desobedece

http://subversiones.org/archivos/29449

Por Susana Norman (Centro de Medios Independientes-Guatemala)
Fotografías: CPR Urbana y Susana Norman
Video: Susana Norman

http://www.youtube.com/watch?v=a6FvfCJuuFA&feature=player_embedded

Podrán cortar todas las flores pero siempre volverá la primavera.
Florecerá Guatemala
Cada gota de sangre,
cada lágrima,
cada sollozo apagado por las balas,
cada grito de dolor
cada pedazo de piel
arrancado por el odio
de los antihombres,
florecerán.
El sudor que brotaba
de nuestra angustia
huyendo de la policía,
y el suspiro escondido
en lo más secreto de nuestro miedo
florecerán.
Hemos vivido mil años de muerte
en una patria que será toda
una eterna primavera.

Julia Esquivel

El 30 de junio pasado alrededor de 500 personas acompañaron a la organización guatemalteca Hijos e Hijas por la identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. Guatemala) en la marcha llamada Ofensiva de la memoria: Esta es Nuestra Historia, Esta es Nuestra Memoria. La marcha, que tomó las calles de la Ciudad de Guatemala, y culminó enfrente del Palacio Nacional, es la quinceava vez que  H.I.J.O.S. realiza esta acción un 30 de junio desde que la organización nació el 30 de junio, 1999.

Hijos  de una paz truncada

Han sido 15 largos años en la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia de esta organización guatemalteca. El momento histórico en el que nace es crucial para entender su caminar durante década y media. Cuatro años antes, en 1996, la dirección de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca Nacional (URNG) había firmado los Acuerdos de Paz con el Gobierno y el ejército de Guatemala. Los Acuerdos de Paz procuraban terminar una guerra que desde el golpe de estado del 1954 dejó más de 200 mil asesinados, más de 45 mil desaparecidos, millón y medio de desplazados internos y exiliados, y más de 440 comunidades indígenas enteras arrasadas por las fuerzas castrenses.

Un año antes de que naciera H.I.J.O.S., en abril de 1998, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, coordinada por el obispo Juan José Gerardi Conedera, había publicado el proyecto inter-diocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) Guatemala: Nunca Más. Dos días después, el 26 de abril de 1998, Gerardi fue brutalmente asesinado en la casa parroquial de San Sebastián en el centro de la Ciudad de Guatemala. El asesinato mostró que los Acuerdos de Paz estaban lejos de deconstruir las estructuras represivas del Estado, e impactó fuertemente en quiénes habían puesto fe y esperanza en el proceso de paz en Guatemala.

Un año después, en 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), de las Naciones Unidas presentó su informe Memorias del Silencio, donde revela que 93 por ciento de las atrocidades cometidas en contra de la población guatemalteca fueron realizadas por los aparatos represivos del Estado, tanto regulares como irregulares.

La CEH confirmó que entre los años 1981 y 1983,  tiempo que correspondía a los periodos en los que Romeo Lucas Garcia y Efraín Rios Montt estaban en el poder, el Estado guatemalteco identificó a grupos del pueblo maya como enemigo interno, y cometió genocidio en contra de los cuatro grupos lingüísticos Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj, en Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán del Norte de Huehuetenango; Maya-Ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché; Maya-K’iche’ en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, Quiché; y Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz.

Álvaro Arzú Irigoyen  era el presidente en el país, reconoció solo 8 de las 14 recomendaciones de la CEH a través de anuncios pagados en dos periódicos nacionales en el mes de marzo el mismo año.  Dejó fuera algunos de los puntos más importantes que trataban el genocidio, la búsqueda de los cementerios clandestinos y las recomendaciones sobre investigaciones a las desapariciones forzadas.

La negación del gobierno de Arzú en seguir las recomendaciones de la ONU, previstas por los Acuerdos de Paz, visibilizó que las fuerzas castrenses continuaban presionando al Estado para frenar los procesos de verdad y de justicia que la sociedad civil guatemalteca clamaba. A la vez el ex-general Efraín Ríos Montt, entonces fundador del partido FRG y diputado en el Congreso Nacional, negó que el genocidio hubiera ocurrido.

En mayo el mismo año, el Diario Militar salió a la luz pública, lo que sacudió de nuevo al país. El documento que después llegó a ser llamado el Dossier de la Muerte había pertenecido a una Unidad Militar y fue filtrado por algún oficial del ejército que hasta hoy día ha resguardado anonimato.

El Diario Militar contenía los nombres de 183 individuos que fueron desaparecidos entre agosto 1983 y marzo de 1985. La mayoría de las fichas aparecen marcadas con «código 300», que significaba que la persona ya había sido ejecutada; en muchos casos después de meses en el cautiverio militar bajo torturas. El Diario Militar probó la existencia de un minucioso sistema de exterminio de aquellas voces que el Estado consideraba los enemigos del orden establecido y obstáculos para los intereses económicos y políticos de las oligarquías en el país.

Los primeros pasos, una marcha

En la Ciudad de Guatemala muchas organizaciones se habían debilitado u ONGizado como resultado de la cooperación internacional. Otros habían hecho carrera política. Muchos jóvenes huérfanos de la guerra, buscaban formas más combativas de luchar por la memoria, la verdad y la justicia en el país.

