CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se Juzgado de Primera Instancia del mañana el transporte en el que Barillas sufrió un atentado a Interamericana. Por esta razón se Sergio Vives, hasta el momento haciendo averiguaciones. informo por parte del Sistema Penitenciario al municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la se trasladaban los presos políticos del caso de la altura del kilometro 34 de la carretera cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado no se reportan heridos, aunque aun se están

Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se realizaría en el Juzgado de este municipio.

Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro Miguel.

Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y violaciones al debido proceso.

Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber tenido debido proceso.

También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa. Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.

Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.

Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.

El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro, intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos democráticos, su vida y su futuro.

Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la imposición del Estado de Sitio.

Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e injustas.

Con información de: Licenciado Sergio Vives

Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo “para la pacificación”, y se prometió derechos “culturales” a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación.

Hace unos meses atrás, indígenas mayas de Santa Cruz de Barrillas, Huehuetenango, fueron brutalmente reprimidos (con dos asesinatos de por medio) por la guardia privada de una empresa de hidroeléctrica española y el Ejército de Guatemala. En aquel entonces, para escarmentar a los indígenas sublevados en contra de la empresa española, el democrático Gobierno de Otto Pérez dictó un Estado de sitio.

Ayer, jueves 04 de octubre, tuvimos que ir a conciliar el sueño con un nudo en la garganta porque nuevamente el Ejército salió en defensa de otra empresa transnacional, esta vez Energuate (empresa inglesa de energía eléctrica) y reprimió una pacífica movilización indígena matando a 7 indígenas, e hiriendo a otros 41 (según datos extraoficiales). Esta masacre ocurrió mientras el democrático Gobierno de Otto Pérez dialogaba con la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones, de Totonicapán, sobre sus demandas/propuestas de la nacionalización de la energía eléctrica, reformas a la Constitución Política y la problemática de la formación de maestros.

Para justificar aquel exterminio y saqueo jamás conocida por la humanidad, recurrieron a teorías filosóficas absurdas para auto afirmarse como la raza y civilización superior, y a nosotros nos redujeron a seres “infrahumanos”. Por tanto, sin derecho a tener derechos, ni reclamar lo nuestro. Así, los enviados de Dios para “evangelizar” el nuevo mundo, mediante la biblia y la espada, y civilizar a la humanidad, afianzaron el sistema del capitalismo mercantil sobre las cenizas de la dignidad de los pueblos y de la Madre Tierra.

Ollantay Itzamná.

Presidente guatemalteco admite disparos de militares contra campesinos

http://youtu.be/3-B2XhOQEMw

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8909

«Pero esto no es nuevo. Desde hace décadas que hemos sido testigos de cómo la prensa manipula descaradamente la información sobre las demandas Mapuche. En un sinnúmero de notas hemos visto cómo los profesionales de la comunicación nos han “mostrado” los supuestos vínculos que existirían entre Mapuche y diversos grupos armados»….

Por Gerardo Berrocal S.

En los últimos días las comunidades Autónoma Temucuicui, Tradicional Temucuicui y José Guiñón de Ercilla, han anunciado públicamente un nuevo inicio de actividades en el marco del proceso de recuperación territorial que por años han sostenido sobre tierras ancestrales, las que actualmente se encuentran en manos de particulares y de empresas forestales. Esta información ha sido dada a conocer principalmente a través de medios de Internet y redes sociales, estando –en un principio- ausente de los noticieros de las grandes cadenas de medios de Chile.

Estos mismos medios sin embargo, han dado una amplia cobertura a “atentados incendiarios” que se han producido en la región de la Araucanía, haciendo incluso una verdadera campaña de promoción de grupos armados creados bajo el subterfugio de la “autodefensa”, transmitiendo información sistemáticamente en los principales noticieros, relacionando de forma tendenciosa los “hechos de violencia” con el proceso de recuperación territorial de las comunidades Mapuche.

