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http://fraukedecoodt.wordpress.com/2012/07/15/dividir-y-vencer/

Con regalos, dinero y violencia, la minera canadiense Goldcorp ha divido a las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahaucán, en Guatemala. El inicio de los trabajos en la Mina Marlin ha causado mucho daño. No solamente ambiental. El proyecto minero también ha impactado en la cohesión social de las comunidades y en su relación cultural con la tierra.

Doña Deodora solamente tiene un ojo. El otro lo perdió una noche de 2010 cuando vecinos y trabajadores de la empresa minera le dispararon frente a su casa. No había sido la primera vez. Años atrás, una autoridad local la amenazó con un machete sobre su cuello. Si no la hirió fue porque Doña Deodora tenía a su hija pequeña en sus brazos.

Doña Deodora cuenta su historia en un castellano vacilante, mezclado con el Mam, su idioma nativo. Esta mujer indígena tiene 58 años y una apariencia frágil y humilde. Sobrevive pastoreando  animales en sus tierras. San Miguel, una comunidad del municipio San Miguel Ixtahaucán, en el departamento San Marcos, cerca de México, siempre ha sido una región aislada en las montañas. Sus habitantes originarios viven principalmente de la agricultura de subsistencia y de trabajos temporales en las fincas cafetaleras de la costa. Pero en 1996, el mismo año en que se firmaban los Acuerdos de Paz[1], la minera canadiense Goldcorp puso sus ojos sobre sus tierras. En 2005, a través de su filial Montana Exploradora, empezó a explotar oro y plata en la Mina Marlin.

“Ataques de nuestros propios hermanos”

A pocos metros de la casa de Doña Deodora se puede ver un agujero enorme en la montaña. Deodora es la única de su aldea que no ha vendido su terreno y que no trabaja en la mina. Las amenazas y el acoso para que venda su tierra son casi diarios. La mujer valiente llora: “Quieren matarme, y a mi familia. Vivíamos tranquilos aquí. Ahora hay mucho miedo, soledad, dolor y tristeza”. Un líder local aclara: “Estos ataques vienen de la misma comunidad, de nuestros propios hermanos. Hermanos que no son dueños de la empresa, pero la defienden”.

La estrategia de dividir una población para romper su resistencia es algo muy común, en Guatemala y afuera. La estrategia tampoco es nueva. Al otro lado de Guatemala, cerca de la frontera con Honduras, un líder indígena chortí exhorta a sus compañeros a recordar la Conquista. “Los que mataron a los indígenas eran los mismos indígenas. Ahora las minas están comprando lideres, gente para dividir y romper la lucha.”

Dividir con regalos

San Miguel Ixthuacán es pobre, inhóspito y frío. A medida que nos acercamos a la mina aumentan las escuelas nuevas y los centros de salud. También disminuyen los grafitis contra la minería. Algo que no está visible, aunque es tan penetrante como las nuevas carreteras, es la división social ocasionada por la presencia de la mina. “Existen tres grupos”, explica Carmen Mejía, una madre joven y una de las mujeres al frente de la resistencia. “Unos están con nosotros y otros con la empresa, no son muchos, pero tienen los recursos. Otro grupo, la mayoría, tiene miedo a dar una opinión”. Carmen admite que antes de la llegada de Goldcorp también existían desacuerdos dentro de la comunidad indígena, “pero había armonía. Había paz entre las comunidades y las familias. La empresa llegó engañando”.

Salomón Bámaca, un campesino imposante de unos 40 años de edad, vive muy cerca de la mina. Cuando detonan explosivos, su tierra tiembla. “En 1999 cuando la empresa empezó a comprar terrenos traía muchas cosas. Se oía fiesta donde ahora está la mina”. Bámaca, que fue alcalde indígena durante un año, señala además que la empresa ofrece regalos, dinero y proyectos de infraestructura a las autoridades locales para ganar su apoyo.

El sacerdote local no es indígena mam, es belga. Después de 26 años en el pueblo le resulta más cómodo hablar español que flamenco. “Goldcorp ha dividido demasiado a la comunidad”, opina Erik Gruloos. Él se opone a la mina, pero entiende por qué mucha gente no hace lo mismo: “Los que están en contra no encuentran o pierden su trabajo, dentro de la empresa, dentro de la municipalidad o del magisterio, o si uno es albañil o maestro. La Mina es omnipresente. Da trabajo y regalos donde hay resistencia. Unas comunidades ahora son pro mina. Es comprensible, casi nadie puede aguantar tanta presión. La gente tiene que capitular para que sus hijos estudien, coman y tengan posibilidades”.