En el clima político marcado por el hallazgo del Diario Militar, el REMHI,  la CEH y a la vez claras muestras de que el poder militar no era historia, sino que presente, H.I.J.O.S. Guatemala dio sus primeros pasos. Wendy Méndez, una de las fundadoras de H.I.J.O.S., había retornado del exilio en Canadá un año antes. Huérfana de la guerra, ella había conocido otros latinoamericanos exiliados en Canadá, y por medio de estas personas había escuchado sobre las iniciales experiencias de H.I.J.O.S. argentinas y uruguayas. Con el apoyo de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) comenzó a buscar otros jóvenes con la misma rebeldía, con las mismas inquietudes. Muchos eran hijos o sobrinos de los y las desaparecidos, cuyos nombres y fotos formaron parte de los 183 destinos revelados en el Diario Militar. Se reunió un grupo de 15 jóvenes, número que se ha mantenido a lo largo de los años, aunque en las acciones son muchxs más. Después de realizar reflexiones colectivas decidieron llamarse  H.I.J.O.S.

«Había que realizar una primera acción», cuenta Flor de María Calderón, quien entró en H.I.J.O.S. pocos años más tarde. Se decidió que la primera acción fuera una marcha para exigir la desmilitarización en el país, para no permitir que el desfile anual del ejército, realizado cada 30 de junio, pudiera llevarse sin ser fuertemente rebatido. La iglesia progresista también había tomado iniciativa para resignificar aquella fecha. El Padre Hermógenes López fue  asesinado un 30 de junio de 1978, en su parroquia en San José Pinula. El Padre murió a pocos días de haber presentado un cuestionamiento al ejército por la represión que ejercía en contra de la población del país. Por eso, él fue uno más entre muchas víctimas de la Iglesia Católica progresista durante los años de la guerra.

Fotiografía: CPR Urbana

Fotiografía: CPR Urbana

Fotiografía: CPR Urbana

Inventar y re-inventar la lucha

El uso de la creatividad y el arte en la lucha, es quizás una de los temas que ha caracterizado el caminar de H.I.J.O.S. a lo largo de sus 15 años. Tenemos el término Embuscadas por ejemplo. «El hacer embuscadas es un juego de palabras», cuenta Flor de María. «Es una combinación de ir en busca de, y de emboscadas. No es que seamos guerreristas, pero sí reivindicamos la lucha armada, y entendemos que era lo que les tocaba hacer en aquel momento. No permitimos que se estigmatice esa lucha».

Las Ofensivas de la Memoria es otra. «Es un intento de disputar la memoria. Queríamos una memoria des-victimizada. Queríamos una memoria desde la alegría. No nos considerábamos víctimas perdedores. Éramos hijos de revolucionarios, sobrinos de revolucionarios. No queríamos recordar y llorar. Queríamos seguir luchando, hacer la revolución», recuerda Flor de María. Otras frases que han titulado las acciones de H.I.J.O.S han sido por ejemplo; Parados sin botas en la estación de la memoria y luego No quiero armarte, quiero desmilitarizarte.

Porqué te indignas si pinto con mi grito tu pared, si los ricos el ejército han manchado con sangre nuestra historia, es otra que hacía referencia a las críticas que el colectivo ha recibido por sus constantes empapeladas y pintas en la Ciudad de Guatemala, exigiendo que las paredes urbanas mantengan viva la memoria de los y las desaparecidos, para que el pueblo no les olvide, y que no olvide su historia.

Siento que una de las cosas más ricas que hemos tenido durante estos 15 años es la construcción colectiva y el intentar escucharnos (…) Habíamos visto en lo que se convirtió la URNG, habíamos visto el proceso de los Acuerdos de Paz. De ahí la crítica a la verticalidad, y la importancia en fomentar una construcción colectiva con otras prácticas.

Siempre fueron horizontales, no sin discusión.  Era romper con las viejas prácticas, y empezar a escuchar la palabra del otro, de la otra. No fue sin desafíos.

No es fácil cuando no tienes un proyecto político concreto. No hay transmisión de memoria o de ejemplos. En un inicio teníamos una práctica que era el Objeto Sagrado, que era un ritual que Wendy había aprendido de los pueblos indígenas en Canadá. Cuando tenías el objeto sagrado en las manos, nadie te podía interrumpir, y compartías con lxs demás una historia, o algo que les querías decir. Lo hicimos por 10 años, cada sábado.

La organización seguía inventando sus formas de lucha. Era un tiempo en que el internet todavía no brindaba la inmensa cantidad de páginas, blogs, textos y foros, como hace hoy. El estudiar procesos ajenos a la realidad guatemalteca no era fácil, y quizás tampoco era la tarea más importante. Fue hasta en el 2010 que se realizó un encuentro con los otros H.I.J.O.S., de países latinoamericanos que estaban en guerra todavía, o que estaban inmersos en complicados procesos «post-guerra», como Guatemala. «Vimos que nuestras formas de lucha se parecían, sin que nos hubiéramos conocido antes», recuerda Flor de María. «Los argentinos hacían scratch, mientras nosotrxs las Embuscadas, pero eran lo mismo, o muy parecidos».

 «No éramos cuadros políticos de nadie, leíamos solos, o nos peleábamos con los ONGs para que nos apoyaran con algo de formación, en educación popular o lo que fuera, y después lo compartíamos en el colectivo (…) Por un tiempo teníamos el proyecto de Remij, que era la Recuperación de la Memoria Histórica de la Juventud, que era ir con CEH y Remhi debajo del brazo, recuperando la memoria. Pero no estábamos recuperando la memoria, estábamos repitiendo como loritos lo que decía la comisión. Pero no estábamos mal, así aprendimos. Fueron nuestros primeros pasos». Otras acciones han sido las de Sombras Nunca Más, en las que se trazaban las siluetas de los y las desaparecidos, mientras el Rally de la memoria, pretendía pasar por lugares importantes para la memoria histórica.

