Fuente : http://fraukedecoodt.wordpress.com/2012/01/07/living-on-the-edge/

Artículo relacionado : http://desobedientes.noblogs.org/post/2011/10/25/policia-reprime-protesta-frente-a-la-usac/

Independiente del movimiento ocupa en América del Norte y Europa, un movimiento de habitantes de barrios pobres en Guatemala está ocupando la calle en frente del Congreso. Están protestando contra las condiciones de vida en los barrios pobres y una política de vivienda disfuncional. Para cambiar su situación en la que no sólo ocuparon el Congreso; también hicieron un proyecto de ley y finalmente, comenzaron una huelga de hambre.

Mientras la crisis y la pobreza aumentan en el mundo occidental, los activistas en Europa y América del Norte están ocupando plazas de la ciudad por todas partes. 
En la ciudad de Guatemala, sin embargo, existe un movimiento independiente, donde los activistas han ocupado la calle frente al Congreso desde el 22 de agosto 2011 . Aquí, las casas cálidas no fueron sacrificadas por tiendas de campaña, chozas miserables han sido cambiadas por tiendas de campaña. Los activistas de los barrios pobres se han comprometido a no salir hasta que la «Ley de Vivienda» sea aprobada – exigiendo una solución para la crisis de vivienda en Guatemala. La falta de un alojamiento accesible fuerza a innumerables guatemaltecos a vivir en  barrios de asentamientos humanos donde las condiciones de vida precarias suelen tener consecuencias letales. El 22 de noviembre, la ley que se ha luchado durante años, una vez más no ha recibido su aprobación. En respuesta, tres personas del campo fuera del Congreso iniciaron una huelga de hambre.

Los barrios pobres de Guatemala

Mires donde mires hay carteles en el campamento. Las tiendas de color caqui, fueron entregados a las favelas después de un desastre natural. La electricidad es proporcionada por una escuela que está frente al congreso  y los baños de plástico fueron donados por los movimientos sociales que los apoyan. En el campamento un fuego de carbón está ardiendo. Los acogedores activistas, sobre todo mujeres y sus hijos platican, en gran medida hacen caso omiso de la televisión. «Las condiciones son mejores que las que vivimos», me aseguran. 
Los manifestantes son algunos de los 1,5 millones de habitantes de los barrios pobres de Guatemala. Los asentamientos humanos están en todas partes, en las ciudades y el campo. Las recientes cifras exactas no están disponibles. Dentro del campamento Roly Escobar, el representante de la organización CONAPAMG, está teniendo una reunión con algunos de sus compañeros activistas. Buscamos un lugar tranquilo para hablar. Escobar tiene un conocimiento profundo de la situación de haber luchado durante años por los derechos de los barrios pobres. Escobar afirma que en Guatemala más de 800.000 familias viven en chozas en los 982 barrios pobres de Guatemala. Alrededor de 420 de ellas están situadas en los alrededores de la ciudad de Guatemala. Según los expertos de un quinto a un tercio de los 2,5 millones de habitantes del área metropolitana residen en lugares precarios.

Los residentes llaman a sus barrios «asentamientos». Ellos sienten que esta es una descripción más digna y más exacta de los asentamientos como pueden variar en tamaño de una casa a todo un barrio. «Sólo las personas pobres viven en los asentamientos, se ven obligados a asentarse en tierras que no son propietarios», dice Escobar. «A menudo, esto es terreno baldío en el que nadie quiere vivir, en el borde de barrancos, laderas empinadas y adyacentes o en los vertederos de basura.» 

Después de salir de las calles a vivir en los barrios pobres, Luis Lacán rápidamente se dio cuenta de la necesidad de la solución los habitantes y los problemas que enfrentan. Se unió a UNASGUA – una organización que ofrece apoyo legal a aquellos que luchan para mejorar las condiciones en los barrios pobres. Cuando nos sentamos en su humilde oficina Lacán explica que «las condiciones de vida son precarias, porque siempre la tierra ocupada no tiene nada, ni agua, ni electricidad, ni alcantarillado, ni calles pavimentadas, nada». 