La Manipulación de la Información

Durante las últimas semanas, los principales medios de televisión abierta de Chile (canal 13 y TVN especialmente), radio, prensa escrita y sus versiones web, nos han invadido con una seguidilla de notas (des)informativas sobre atentados a fundos, a casas de pequeños parceleros, maquinaria agrícola y forestal, e incluso a una pequeña escuela de la comunidad de Chequenco. Si bien se ha constatado la veracidad de los hechos y muchos de ellos pueden haber sido intencionales y por consiguiente repudiables, los medios –malintencionadamente- han relacionado los hechos con las demandas territoriales Mapuche, aludiendo a que la violencia vendría de parte de las comunidades, atribuyéndoles responsabilidades sin tener antecedentes fidedignos, pruebas o resultados de investigación judicial alguna, más que sólo declaraciones de autoridades de gobierno, de fiscales, policías y de dueños de fundo, que por cierto, reafirman esta tesis.

La manipulación de la información que hacen los medios no es por casualidad o ignorancia. El destacado lingüista estadounidense Noam Chomsky, para advertirnos sobre la manera en que los poderes fácticos inciden en el comportamiento del público usando los llamados “medios masivos” de información, elaboró una lista de “Diez Estrategias de Manipulación Mediática”. En el número 2 de la lista describe la estrategia denominada “problema-reacción-solución”, es decir, “crear problemas y después ofrecer soluciones” y explica que consiste en que “se crea un problema\», una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad.

Cumbre de Seguridad en La Moneda

Debido a este “clima de violencia” latente en la Araucanía, el gobierno de Sebastián Piñera y su ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, el día martes recién pasado convocaron a una “Cumbre de Seguridad” en la que participaron autoridades regionales, jefes de carabineros e investigaciones, fiscales regionales y nacionales. Esta cumbre dio como resultado la implementación de 9 “medidas”, consistentes básicamente en el aumento de la dotación policial en la “zona de conflicto”, mayores recursos para el Ministerio Público y la Fiscalía y la implementación de un “Plan Especial de Seguridad”, reforzando con esto la estrategia de militarización y persecución policial y judicial ante las reclamaciones Mapuche.

Mientras el gobierno celebraba con ‘bombos y platillos’ la bullada “Cumbre de Seguridad”, a las afueras del palacio de La Moneda se vio una de las operaciones comunicacionales más burdas y patéticas del último tiempo (tal como el ya conocido caso “chocman”) en donde un grupo de alrededor de 20 supuestos agricultores se manifestaban portando carteles con consignas que exponían “a mi me quemaron la casa”, “nosotros también tenemos derechos humanos” y “justicia en la Araucanía”. Pero el montaje no perduraría. En entrevista con HispanTV, difundida por El Ciudadano, uno de los supuestos manifestantes reconoció que no conocía los hechos y que habían sido enviados por sus patrones. Los carteles y sus frases por cierto, no habían sido elaborados por ellos.

Los Medios y la Violencia Policial

Contrariamente, escaza cobertura han dado los medios a las víctimas de la violencia policial que se ha implementado en su contra, tampoco han dado espacio a sus werken (voceros) o al enfoque de las propias comunidades Mapuche afectadas, quienes han debido buscar el modo de dar a conocer los constantes desalojos y allanamientos a través de “medios alternativos” y redes sociales. Tan evidente ha sido la manera desproporcionada en que los medios han manejado la cobertura a los hechos de violencia v/s violencia policial, que incluso el organismo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, se vio obligado a pedir a los medios “dar mayor cobertura al conflicto en la Araucanía donde hay niños que están siendo víctimas de violencia”.

Así por ejemplo, el desalojo perpetrado este lunes por personal fuertemente armado de fuerzas especiales de carabineros en el “fundo La Romana” -demandado por la comunidad Tradicional Temucuicui- y que dejó como saldo 12 detenidos (entre ellos el Lonko Juan Catrillanca) y varios heridos, incluyendo niñas y niños, fue registrado por algunos canales de TV y corresponsales que llegaron al lugar, siendo testigos de la brutalidad del proceder policial y sus consecuencias. En sus noticieros sin embargo, emitieron la información del desalojo junto a imágenes de “atentados incendiarios”, sin aclarar que ocurrieron en otros lugares y en otros momentos, por el contrario, presentándolos con titulares como “nuevo ataque mapuche”, lo que claramente pretende desviar la atención de las consecuencias de la agresión policial.