Memoria, un territorio en disputa

Una de las consignas recientes de H.I.J.O.S. ha sido «Memoria, territorio en disputa».

Somos como una comunidad, o un colectivo de personas. Somos jóvenes urbanos, por ende somos los despojados de todo, no hay un lugar para nosotros. Entonces lo que nos ha dado nuestro piso, acobijo o territorio es la memoria,

explica Flor de María.

Sin territorio una comunidad se muere, porque el territorio nos da el origen. Por eso tomamos la memoria, ese lugar donde se guardan los tiempos, ese lugar común, que es nuestra memoria. Ahí encontramos el origen, nuestra identidad, nuestro sentido. Pero está en disputa, y se está tratando de desaparecer. Porque de la memoria no se puede sacar plusvalía.

Acciones fuertes

Los 30 de junio han sido las fechas para las acciones más fuertes en el espacio publico, y han sido diversas. Desde las marchas por la memoria, hasta meterse en el Cuartel general del ejército de Matamoros, en el 2003. En el 2007, lxs H.I.J.O.S. se  metieron dentro del desfile militar en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, el cual estaba acordonado por la Policía Militar. Expandieron una enorme manta con las letras «Ejército Asesino», hasta que lograran salir de tal infierno verde. Aquel año su acción generó un amplio debate sobre el ejército en el país, y finalmente, el año siguiente, 2008, el desfile militar fue cancelado. En el 2012 la acción fue realizada en San Juan Sacatepéquez, donde se estaba imponiendo el nuevo destacamento militar para proteger la explotación minera de Cementos Progreso. En el 2013 la consigna era «Yo también soy Víctima del Genocidio», en solidaridad con el pueblo Ixil, que vieron sus anhelos de justicia truncados cuando la sentencia contra el ex general Ríos Montt fue anulada el 20 de mayo 2013.

«Intentábamos hacer acciones cada vez más fuertes para llamar la atención», cuenta Flor de María, que considera que a pesar de la falta de apoyo en el comienzo, hoy en día el colectivo tiene más respaldo en la población.  «Para muchos, que aún creían en la firma de la paz, lo que hacíamos entorpecía. Para ellos éramos muy radicales, o no escuchábamos, o éramos resentidos, violentos. Tal vez de alguna manera estábamos atacando la comodidad de la gente». Quizás la historia les dio la razón. Una rápida mirada a los giros en el sistema de justicia los últimos años, sugiere, para el ingenuo, debilidades en el sistema de justicia, mientras para quién vivió la guerra sugiere que aquellos poderes que causaron tanto daño todavía intentan aplastar al país con la bota oligárquica-militar. «Cada vez es más importante hacer una revalorización de los hechos históricos… re-entenderlos, debatirlos», dice Flor de María.

Los actuales procesos de Justicia

H.I.J.O.S es una de las organizaciones que estuvieron activos durante el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt el año pasado. Las empapeladas en el centro aumentaron, y la organización convocó a varias acciones de solidaridad y apoyo cuando el sistema de justicia -corrupto y politizado- permitió la anulación de la sentencia del genocida Ríos Montt. También están cerca del proceso del Diario Militar, que está comenzando en tribunales nacionales después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en contra del Estado de Guatemala en 2012.

¿Cómo percibe H.I.J.O.S. estos procesos de justicia, cuando la sentencia histórica de una jueza, en este caso de Yassmin Barrios (quién posteriormente fue objeta de suspensión en el colegio de abogados), evidentemente no significa que el sistema de justicia haya madurado?

Justicia es mucho más que un castigo. Hemos debatido este caso en el interior de H.I.J.O.S. , y si la anulación de la sentencia fue un retroceso real o no. Creo que el retroceso fue más así para el propio sistema de justicia con sus normas y reglas. Claro que prefiero a Claudia Paz y Paz como fiscal que la que está ahora, pero no es por eso que yo lucho. Sigue siendo un sistema de justicia de ellos. Es el mismo sistema de justicia que sigue permitiendo que despojen a las comunidades. Que podemos esperar de ese sistema de justicia? (…) Sin embargo, queremos apostar a los procesos jurídicos a los que los sobrevivientes apuestan. Por eso acompañamos al pueblo Ixil, por eso acompañamos el proceso del Diario Militar. La justicia era para nosotrxs sobre todo que escuchen a los pueblos. Esos espacios son importantes en cuanto posibiliten a los pueblos un espacio para contar su historia, y que todos los escuchen. Porque son elementos importantes en la emancipación del sentido común, que en Guatemala está colonizado.

Este viernes 30 de Agosto, diversas organizaciones de sobrevivientes y familiares de Desaparecidxs en Guatemala se darán cita de 9 AM a 12 PM, en el parque central, Para recordar a los 45 mil desaparecidxs en la guerra. Lleva la foto de tu familiar.

http://www.commondreams.org/headline/2013/04/19-1

A firsthand behind-the-scenes account of how Guatemala’s current President and threats of violence killed the case.

General Efrain Rios Montt

by Allan Nairn

For a while it looked like Guatemala was about to deliver justice.

But the genocide case against General Efrain Rios Montt has just been suspended, hours before a criminal court was poised to deliver a verdict.

The last-second decision to kill the case was technically taken by an appeals court.