Desarrollo… ¿para quién?

Partidarios de la minera alegan que si la empresa ofrece trabajo y promueve el desarrollo local, construye escuelas, centros de salud y tiene una buena relación con las autoridades locales, se trata de una “minería responsable”.

“La empresa no esta aquí para hacer un trabajo social y sacar a la gente de su pobreza”, responde Javier De León, de la organización ADISMI[2], fuerza impulsora de la resistencia contra la mina.“Está aquí para hacer ganancias”. En 2011 la Mina Marlin generó 607 millones de dólares de ganancias, según informó Goldcorp a sus accionistas. Dejó un 1% de regalías, menos de nueve millones de dólares, a Guatemala. También pagó tributos, pero esos datos no son públicos. Noe Navarro, un joven campesino, también de ADISMI, añade: “En San Miguel viven unas 35.000 personas, aproximadamente 700 de ellas trabajan para la mina. La empresa esta generando desarrollo para algunos. Dice que ya no hay extrema pobreza aquí, pero nosotros vivimos y vemos otra realidad. Seguimos igual. Beneficio general no hay”.

Pero los daños generalizados en el medio ambiente y en las viviendas de los vecinos son constantes, según varios habitantes y estudios de instituciones nacionales e internacionales[3]. Las casas de adobe se rajaron, la tierra se fracturó a lo largo de kilómetros, hay escasez de agua, hay problemas de piel y pelo, y contaminación del agua con arsénico. Daños suficientes para que en 2010 la CIDH[4] ordenara la suspensión temporal de la actividad de la Mina Marlin. Los habitantes también se enfrentan a diversos problemas generados de forma indirecta por la mina. El coste de la canasta básica y de las viviendas aumentaron, mientras que el precio de la tierra se triplicó. Más dinero para algunos significó más cantinas, armas, violencia, robos y delincuencia.

Dividir con  violencia

“Cuando nos dimos cuenta de cuánto dinero y oro está sacando la mina y que aparte de los regalos nos está dando los grandes daños que genera la minería, empezamos a organizarnos. Desde entonces también aumentaron los ataques, la represión y los amenazas”, cuenta Javier De León. La protesta pacífica provocó una respuesta desproporcionada y la criminalización. La empresa persigue a varios activistas, otros están encarcelados, otros tienen orden de captura. Por otra parte, la Justicia no está dando seguimiento a la mayoría de denuncias contra la empresa. Las pocas condenas conseguidas son consideradas muy ligeras por los opositores a la mina. El gobierno guatemalteco y la empresa hasta hoy han ignorado la medida cautelar de la CIDH. La impunidad, la represión de la empresa y el gobierno desmovilizan a los que protestan, y refuerzan los actos violentos de empleados y otros vecinos pro mineros. La mayoría de los activistas han sido intimidados en múltiples ocasiones mediante vigilancia, insultos, humillaciones y amenazas de muerte. Muchos sufrieron ataques y fueron golpeados; a otros, como Javier, les dispararon; otros, como la familia de Bamacá, fueron aterrorizados.

“Con la violencia quieren desalojarnos. Tres comunidades alrededor están contra mí y unas autoridades locales amenazaron con matarme”, dice Florenzo Yuc. Lencho, como todos lo llaman, tiene 46 años y 12 niños. Es un campesino muy pobre, pero tiene un poco de tierra que le dejó su difunto abuelo. La Mina ha adquirido las parcelas de cientos de campesinos, ofreciéndoles trabajo, dinero y amenazas de desalojo. Pero Lencho no vende. “Buscaron a mi familia para convencerme. Mi padre y hermanos vinieron a golpearme. Toda mi familia está con la mina, la mayoría trabaja ahí. Ya no me consideran familia. Esto sucede en muchas casas. Esto es el ‘desarrollo’ que trae la empresa”.