Asimismo, hablaron de “enfrentamientos” sobre una situación en la que el personal policial llegó disparando lacrimógenas y balines a quemarropa a familias que se encontraban realizando un trabajo productivo pacífico (cultivo de trigo), llegando luego hasta el mismo hospital de Collipulli -donde integrantes de la comunidad se encontraban visitando a sus familiares heridos- y volviendo a disparar en su contra, dejando un saldo de al menos 9 heridos de diversa consideración, entre ellos, niños y niñas con serias heridas de balines y escopeta. Situación que incluso fue denunciada por la Defensoría Penal Mapuche ante la Fiscalía Militar de Temuco, pero que no fue informada claramente por los medios.

Ante la circulación en las redes sociales de fotografías que evidenciaban el innegable estado en que quedaron los heridos, los medios dieron espacio a las declaraciones de las autoridades. El general director de carabineros, Gustavo González Jure, dijo “desconocer” la situación y el seremi de gobierno y ex presentador de noticias de TVN (red Araucanía), Mauricio Ojeda, atribuyó la responsabilidad de que hayan sido baleados a los propios padres de los menores. El vocero de gobierno, Andrés Chadwick, señaló en una extensa entrevista a Canal 13 que “nadie quiere que esos hechos se produzcan pero tampoco queremos que a ese matrimonio de la tercera edad, con marido y jefe de hogar inválidos, con niños, les queman la casa en la noche\», mientras el presidente, Sebastián Piñera, aunque aseguró que la denuncia establecida por la comunidad “se está investigando”, destacó que el gobierno apoya “cien por ciento a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones porque ellos tienen la obligación de resguardar el orden público y arriesgan sus propias vidas, muchos de ellos han muerto, muchos de ellos están gravemente heridos”.

La Versión de las Comunidades Mapuche y la Cobertura de los Medios

El werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullan, la semana pasada había anunciado el inicio de actividades productivas en un predio que actualmente se encuentra en manos de particulares, en el marco del proceso de recuperación territorial, aclarando que es una acción pacífica. De la misma manera lo hacía el werken de la Comunidad Tradicional Temucuicui, Mijael Carbone, anunciando el ingreso a los fundos “Montenegro” y “La Romana”, actualmente en manos del agricultor René Urban.

Los medios por su parte, pasaron por alto estos anuncios y transmitieron, entre otras, imágenes de ataques incendiarios que terminaron con la destrucción total de la escuela de la comunidad de Chequenco, en donde estudian niños de las propias comunidades afectadas. Una vez más la prensa atribuyó responsabilidades a las comunidades Mapuche, contextualizando los hechos en las reclamaciones territoriales y el “conflicto Mapuche”.

Sobre este tema, Jorge Huenchullán, sostuvo a ADN Radio que “en la zona hay grupos que no son mapuche, que son paramilitares, hijos de agricultores, policías en retiro, que claramente nos están amedrentando y están haciendo este tipo de situaciones para inculpar a las comunidades mapuche\». Del mismo modo lo había afirmado previamente a Radio BioBio el werken de la comunidad Wente Winkul Mapu, Luis Melinao, descartando la responsabilidad y repudiando profundamente los hechos, señalando que “pudiera existir una acción que busque inculparlos, la que podría ser responsabilidad de agentes de Inteligencia”.

Por otra parte, el lonko de la Comunidad Autónoma Temucuicui, Víctor Queipul, refiriéndose a la “Cumbre de Seguridad” del gobierno y las medidas anunciadas, señaló a Radio Universidad de Chile que “rechazan tajantemente” el aumento de la dotación policial en la región, ya que se podrían repetir episodios como los de Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio y agregó que el gobierno “no da señales de responder a las demandas de las comunidades”.

