una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Acceso a La Información Pública, para incluir modificaciones al mismo y con ello negar el acceso a los planes militares que sin duda establecen la ruta del genocidio.
¿Pero cual es el interés de seguir negando el acceso a estos archivos militares? Si en reiteradas ocasiones el ejército ha negado que detrás de las ofensivas contrainsurgentes hubiera intención de exterminar a un grupo determinado y/o a población indígena.
Los archivos de los que hasta hoy se conocen solo serían la punta de un iceberg. La filtración del Archivo Militar o Dossier de la Muerte, en mayo de 1999, es muestra de uno de los rigurosos controles y sistematización de la lucha contra insurgente en Guatemala. El actual foto reportaje presenta una serie de documentos del llamado Terror Rojo, que organizaciones vinculadas al poder económico y militar iniciaron desde la intervención contra revolucionaria de 1954, a fin de generalizar y justificar la barbarie que alcanzó su cúspide en el genocidio cometido desde 1975 y que se prolongó hasta 1985.
Fuente : http://www.albedrio.org/htm/articulos/g/gt-001.html
Ex general asumirá presidencia de Guatemala
El próximo 14 de enero, el general retirado Otto Pérez Molina, candidato del derechista Partido Patriota (PP), asumirá la presidencia de Guatemala. Durante su campaña prometió “mano dura” contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, logrando captar el voto de una población atemorizada por los altos índices de violencia en el país. Sin embargo, el regreso al poder de un militar con un pasado oscuro está despertando seria preocupación en varios sectores de la sociedad, que se rehúsan a olvidar la historia reciente del país
El 5 de julio 2011 tres activistas estadounidenses y la organización indígena Waqib Kej denunciaron al próximo presidente de Guatemala ante el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura.
Según ellas, el ex general entrenado en la nefasta Escuela de las Américas estuvo involucrado en el genocidio perpetrado durante los años 80 contra la población indígena, cuando se desempeñó como oficial de operaciones en la provincia de Quiché, una de las más afectadas durante la guerra civil.
Jennifer Harbury, una de las denunciantes, acusó a Pérez Molina de ser responsable de la tortura y desaparición en 1994 de su marido, el guerrillero guatemalteco Efraín Bámaca. En ese periodo, el general retirado era jefe de inteligencia militar.
Genocidio
El sociólogo Carlos Figueroa Ibarra afirma que Guatemala vivió en la segunda mitad del siglo pasado “el genocidio más grande que se haya observado en la América contemporánea”. Entre 1954 y 1996, aproximadamente 150 mil guatemaltecos fueron ejecutados extrajudicialmente y 45 mil más fueron desaparecidos de manera forzada.
Lo ocurrido durante el conflicto fue investigado en el marco del Proyecto lnterdiocesano «Recuperación de la Memoria Histórica» (REMHI). La presentación del informe final “Guatemala: Nunca más” estuvo a cargo del obispo Juan José Gerardi, director e la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
En sus conclusiones, el informe evidenció que por lo menos el 60 por ciento de las más de 55 mil violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población fue responsabilidad directa del Ejército. Dos días después de la presentación, el 24 de abril de 1998, monseñor Gerardi fue brutalmente asesinado.
Ahora, el regreso de un ex alto mando militar al poder está generando fuerte preocupación en varios sectores de la sociedad guatemalteca.
Garras verde olivo
“El verdadero problema no es lo que Pérez Molina y sus allegados están diciendo en cuanto al programa de gobierno, sino lo que se está moviendo a su alrededor”, dijo a Sirel, Enrique “Quique” Torres, asesor legal de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación (FESTRAS).
Según él, los militares estarían viendo la oportunidad de volver a ser protagonistas. “Se sienten nuevamente empoderados y ya están sacando sus garras. Su primer objetivo será lograr la renuncia de la Fiscal general Claudia Paz y Paz, para que no siga investigando los crímenes del pasado”, afirmó Torres.
Además, importantes sectores del capital oligárquico tradicional, del capital “emergente” y los mismos militares de la derecha contrainsurgente, buscarán sus cuotas de poder en el nuevo gobierno. “Lo que más nos preocupa es que cuando hay choque de gigantes el que sale perdiendo siempre es el pueblo”, señaló.
Ante esta situación, Francisco Barillas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central SA-Coca Cola (STECSA), advirtió que entre los trabajadores organizados existe el temor de que pueda haber un retroceso en las conquistas laborales logradas durante décadas de lucha.
“Estamos a la expectativa de ver cuáles serán las primeras medidads del nuevo gobierno. Mientras tanto, vamos a seguir concientizando a nuestras bases y a reforzar la unidad de los trabajadores a nivel nacional e internacional, porque nuestro futuro pasa por la promoción y garantía de la negociación colectiva”, aseguró Barillas.
También para David Morales, secretario general de FESTRAS, la victoria electoral de Pérez Molina está creando un clima de incertidumbre. “Su gabinete va a estar conformado por miembros de la derecha económica del país que vuelven al poder. Como movimiento sindical vamos a observar muy de cerca el operato del gobierno y vamos a seguir fortaleciendo nuestra estructura, preparándonos para lo que venga”, concluyó Morales.