La tierra no se vende

Lencho se muestra firme: “No quiero vender mi tierra, no quiero venderme a mí mismo, a mis hijos, a mi comunidad, a mi pueblo. No tenemos pisto para comprar, cosas pero la tierra nos está cubriendo todo. Si ahora la empresa viene a quitarnos esto, ¿a dónde vamos?  El dinero se va rápidamente, pero la tierra estará siempre aquí”. Sin embargo, los bulldozers de la empresa no sólo han atropellado la cohesión social de comunidades y familias, también está terminando con la práctica ancestral de producir para la subsistencia, advierte Javier, de ADISMI. “Nos meten en la cabeza que necesitamos muchas cosas y trabajo asalariado. Nos quieren convertir en puros consumidores. Nos desplazamos de nuestra propia identidad”.

No se puede entender la resistencia de los habitantes de San Miguel Ixtahaucán frente a la mina sin la relación que los pueblos originarios tienen con la tierra. Las palabras de Noe Navarro, de ADISMI, iluminan: “Cuando los españoles llegaron se apoderaron de las tierras costeras y fértiles, y tuvimos que desplazarnos a las montañas. Ahora llegan otra vez a sacarnos de aquí, para llevar el oro que hay debajo de nuestras tierras. Simplemente quieren acabar con los pueblos indígenas”. Desafortunadamente vale la pena sacar el oro debajo de las tierras indignas. Entre 2006 y 2011 el preció de oro aumentó más de 150% y de plata 480%. “Esto significa otro incentivo para no respetar la vida de los afectados por la minería”, concluye el ex-alcalde indígena Bámaca. “Ahí las inversionistas y compradores de oro también tienen una responsabilidad social”.

La resistencia ante la Mina Marlin ha sido gigante y una inspiración para luchas similares de muchos pueblos originarios en, y fuera de Guatemala. Son conocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a nivel local Bámaca dice que se sienten abandonados, “La resistencia ha disminuido mucho por todo el dinero, los trabajos, los regalos, la violencia, la intimidación y la impunidad”. Pero no será tan fácil terminar la resistencia o acabar con los pueblos indigenas como dice Noe Navarro. Lencho expresa con palabras una convicción compartida en San Miguel y por innumerables luchas en Guatemala: “Si tengo que demarrar mi sangre será por la tierra y el derecho a la vida”.

 [1]    Guatemala vivió un conflicto contra-insurgente de 36 años en donde, según las Naciones Unidas, 200.000 personas murieron, hubieron 50.000 desaparecidos y casos de genocidio. 95% de los crimenes fue cometido por el ejercito. Uno de las causas principales del conflicto era la distribución desigual de la tierra cuando 2% de la población controlaba 70% de la tierra fértil. Varios de los grandes terratenientes eran multinacionales. No ha cambiado mucho en Guatemala.

 En abril 2012 Goldcorp presentó a sus inversionistas el plan para restaurar San Miguel una vez que cierre la mina en 2018. Goldcorp prevé gastar $29 millones en restauración pero apartó solamente $1 millón. Expertos independientes estiman los costos a por lo menos $49 millones. Según Amenstia Internacional, si depende de Goldcorp esta región pobre pagará los daños ambientales que deje la minería.

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Para informacion o contactos

• Frente Miguelense contra la Minería (FREDEMI)
• Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel Ixtahaucán (ADISMI) www.adismi.wordpress.com
• Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) www.copaeguatemala.org
• Mining Watch www.miningwatch.ca/
• CATAPA www.catapa.be

Fuente : http://fraukedecoodt.wordpress.com/2011/11/29/esta-tierra-es-nuestra/

Una historia de robo de tierra a través de violencia y leyes

“Esta tierra es nuestra, no del Estado, es nuestra como pueblos indígenas”, fue lo que dijo Lorena Sánchez, una indígena de 20 años, cuando el 3 de mayo de 2011 se presentó en Tzalbal un ingeniero del Fondo de Tierras. El funcionario de esta institución estatal, que supuestamente facilita el acceso a la tierra, había acudido a este municipio del noroeste de Guatemala para decir a sus habitantes que la tierra en la que vivían desde siempre era un “Bien de la Nación”.

Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.

El genocidio de la población maya-ixil

Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecían al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.

La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio) el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996 más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas más del 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.

Una población desplazada de sus tierras

No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.

Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.

Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios mientras el 87% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.

Una asamblea para informar al pueblo

Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.

Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.

La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.

Los leyes de la guerra

El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.

Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.

Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años ’80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.

Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.

Como muchas otras aldeas Tzalbal, se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.

En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.

El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.

La historia se repite, la historia continua

Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.

Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.

La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.

Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.

Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.

Todos unidos: ¡la lucha sigue!

Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.

Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.

Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.

Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.