La prensa ‘convencional’ sin embargo, poca o nada cobertura ha dado a estas declaraciones, abandonando su obligación de informar “objetivamente” y dejando la responsabilidad de dar cobertura a esta información a medios “alternativos” y a la difusión voluntaria en redes sociales, vulnerando con esto el derecho de las comunidades a comunicar la realidad desde su propia visión como Mapuche.

Una Historia de Manipulación

Pero esto no es nuevo. Desde hace décadas que hemos sido testigos de cómo la prensa manipula descaradamente la información sobre las demandas Mapuche. En un sinnúmero de notas hemos visto cómo los profesionales de la comunicación nos han “mostrado” los supuestos vínculos que existirían entre Mapuche y diversos grupos armados. En los 80’s era Sendero Luminoso, en los 90’s los Zapatistas, luego la ETA y después las FARC, las que alimentan la ilusión de autoridades, fiscales y periodistas ansiosos de ver florecer la mítica “guerrilla rural” operando en “la zona roja del conflicto Mapuche”.

De la misma forma, en un sinnúmero de ocasiones hemos visto cómo la prensa publica información sobre “hechos de violencia”, “ataques incendiarios”, que luego da justificación para la aplicación de la Ley Antiterrorista, ley creada bajo la dictadura de Pinochet, que les otorga ciertas ventajas a los organismos persecutores, como la utilización de “testigos sin rostro”, la aplicación de largos periodos de “prisión preventiva” y el considerable aumento de las penas carcelarias. Muchas de estas causas finalmente han sido sobreseídas por falta de pruebas o por irregularidades en los procesos. Pero aunque los supuestos hechos que han dado origen a las causas han sido difundidos ampliamente por la prensa, cuando los integrantes de comunidades Mapuche han sido sobreseídos, esta información ya no es de la misma relevancia noticiosa para los medios chilenos.

Así, los principales medios “masivos” que operan en Chile, de manera totalmente irresponsable, discriminatoria y prejuiciosa, faltando a toda ética profesional y comunicacional, tergiversan burdamente la realidad y (re)buscan la manera de plasmar en la retina del espectador la deformada imagen del “Mapuche violentista” y “Mapuche terrorista”, atribuyendo con total impertinencia hechos delictuales a reivindicaciones de carácter político y social, como lo son las demandas de derechos territoriales, construyendo una “realidad” mediática que favorece las políticas represivas del estado chileno y los intereses de grandes grupos empresariales que mantienen pretensiones económicas sobre el territorio Mapuche, como lo es por ejemplo, el multimillonario negocio forestal.

INFORMACIÓN RELACIONADA:

Video Comunidad Autónoma Temucuicui en proceso de recuperación productiva de tierras http://www.youtube.com/watch?v=Q6NEhZc2xxM

Blog Comunidad Autónoma Temucuicui: http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/

Blog Comunidad Tradicional Temucuicui: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com

Nota El Ciudadano: http://www.elciudadano.cl/2012/07/25/55376/carabineros-recrudece-violencia-en-temucuicui/

Nota Radio Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/noticias/163364/

Nota en La Opiñon: http://www.laopinon.cl/noticia/mapuche/cumbre-de-seguridad-por-la-araucania-por-que-no-hay-representantes-mapuche

Nota en Mapuexpress: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8895

Nota TVN: http://www.24horas.cl/noticias/nuevo-ataque-mapuche-en-ercilla-233610

Nota sobre TVN en Mapuexpress: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8809

Noam Chomsky, “Las Diez Estrategias de Manipulación Mediática”: http://www.revistacomunicar.com/pdf/noam-chomsky-la-manipulacion.pdf

http://fraukedecoodt.wordpress.com/2012/07/15/dividir-y-vencer/

Con regalos, dinero y violencia, la minera canadiense Goldcorp ha divido a las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahaucán, en Guatemala. El inicio de los trabajos en la Mina Marlin ha causado mucho daño. No solamente ambiental. El proyecto minero también ha impactado en la cohesión social de las comunidades y en su relación cultural con la tierra.