But behind the decision stands secret intervention by Guatemala’s current president and death threats delivered to judges and prosecutors by associates of Guatemala’s army.

Many dozens of Mayan massacre survivors risked their lives to testify. But now the court record they bravely created has been erased from above.

The following account of some of my personal knowledge of the case was written several days ago. I was asked to keep it private until a trial verdict had been reached:

«It would be mistaken to think that this case redounds to the credit of Guatemala’s rulers.

It was forced upon them from below. The last thing they want is justice.

But they agreed to swallow a partial dose because political forces were such that they had to, and because they thought that they could get away with sacrificing Rios Montt to save their own skins.

I was called to testify in the Rios Montt case, was listed by the court as a ‘qualified witness,’ and was tentatively scheduled to testify on Monday, April 15. But at the last minute I was kept off the stand ‘in order to avoid a confrontation with the [Guatemalan] executive.’

What that meant, I was given to understand, was that Gen. Otto Perez Molina, Guatemala’s president, would shut down the case if I took the stand because my testimony could implicate him.

Beyond that, there was fear, concretely stated, that my taking the stand could lead to violence since given my past statements and writings I would implicate the ‘institutional army.’

The bargain under which Perez Molina and the country’s elite had let the case go forward was that it would only touch Rios Montt and his co-defendant, Gen. Mauricio Rodriguez Sanchez. The rest of the army would be spared, and likewise Perez Molina.

On that basis, Perez Molina, it was understood, would refrain from killing the Rios Montt trial case, and still more importantly would keep the old officer corps from killing prosecutors and witnesses, as well as hold off any hit squads that might be mounted by the the oligarchs of CACIF (the Chambers of Agriculture, Commerce, Industry and Finance). (Perez Molina has de facto power to kill the case via secret intervention with the Constitutional and other courts.)

This understanding was seen as vital to the survival of both the case and those involved in it. Army associates had already threatened the family of one of the lead prosecutors, and halfway through the trial a death threat had been delivered to one of the three presiding judges.

In the case of one of those threatened a man had offered him a bribe of one million US dollars as well as technical assistance with offshore accounts and laundering the funds. All the lawyer had to do was to agree to stop the Rios Montt case.

When that didn’t work, the angle changed: the man put a pistol on the table and stated that he knew where to find the lawyer’s children.

But so far no trial people had actually been killed. Though things were tense, the bargain was holding.

But to the shock of many and to world headlines in a press that had long under- and mis-reported Guatemala’s terror, everything changed on April 5 when Hugo Ramiro Leonardo Reyes, a former army mechanic, testified by video from hiding that Perez Molina had ordered atrocities.

Testifying with his face half-covered by a baseball cap he recounted murders by Rios Montt’s army and then unexpectedly added that one of the main perpetrators has been Perez Molina who he said had ordered executions and the destruction of villages.

This had occurred, he testified, during the massacres around Nebaj when Perez Molina was serving there as Rios Montt’s field commander in 1982-83.

As it happened, I had also been there at that time and had encountered Perez Molina who was then living under the code name Major Tito Arias.

I had interviewed him on film several times. On one occasion we stood over the bodies of four captured guerrillas he had interrogated. Out of his earshot, Perez Molina’s subordinates told me how, acting under orders, they routinely captured, tortured, and staged multiple executions of civilians.

The trial witness’s broaching of Perez Molina’s past evidently angered the President. He publicly denounced the witness and had him investigated.

He then summoned the Attorney General. The word went forth that if the trial case mentioned Perez Molina again, all previous understandings would be suspended. Canceling the Rios Montt case would be the least of their worries: there would be hell to pay.

The case went forward as originally agreed with Perez Molina. My testimony was cancelled, and the court record was kept clear of any additional evidence that could have further implicated the President.

Under Guatemalan law, a sitting President cannot be indicted. Perez Molina’s term ends in 2016.

This is one small but revealing aspect of the case. The massacre story is not yet over.»

After the above private account was written, Guatemala’s army and oligarchy rallied. They started to feel that they had no political need to sacrifice Rios Montt. As Perez Molina heard from the elite, his and Rios Montt’s interests converged.

On April 16 Perez Molina said publicly that the case was a threat to peace. On April 18, today, the Rios Montt genocide case was suspended.

(Regarding Background Sources: For some of my filmed inteviews with Perez Molina see the documentary Skoop! directed by Mikael Wahlforss. EPIDEM, Scandinavian television, 1983. Long excerpts from it, under the title Titulares de Hoy, are available on the website of Jean-Marie Simon who was my colleague on the film. Also see her photographs and narrative in her book Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, W.W. Norton, 1988.

For a detailed contemporaneous report of the Rios Montt massacres see my piece in the April 11, 1983 The New Republic, «The Guns of Guatemala: The merciless mission of Rios Montt’s army.» The piece quotes some of Perez Molina’s army subordinates and briefly mentions him as «Major Tito.» At the time I wrote it and worked on the film I did not know his real name.

YouTube excerpts from the film went viral in Guatemala during Perez Molina’s 2011 presidential campaign. During the campaign Perez Molina was evasive about whether he really was «Major Tito,» though it later surfaced that he had admitted it years before but had then attempted to obscure that admission.

Also see my piece in the April 17, 1995 The Nation, «C.I.A. Death Squad: Americans have been directly involved in Guatemalan Army killings.» The piece reports on US sponsorship of the G-2, the Guatemalan military intelligence unit which picked targets for assassination and disappearance and often did its own killings and torture. The piece names Perez Molina as one of «three of the recent G-2 chiefs [who] have been paid by the C.I.A., according to U.S. and Guatemalan intelligence sources.»