Doña Deodora solamente tiene un ojo. El otro lo perdió una noche de 2010 cuando vecinos y trabajadores de la empresa minera le dispararon frente a su casa. No había sido la primera vez. Años atrás, una autoridad local la amenazó con un machete sobre su cuello. Si no la hirió fue porque Doña Deodora tenía a su hija pequeña en sus brazos.

Doña Deodora cuenta su historia en un castellano vacilante, mezclado con el Mam, su idioma nativo. Esta mujer indígena tiene 58 años y una apariencia frágil y humilde. Sobrevive pastoreando  animales en sus tierras. San Miguel, una comunidad del municipio San Miguel Ixtahaucán, en el departamento San Marcos, cerca de México, siempre ha sido una región aislada en las montañas. Sus habitantes originarios viven principalmente de la agricultura de subsistencia y de trabajos temporales en las fincas cafetaleras de la costa. Pero en 1996, el mismo año en que se firmaban los Acuerdos de Paz[1], la minera canadiense Goldcorp puso sus ojos sobre sus tierras. En 2005, a través de su filial Montana Exploradora, empezó a explotar oro y plata en la Mina Marlin.

“Ataques de nuestros propios hermanos”

A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia. Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.

La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando lideres, gente para dividir y romper la lucha.”

Dividir con regalos

San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad indígena, “pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias. La empresa llegó engañando”.

Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a las autoridades locales para ganar su apoyo.

El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión. La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan posibilidades”.

Desarrollo… ¿para quién?

Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.

“La empresa no esta aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[2], fuerza impulsora de la resistencia contra la mina.“Está aquí para hacer ganancias”. En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son públicos. Noe Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para la mina. La empresa esta generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos igual. Beneficio general no hay”.

Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones nacionales e internacionales[3]. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010 la CIDH[4] ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.

Dividir con  violencia

“Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería, empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de Bamacá, fueron aterrorizados.

“Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo Yuc. Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.

La tierra no se vende

Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos?  El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia identidad”.

No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra. Las palabras de Noe Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el preció de oro aumentó más de 150% y de plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad social”.

La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los pueblos indigenas como dice Noe Navarro. Lencho expresa con palabras una convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si tengo que demarrar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.

 [1]    Guatemala vivió un conflicto contra-insurgente de 36 años en donde, según las Naciones Unidas, 200.000 personas murieron, hubieron 50.000 desaparecidos y casos de genocidio. 95% de los crimenes fue cometido por el ejercito. Uno de las causas principales del conflicto era la distribución desigual de la tierra cuando 2% de la población controlaba 70% de la tierra fértil. Varios de los grandes terratenientes eran multinacionales. No ha cambiado mucho en Guatemala.

 En abril 2012 Goldcorp presentó a sus inversionistas el plan para restaurar San Miguel una vez que cierre la mina en 2018. Goldcorp prevé gastar $29 millones en restauración pero apartó solamente $1 millón. Expertos independientes estiman los costos a por lo menos $49 millones. Según Amenstia Internacional, si depende de Goldcorp esta región pobre pagará los daños ambientales que deje la minería.

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Para informacion o contactos

• Frente Miguelense contra la Minería (FREDEMI)
• Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahaucán (ADISMI) www.adismi.wordpress.com
• Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) www.copaeguatemala.org
• Mining Watch www.miningwatch.ca/
• CATAPA www.catapa.be

http://colectiva.net.tc/centrodemedios/atentado-en-contra-de-lolita-chavez-del-consejo-de-pueblos-k´iche´s/

La dirigente Lolita Chávez del Consejo de Pueblos K´iche´s  (CPK), organización integrada al Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), fue atacada por hombres armados, el 4 de julio, alrededor de las 16:00 horas, mientras retornaban a la cabecera departamental del Quiché, tras una manifestación pacífica.

El ataque se produjo en los alrededores de la comunidad Xetinap Quinto, La Laguna, donde integrantes del CPK fueron emboscadas por hombres armados, que arremetieron contra las comunitarias con palos, machetes y navajas, dejando heridas a cuatro mujeres. Las agredidas narraron que los atacantes exigían a gritos se les señalara quién era Lolita Chávez. La dirigente comunitaria se encuentra a salvo.

Pese a dar aviso a las fuerzas de la Policía Nacional Civil de la región, fueron las autoridades comunitarias las que auxiliaron a las personas heridas. Los policías al llegar al lugar del hecho continuaron con la intimidación contra la población, quienes huyeron a las montañas por temor a ser objeto de cualquier otra agresión. previamente recibieron amenazas del Alcalde de la población, quien acompañado de miembros del ejército, llegó a comunidades como Xetinap para amenazar a miembros de CPK que se oponen a varios proyectos extractivos eléctricos.

El CPK organizó una manifestación pacífica en Santa Cruz del Quiché para denunciar “las actitudes racistas y prepotentes que el alcalde Estuardo Castro del Partido Patriota (PP) está teniendo en contra de los pueblos indígenas, así como por la corrupción que ha demostrado su temprana administración”. Desde las ocho de la mañana del 4 de julio, se movilizaron unas 400 personas hacia la carretera que une sus poblados con la cabecera departamental.

Ésta no es la primera vez que el CPK sufre persecución. Anteriormente han sido acosados por medio de ordenes de captura contra sus dirigentes, y el pasado 12 de junio dos hombres asesinaron a José Tavico Tzunun, en la comunidad Sibacá III del municipio de Santa Cruz del Quiché.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8782

El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirma que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.

Por Darío Aranda.- “La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.

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El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo.

También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas.

El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”.

“Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa).

Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno.

El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”.

El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena.

Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional.

El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.

Los desaparecidos y desaparecidas, están en todas partes

La desaparición forzada en Guatemala no es un hecho del pasado. Es un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible instaurado en América Latina, que también permanece vigente por su continua utilización como mecanismo de control social y dominio político; así como por la impunidad que persiste sobre los hechos cometidos y que hoy se expresa, entre otras cosas, en la reconfiguración de las estructuras de poder que articularon, financiaron y callaron estos crímenes.

Tras la desaparición forzada se quiso instaurar el miedo en la población para desarticular los procesos organizativos, negar información sobre el paradero de las personas desaparecidas, su propia existencia y la de sus procesos políticos transformadores.

No es, ni ha sido un hecho caprichoso o aislado. Todo lo contrario. La desaparición forzada desde mediados de los años cincuenta, por no irnos más atrás, ha sido la opción política de oligarcas, empresarios y militares a través de distintos regímenes y gobiernos con el fin de aniquilar la oposición a su modelo de sociedad racista, explotador y excluyente; que fue adelantada desde las distintas expresiones de resistencia y lucha en Guatemala, como por ejemplo: las “jornadas de marzo y abril” impulsadas por los estudiantes; la crítica política y social de grupos culturales como Vanguardia;  las movilizaciones y huelgas contra la dictadura impulsadas por la Central Nacional de Trabajadores (CNT); las propuestas de información alternativa como el periódico El Estudiante;  así como las expresiones comunitarias como la Liga Campesina; populares como el Comité de Unidad Campesina (CUC); partidarias como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las diversas expresiones revolucionarias.

Entonces no es casualidad que quienes hoy nos faltan fueran quienes estaban arando la tierra para que de esta no dejara de brotar lo bello de la vida, cultivando la milpa, amasando el maíz en las mañanas para que comer no fuera un privilegio, dejando el lápiz por el fusil para defenderse del terror impuesto, soldando el hierro para que el trabajo fuera digno y no explotado, caminando la palabra para que pensar distinto fuera un derecho y no un delito.

Tampoco es casual que quienes transitamos en su búsqueda, nos encontráramos exigiendo la devolución con vida de nuestros seres queridos en el destacamento militar o en la estación de policía.