The piece adds that then-Colonel «Perez Molina, who now runs the Presidential General Staff and oversees the Archivo, was in charge in 1994, when according to the Archbishop’s human rights office, there was evidence of General Staff involvement in the assassination of Judge Edgar Ramiro Elias Ogaldez.»

Likewise, at the time of The Nation article I still did not know that Perez Molina was Tito.

For one aspect of the US role in supporting Rios Montt see my Washington Post piece: «Despite Ban, U.S. Captain Trains Guatemalan Military,» October 21, 1982, page 1.

After the 1983 New Republic piece the Guatemalan army sent an emissary who invited me to lunch at a fancy hotel and politely told me that I would be killed unless I retracted the article. The army murdered Guatemalans all the time, but for a US journalist the threat rang hollow. The man who delivered the threat later became an excellent source of information.)

Allan Nairn is an award-winning U.S. investigative journalist who became well-known when he was imprisoned by the Indonesian military while reporting in East Timor. His writings have focused on U.S. foreign policy in such countries as Haiti, Guatemala, Indonesia, and East Timor. In 1993, Nairn and Amy Goodman received the Robert F. Kennedy Memorial First Prize for International Radio award for their reporting on East Timor. In 1994, Nairn won the George Polk Award for Journalism for Magazine Reporting. Also in 1994, Nairn received the The James Aronson Award for Social Justice Journalism for his writing on Haiti for The Nation magazine.

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EL JUICIO POR GENOCIDIO CONTRA EL

GENERAL EFRAÍN RÍOS MONTT HA SIDO SUSPENDIDO

http://lacunadelsol-indigo.blogspot.com/2013/04/acabaron-con-el-juicio.html#comment-form

General Otto Perez Molina alias «Mayor Tito» Hablando con Allan Nairn cerca de Nebaj Quiche – General Otto Perez Molina a.k.a. «Major Tito» talking to Allan Nairn near Nebaj Quiche

Un relato de primera mano de lo que sucedió tras bambalinas y de cómo el presidente de Guatemala y las amenazas de muerte acabaron con el juicio a Ríos Montt.

Por Allan Nairn, abril 19, 2013

Por  un instante pareció que en Guatemala se estaba a punto de hacer justicia.

Pero unas horas antes de que una corte emitiera un veredicto, el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt acaba de ser suspendido.

La decisión de último momento de suspender el caso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones.

Pero detrás de la decisión se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala como también las amenazas de muerte contra los jueces y fiscales hechas por asociados del ejército de Guatemala.

Docenas de mayas sobrevivientes de las masacres arriesgaron sus vidas al servir de testigos. Pero ahora con la decisión tomada desde arriba, el registro escrito de los testimonios de la corte que ellos valientemente habían ayudado a crear, ha sido borrado.

El siguiente relato de mi conocimiento personal sobre el caso fue escrito hace varios días. Se me pidió que lo mantuviera en privado hasta que se llegara al veredicto.

“Sería un error creer que este caso redundara en beneficio de los gobernantes de Guatemala.

Este caso se les impuso desde abajo. Lo último que ellos desean es justicia.

Pero ellos estuvieron de acuerdo en ingerir una dosis parcial porque las fuerzas políticas eran tales que ellos no tenían otra alternativa y porque pensaron que sacrificando a Ríos Montt ellos podrían salirse con la suya, salvando así su propio pellejo.

Fui llamado a testificar en el caso contra Ríos Montt, se me consideró como un ‘testigo calificado’ y estaba tentativamente programado para testificar el lunes 15 de abril. Pero en el último momento se me impidió tomar el estrado ‘para evitar una confrontación con el ejecutivo [guatemalteco]’.

Se me dio a entender, que lo que eso significaba era, que el general Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, cancelaría el juicio si yo subía al estrado ya que mi testimonio podría implicarlo a él.

Más allá de eso, existía el temor, concretamente manifestado, de que al tomar el estrado y dada la naturaleza de mis pasados escritos y declaraciones yo implicaría a la ‘institución armada” y eso podría desatar la violencia.

El trato bajo el cual Pérez Molina y la elite gobernante del país habían permitido que el caso siguiera su curso era que, únicamente Ríos Montt y su codefendido, el general Mauricio Rodríguez Sánchez serían los afectados. El resto de los miembros del ejército al igual que Pérez Molina saldrían ilesos.

Sobre esa base, quedó entendido que Pérez Molina, se abstendría de anular el juicio contra Ríos Montt, y más importante todavía se encargaría de evitar que miembros del antiguo cuerpo de oficiales asesinara a los fiscales y a los testigos, como también frenar a cualquier escuadrón de matones que podría ser montado por los oligarcas del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras).  (Pérez Molina tiene poder de facto para anular el caso vía la intervención secreta con la Corte de Constitucionalidad y otras cortes)

Este entendimiento fue considerado como vital para la sobrevivencia tanto del juicio como de aquellos envueltos en el mismo. Asociados del ejército habían amenazado ya a la familia de uno de los fiscales más importantes, y a la mitad del juicio uno de los tres jueces que presiden el caso había recibido amenazas de muerte.

En el caso de uno de esos amenazados de muerte, un hombre le había ofrecido a él un soborno de un millón de dólares estadounidenses como también asesoramiento en el manejo de cuentas en el extranjero y en lavado de fondos. Todo lo que el abogado tenía que hacer era estar de acuerdo en detener el caso de Ríos Montt.

Cuando el intento de soborno no funcionó, el ángulo cambio: El hombre sacó una pistola y la puso sobre la mesa y dijo que el sabía donde encontrar al hijo del abogado.

Pero hasta aquí ninguna persona a cargo del juicio ha sido asesinada. Aunque las cosas estaban tensas, el trato se mantenía.

Pero para la conmoción de muchos y para los titulares de la prensa mundial que por mucho tiempo había fallado en reportar adecuadamente sobre el terror en Guatemala, todo cambió repentinamente el 5 de abril cuando Hugo Ramiro Leonardo Reyes, un ex mecánico del ejército, testificó vía videoconferencia desde un lugar desconocido que Pérez Molina había ordenado la ejecución de atrocidades.

Testificando con la cara parcialmente cubierta por una cachucha de beisbol, él habló a cerca de los asesinatos cometidos por el ejército de Ríos Montt y luego inesperadamente agregó que uno de los principales perpetradores había sido Pérez Molina quien, según su relato, había ordenado ejecuciones y la destrucción de aldeas.

Según el testigo, esto ocurrió durante las masacres en los alrededores de Nebaj, cuando Pérez Molina servía como comandante de operaciones de Ríos Montt en 1982-83.

Da la casualidad que durante ese periodo de tiempo yo había estado ahí y me encontré con Pérez Molina quien en ese entonces se hacía pasar como el mayor Tito Arias.

Lo había filmado en entrevistas varias veces. En una ocasión observamos juntos los cuerpos de cuatro guerrilleros capturados que él había interrogado. Sin que él escuchara, los subordinados de Pérez Molina me dijeron como, actuando bajo órdenes, ellos rutinariamente capturaban, torturaban y llevaban a cabo  múltiples ejecuciones de civiles.

El hecho de que el testigo haya mencionado el pasado de Pérez Molina evidentemente enfureció al presidente. Él denunció públicamente al testigo y ordenó que fuera investigado.

Luego citó a la Fiscal General. Se corrió el rumor de que si en el juicio se mencionaba de nuevo el nombre de Pérez Molina, todos los acuerdos previos serian suspendidos. La cancelación del juicio a Ríos Mont sería lo de menos: el precio a pagar sería muy alto.

El caso continuó como se había acordado originalmente con Pérez Molina. Mi testimonio fue cancelado, y del registro de la corte se eliminó cualquier evidencia que pudiera implicar aún más al presidente.

Bajo las leyes de Guatemala, el presidente en funciones no puede ser enjuiciado. El periodo presidencial de Pérez Molina finaliza en el 2016.

Este es un pequeño pero revelador aspecto del caso. La historia de la masacre todavía no ha terminado”.

Después de haber escrito el relato mencionado arriba, el ejército de Guatemala y la oligarquía se manifestaron. Ellos empezaron a sentir que no tenían la necesidad política de sacrificar a Ríos Montt. Como lo escuchó Pérez Molina de boca de la propia elite, sus intereses y los de Ríos Montt convergían.

El 16 de abril Pérez Molina dijo públicamente que el juicio era una amenaza para la paz. El 18 de abril, hoy, el juicio por genocidio contra Ríos Montt fue suspendido.

(Con relación a las fuentes: Para algunas de mis entrevistas filmadas con Pérez Molina, ver el documental ¡Skoop! Dirigido por Mikael Wahlforss. EPIDEM, Scandinavian televisión, 1983. Largos pasajes de este documental, bajo el título, Titulares de Hoy, está disponible en el sitio web de Jean-Marie Simon quien fue mi colega en el film. También se pueden ver sus fotografías y la narrativa en su libro, Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, W.W. Norton, 1988.

Para un detallado y contemporáneo reportaje sobre las masacres de Ríos Montt ver mi pieza publicada en la edición del 11 de abril de 1983 en The New Republic: “The Guns of Guatemala: The merciless misión of Rios Montt Army”. El articulo cita a algunos de los subordinados de Pérez Molina y brevemente lo menciona como el “Mayor Tito”. Al momento de escribir el artículo y cuando trabajaba en el film no sabía su nombre real.

Los pasajes del film en You Tube se propagaron viralmente en Guatemala durante la campaña presidencial de Pérez Molina en el 2011. Durante la campaña Pérez Molina se mostró evasivo a cerca de si realmente él era el “Mayor Tito”, aunque más tarde salió a luz que él lo había admitido en años anteriores pero luego había intentado ocultar esa admisión.

También pueden ver mi artículo del 17 de abril, 1995 en The Nation, “C.I.A. Death Squad: Americans have been directly involved in Guatemalan Army killings”. El artículo reporta sobre el apoyo de EUA a la G-2, la unidad de inteligencia militar guatemalteca que elegía sus blancos para ser asesinados y desaparecidos y muy a menudo efectuaba sus propios asesinatos y tortura. El artículo menciona a Pérez Molina como “uno de los últimos tres jefes de la G-2 [quienes] de acuerdo a fuentes de inteligencia de EEUU y de Guatemala han estado en la nómina de pagos de la C.I.A.”.

El artículo agrega que el entonces coronel “Pérez Molina, quien ahora dirige el Estado Mayor Presidencial y supervisa el Archivo, fue acusado en 1994, cuando de acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, se encontró evidencia del involucramiento del Estado Mayor en el asesinato del juez Edgar Ramiro Elías Ogaldez”.