Muchas fueron y son las evidencias que obligan a ligar este delito al terrorismo de Estado, pues fue perpetrado mediante planes estatales, milimétricamente diseñados para quitar de en medio a quienes fueron considerados “enemigos internos”, como el Plan de Campaña Victoria 82, el  Firmeza 83 o, el mismo Manual de Guerra Contrainsurgente; así como documentados en el hoy conocido como Diario Militar; hechos que hoy mutan en otras formas de represión como la militarización del pensamiento y la vida cotidiana, la imposición del Estado de Sitio, los desalojos, el autoritarismo -hoy llamado “mano dura”- como método para gobernar;  y la política de seguridad que privilegia el señalamiento y estigmatización de las luchas sociales, campesinas y estudiantiles para esconder problemáticas que tienen raíces profundas y estructurales.

Hoy, en el día nacional contra la desaparición forzada en Guatemala, observamos con preocupación cómo desde el poder político, económico, mediático y militar se intenta cubrir con una política de olvido la verdad de estos hechos, la verdad de lo ocurrido con los más de 45 mil mujeres, hombres, niños y niñas desaparecidas/os.

Una política de olvido que se sustenta en discursos que pretenden legitimar la idea de violencia como actos necesarios y valientes, a los victimarios como héroes y, la recuperación de la historia como innecesaria. Bajo esta cortina de humo se justifican hechos como el cierre de la Dirección de los Archivos de la Paz que permitiría un avance en términos de verdad y justicia en los casos de las niñas y niños apropiados ilegalmente, en la búsqueda de las personas desaparecidas y en el conocimiento de los responsables -materiales e intelectuales- de estos hechos.

Es evidente que, aunque se han conseguido avances importantes en la judicialización de algunos de los responsables, aumenta la deuda histórica que el Estado tiene con las personas desaparecidas y sus familiares, pues se instala el olvido negando los hechos y se utilizan medidas como la muerte presunta para asegurar la impunidad y aumentar las condiciones de vulnerabilidad de las familias.

Se pretende borrar la historia como se pretendió poner en “ninguna parte” a nuestros padres, madres, hijos e hijas, compañeros; a sus luchas, sus ideas y sus sueños. Sin embargo, ante la amnesia cínica de los represores, salimos al paso con nuestros manos que construyen, tejemos la memoria con los/as desaparecidos/as; ellas y ellos están en la sabiduría de este pueblo que resiste al sometimiento, en los que luchan por la tierra, en la dignidad de quienes alzan su voz contra los genocidas. Los desaparecidos y desaparecidas son la semilla de la que nace la rebeldía, ellos y ellas están en todas partes.

Guatemala 21 Junio de 2012

H.I.J.O.S. Guatemala

ESTE 21 de JUNIO 2012
Dia Nacional contra la Desaparición Forzada
PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA,
PROHIBIDO OLVIDAR
a las 4 PM frente a la CNT
(9a ave. entre 3y 4a calle)
posteriormente nos dirigiremos en una marcha para el Parque Central en donde se llevara Acabo un Acto Politico Cultural desde las 5 PM
y palabras de los familiares de los Detenidos Desaparecidos

El jueves pasado, a eso de las 19 horas, fuerzas especiales de carabineros detuvo a Mariano Llanca Tori, Juan Queipul Tori, Carlos Manquel Toledo y Pablo Huañaco Curinao en la ciudad de Ercilla, acusados por la Fiscalía de quemar una camioneta.

Los cuatro comuneros pertenecen a las comunidades Autónoma de Temucuicui y Coñomil Epuleo de Collico, quienes fueron llevados a la comisaría de la ciudad de Collipulli, lugar donde pasaron la noche.

Luego el viernes, se realizó el control de sus detenciones en el Tribunal de Garantía de dicha ciudad, a solicitud del fiscal del Ministerio Público, donde se les amplió la detención hasta el lunes, es decir, detenidos sin que se les presentaran cargos formales, seguramente, por falta de antecedentes.

El tribunal fijó audiencia de formalización de cargos para el día lunes 18 de junio, adelantando que serán acusados y formalizados de atentado incendiario y robo con intimación, no señalando el hechos especifico por el cual son supuestamente los responsable.