Igualmente, en el momento de la publicación del artículo en The Nation, yo aún desconocía que Pérez Molina era Tito.

Para conocer a cerca del papel de los EEUU en el apoyo dado a Ríos Montt pueden consultar el artículo que escribí para el Washington Post: “Despite Ban, U.S Captain Trains Guatemalan Military”, octubre 21,1982, página 1.

Después de la publicación de mi artículo en The Nation, el ejército guatemalteco envió a un emisario quien me invitó a almorzar en un lujoso hotel y muy amablemente me dijo que me matarían si no retiraba el artículo. El ejército continuamente asesinaba a guatemaltecos, pero para un periodista de los Estados Unidos la amenaza sonaba vacía. El hombre que me amenazó posteriormente se convirtió en una excelente fuente de información.)

Allan Nairn es un laureado periodista investigativo de EEUU quien es bien conocido por haber sido arrestado por los militares de Indonesia mientras reportaba sobre los sucesos en Timor Oriental. Sus escritos se ha enfocado en la política exterior de EEUU en países como Haití, Guatemala, Indonesia y Timor Oriental. En 1993, Nairn y Amy Goodman recibieron el premio Robert F. Kennedy Memorial First Prize for International Radio por su trabajo reporteril en Timor oriental. En 1994, Nairn obtuvo el  George Polk Award for Journalism for Magazine Reporting. También en 1994, Nairn recibió el The James Aronson Award for Social Justice Journalism por sus escritos sobre Haití para la revista The Nation.

@ Allan Nairn

Traducido del inglés por Délmar Manuel

Verdad Y Justicia

El día 30 de enero de 1984 fue capturado y desaparecido Amancio Samuel Villatoro de 47 años, Ingeniero Industrial y Sindicalista. Esta fue una de las varias detenciones-desapariciones registradas en el dossier de la muerte o diario militar. Sus restos fueron identificados en noviembre de 2011, en el antiguo destacamento militar de San Juan Comalapa, Chimaltenango. AQUÍ SI HUBO GENOCIDIO.

Los desaparecidos y desaparecidas, están en todas partes

La desaparición forzada en Guatemala no es un hecho del pasado. Es un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible instaurado en América Latina, que también permanece vigente por su continua utilización como mecanismo de control social y dominio político; así como por la impunidad que persiste sobre los hechos cometidos y que hoy se expresa, entre otras cosas, en la reconfiguración de las estructuras de poder que articularon, financiaron y callaron estos crímenes.

Tras la desaparición forzada se quiso instaurar el miedo en la población para desarticular los procesos organizativos, negar información sobre el paradero de las personas desaparecidas, su propia existencia y la de sus procesos políticos transformadores.

No es, ni ha sido un hecho caprichoso o aislado. Todo lo contrario. La desaparición forzada desde mediados de los años cincuenta, por no irnos más atrás, ha sido la opción política de oligarcas, empresarios y militares a través de distintos regímenes y gobiernos con el fin de aniquilar la oposición a su modelo de sociedad racista, explotador y excluyente; que fue adelantada desde las distintas expresiones de resistencia y lucha en Guatemala, como por ejemplo: las “jornadas de marzo y abril” impulsadas por los estudiantes; la crítica política y social de grupos culturales como Vanguardia;  las movilizaciones y huelgas contra la dictadura impulsadas por la Central Nacional de Trabajadores (CNT); las propuestas de información alternativa como el periódico El Estudiante;  así como las expresiones comunitarias como la Liga Campesina; populares como el Comité de Unidad Campesina (CUC); partidarias como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las diversas expresiones revolucionarias.

Entonces no es casualidad que quienes hoy nos faltan fueran quienes estaban arando la tierra para que de esta no dejara de brotar lo bello de la vida, cultivando la milpa, amasando el maíz en las mañanas para que comer no fuera un privilegio, dejando el lápiz por el fusil para defenderse del terror impuesto, soldando el hierro para que el trabajo fuera digno y no explotado, caminando la palabra para que pensar distinto fuera un derecho y no un delito.

Tampoco es casual que quienes transitamos en su búsqueda, nos encontráramos exigiendo la devolución con vida de nuestros seres queridos en el destacamento militar o en la estación de policía.

Muchas fueron y son las evidencias que obligan a ligar este delito al terrorismo de Estado, pues fue perpetrado mediante planes estatales, milimétricamente diseñados para quitar de en medio a quienes fueron considerados “enemigos internos”, como el Plan de Campaña Victoria 82, el  Firmeza 83 o, el mismo Manual de Guerra Contrainsurgente; así como documentados en el hoy conocido como Diario Militar; hechos que hoy mutan en otras formas de represión como la militarización del pensamiento y la vida cotidiana, la imposición del Estado de Sitio, los desalojos, el autoritarismo -hoy llamado “mano dura”- como método para gobernar;  y la política de seguridad que privilegia el señalamiento y estigmatización de las luchas sociales, campesinas y estudiantiles para esconder problemáticas que tienen raíces profundas y estructurales.

Hoy, en el día nacional contra la desaparición forzada en Guatemala, observamos con preocupación cómo desde el poder político, económico, mediático y militar se intenta cubrir con una política de olvido la verdad de estos hechos, la verdad de lo ocurrido con los más de 45 mil mujeres, hombres, niños y niñas desaparecidas/os.

Una política de olvido que se sustenta en discursos que pretenden legitimar la idea de violencia como actos necesarios y valientes, a los victimarios como héroes y, la recuperación de la historia como innecesaria. Bajo esta cortina de humo se justifican hechos como el cierre de la Dirección de los Archivos de la Paz que permitiría un avance en términos de verdad y justicia en los casos de las niñas y niños apropiados ilegalmente, en la búsqueda de las personas desaparecidas y en el conocimiento de los responsables -materiales e intelectuales- de estos hechos.

Es evidente que, aunque se han conseguido avances importantes en la judicialización de algunos de los responsables, aumenta la deuda histórica que el Estado tiene con las personas desaparecidas y sus familiares, pues se instala el olvido negando los hechos y se utilizan medidas como la muerte presunta para asegurar la impunidad y aumentar las condiciones de vulnerabilidad de las familias.

Se pretende borrar la historia como se pretendió poner en “ninguna parte” a nuestros padres, madres, hijos e hijas, compañeros; a sus luchas, sus ideas y sus sueños. Sin embargo, ante la amnesia cínica de los represores, salimos al paso con nuestros manos que construyen, tejemos la memoria con los/as desaparecidos/as; ellas y ellos están en la sabiduría de este pueblo que resiste al sometimiento, en los que luchan por la tierra, en la dignidad de quienes alzan su voz contra los genocidas. Los desaparecidos y desaparecidas son la semilla de la que nace la rebeldía, ellos y ellas están en todas partes.

Guatemala 21 Junio de 2012

H.I.J.O.S. Guatemala

ESTE 21 de JUNIO 2012
Dia Nacional contra la Desaparición Forzada
PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA,
PROHIBIDO OLVIDAR
a las 4 PM frente a la CNT
(9a ave. entre 3y 4a calle)
posteriormente nos dirigiremos en una marcha para el Parque Central en donde se llevara Acabo un Acto Politico Cultural desde las 5 PM
y palabras de los familiares de los Detenidos Desaparecidos

Fuente : http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/02/el-ejercito-trata-de-esconder-la-mano.html

M.A.N.O. (Movimiento Acción Nacionalista Organizado) es una de las cientos de organizaciones contra insurgentes y militares que asesinaron a lo largo de la guerra.

si USTED desea poder obtener esta información no dude en comunicarse, si usdetes bajan las fotos podran de igual forma leer cada uno del material digitalizado.

Mientras en la administración de la UNE el ejército de Guatemala trató de lavar su imagen de desprestigio ofreciendo mediante un show mediático el acceso a los Archivos Militares, en los primeros días de la administración del gobierno del ex general Otto Pérez Molina, sale a luz que el Organismo Ejecutivo a solicitud de la Comisión de Desclasificación de Archivos Militares, presentó una iniciativa de ley que pretende reformar la Ley de Acceso a La Información Pública, para incluir modificaciones al mismo y con ello negar el acceso a los planes militares que sin duda establecen la ruta del genocidio.

Mientras el año pasado se trataba de cumplir con los requisitos impuestos por la Casa Blanca para levantar el embargo militar al ejército, también se preparaba una propuesta de ley para seguir perpetuando la negativa de acceder a la totalidad de documentos que contienen los planes de campaña que dentro de la guerra contrainsurgente detallan y dejan entrever al denominado enemigo interno.

¿Pero cual es el interés de seguir negando el acceso a estos archivos militares? Si en reiteradas ocasiones el ejército ha negado que detrás de las ofensivas contrainsurgentes hubiera intención de exterminar a un grupo determinado y/o a población indígena.

Los archivos de los que hasta hoy se conocen solo serían la punta de un iceberg. La filtración del Archivo Militar o Dossier de la Muerte, en mayo de 1999, es muestra de uno de los rigurosos controles y sistematización de la lucha contra insurgente en Guatemala. El actual foto reportaje presenta una serie de documentos del llamado Terror Rojo, que organizaciones vinculadas al poder económico y militar iniciaron desde la intervención contra revolucionaria de 1954, a fin de generalizar y justificar la barbarie que alcanzó su cúspide en el genocidio cometido desde 1975 y que se prolongó hasta 1985.

 

Fuente : http://fraukedecoodt.wordpress.com/2011/11/29/esta-tierra-es-nuestra/

Una historia de robo de tierra a través de violencia y leyes

“Esta tierra es nuestra, no del Estado, es nuestra como pueblos indígenas”, fue lo que dijo Lorena Sánchez, una indígena de 20 años, cuando el 3 de mayo de 2011 se presentó en Tzalbal un ingeniero del Fondo de Tierras. El funcionario de esta institución estatal, que supuestamente facilita el acceso a la tierra, había acudido a este municipio del noroeste de Guatemala para decir a sus habitantes que la tierra en la que vivían desde siempre era un “Bien de la Nación”.

Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.

El genocidio de la población maya-ixil

Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecían al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.

La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio) el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996 más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas más del 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.

Una población desplazada de sus tierras

No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.

Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.

Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios mientras el 87% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.

Una asamblea para informar al pueblo

Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.

Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.

La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.

Los leyes de la guerra

El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.

Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.

Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años ’80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.

Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.

Como muchas otras aldeas Tzalbal, se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.

En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.

El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.

La historia se repite, la historia continua

Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.

Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.

La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.

Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.

Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.

Todos unidos: ¡la lucha sigue!

Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.

Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.

Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.

Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.

la Marcha de la Memoria
saldrá del Parque Morazán el jueves 30 de Junio
a las 8 de la mañana para el parque Central
en donde se llevara acabo la Tribuna de la Memoria