Finalmente, fueron llevado a la cárcel de la ciudad de Angol, mientras por la prensa chilena se dio a conocer que están siendo involucrados en el incendio de una camioneta, supuestamente de contratistas de Movistar.

http://paismapuche.org/?p=4543

Erick Montoya desde la cárcel de Angol
Relato de su brutal detención:

Estaba en mi casa levantándome ese día, cuando sentí un golpe en la puerta y carabineros entró golpeando la pieza de mi mamá y la mía, apuntando y botando boca a bajo a todos.

Estaban en la casa mi mamá, mi hermanita chica de 4 años, mi polola y yo. Cuando de repente escuché que comenzaron a disparar afuera a mi abuelo, a mis tíos y tías, porque ellos viven al lado. Ellos me sacaron a tirones a afuera y al salir al patio me dispararon de frente, dos veces, una en la pierna y costillas y otra en el cuello.

De allí varios pacos me llevaron para la quebrada que está atrás, me pateaban mientras caminaba y no podía avanzar. De tanto que me pegaban patadas y luego palmazos en la cara, me decían “..erís tú weon , erís tú weon…”.

Yo estaba esposado y no veía a nadie, no veía a mi mamá, ni mi hermanita y mi polola, solo escuchaba a lo lejos los gritos de mi mamá y de gente.

Me tiraron al piso y entre 3 pacos me pateaban, sentía que me golpeaban pero no podía hacer nada y en un momento uno trato de doblarme el cuello para que lo enderezara para pegarme en la cara con su bota y sentí como dos patadas fuertes en la cabeza y luego me tomó del pelo y me echó hacia atrás de nuevo el cuello y sentí una patada en la cara y de allí no me acuerdo más.

Yo vine a despertar cuando me hablaban para control de la detención y no entendía nada…

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Desde la cárcel de Angol, ERICK MONTOYA MONTOYA envía su mensaje a las comunidades

Lo único que puedo decir de la lucha a mis peñi, que si nosotros no luchamos por nuestras tierras, no tenemos lo que queremos. Porque nosotros no luchamos por maldad o por querer hacer desorden como lo llaman… nosotros luchamos por nuestra tierra, para salir adelante.

Lo que carabineros hace en contra del pueblo mapuche es una maldad, es represión que estamos llevando hace un largo tiempo y hay que seguir no más.

Recién me enteré que estaba acusado de intento de asesinato a carabineros. Ellos nos echan la culpa y no es así, ellos se autodisparan entre ellos y montajean a los peñi, no somos los únicos.

Yo les digo a la gente que harto newen y esta lucha es larga, seguir pa’ delante no más, aunque me hayan sacado la cresta, aunque nos saquen la cresta de nuevo, seguir adelante no más y no tenerles miedo por que Chawnechen está mirando.

A mi gente de la comunidad les digo que no se preocupen por mi, que voy a estar bien y que ellos sigan pa’ adelante y que sigan luchando.

El estado chileno no nos va a sacar de la lucha a menos que nos quite la vida.

Mi mensaje es :

A Temucuicui, que ha llevado una lucha histórica, que no se deje morir. Harto newen a los peñis y las lamienes. Y la comunidad de José Guiñón harto newen, que esta lucha es larga y que no nos vamos dejar morir aunque nos saquen la cresta, nos encierren, nos quiten nuestra libertad, vamos a seguir luchando hasta que recuperemos la tierra, nuestra fuerza y fortaleza que tenemos y a todas las comunidades que nos han apoyado y que me han apoyado, que sigan adelante y lo mismo le digo a mi madre, que esta lucha es larga y que daré la lucha hasta morir, que se cuide harto y enfrentar a los winkas y que la Quiero mucho.

Acabo de cumplir 20 años, somos 3 hermanos y mi mamá.
En este momentome duele mucho el cuello y no puedo moverlo. Me duelen los pulmones y me cuesta hablar, me canso. Tengo 4 impactos de perdigones, dos en el cuello, las costillas y la pierna.