Lacán se preocupa por sus compañeros de habitantes de barrios pobres. Él explica que no se puede conectar el agua y la electricidad sin ser capaz de demostrar el derecho legal a la ocupación. Los asentamientos no están incluidos en los planes oficiales para el desarrollo regional y urbano y por lo tanto no se consideran para la inversión en infraestructura. Esto a veces tiene consecuencias desastrosas para la seguridad y la salud de los residentes.

Sobre el tiempo los residentes a menudo comienzan a organizarse, adquirir algunas áreas de electricidad y agua, algunas chozas de parecerse más a las casas, mientras que otros se asemejan a cajas de cartón. Sin embargo, a pesar de la edad de un asentamiento, sin la legalización, el temor al desalojo está siempre presente.

Sobrevivir en los suburbios

«La mayoría de las familias de nuestros barrios viven en casas hechas de láminas oxidadas, cartón y plástico. Algunas familias ni siquiera tienen eso «, dice Brenda, una de las activistas que acampan fuera del Congreso. Una joven madre, Julia, añade, «sin sistemas de alcantarillado todas las aguas residuales de los barrios que rodean pasa por nuestras champas (chozas), champas, que tienen pisos de tierra. Es un caldo de cultivo para las enfermedades e infecciones. Nuestros hijos se enferman, a veces se mueren, simplemente porque carecen de una vivienda digna. Mi hija tenía dieciocho meses de edad cuando ella se enfermó y murió. » 
Brenda mueve la cabeza afirmativamente «durante la temporada de lluvias, muchas personas viven en el barro. El agua fluye a través de sus champas. Los niños y los ancianos son especialmente susceptibles a la neumonía y la bronquitis y las muertes no son infrecuentes. Recientemente, una anciana murió en mi barrio de la bronquitis. Debido al huracán Agatha en 2010, vivía en una casa construida de cartón y plástico. Mi barrio sufrió mucho entonces. «

La desnutrición tiene un impacto enorme en la salud y el desarrollo de los residentes, especialmente los niños. Según cifras de las Naciones Unidas la mitad de los guatemaltecos vive por debajo del umbral de la pobreza, y la mitad de los niños están desnutridos. Estas cifras son la realidad cotidiana de los habitantes de barrios pobres. «No tenemos suficiente dinero para comprar comida para nuestros hijos. Con las privatizaciones se hizo todo más caro, la comida, agua, gas, electricidad «, explica Brenda con indignación. Escobar subraya que no sólo los niños pequeños, sino que los habitantes de la mayoría de los asentamientos están desnutridos. «¿Cómo es esto posible en un país tan rico? Sin trabajo y sin ingresos las personas morirán de hambre aquí. Esto ya está sucediendo. Recientemente, tres adolescentes de quince años de edad, murieron de desnutrición. «

Otra causa común de muerte en estos barrios es la violencia. Los barrios pobres se asocian a menudo con pandillas notoriamente brutales. Escobar, cuyo hijo fue asesinado, quiere poner este tipo de violencia en su contexto. «Si no hay trabajo, ni escuelas, ni nada que hacer, y tiene el nivel de pobreza donde los padres no pueden permitirse el lujo de alimentar a sus hijos o enviarlos a la escuela, entonces van a la criminalidad. Los jóvenes se convierten en presa fácil de poderosas organizaciones criminales. Estos problemas no han nacido aquí y no sólo se producen aquí. En conjunto Guatemala está plagada de narcos y violencia. «

Muchos de sus habitantes se sienten sin esperanza. Doña Rosa, una anciana que se une como Brenda y Julia a platicar no puede contener las lágrimas. «¿Qué pasará si me muero? Tal vez nunca veré la legalización».

Una pobre política de vivienda y un creciente problema de la vivienda

«¿Por qué ir a vivir a un barrio en el borde de un abismo o en una pendiente empinada montaña? No porque queremos vivir así, sino porque tenemos la esperanza de sobrevivir. La gente vive aquí porque no tienen otra opción, no hay vivienda viable y accesible. Demasiadas personas no tienen dónde vivir «, explica Brenda, mientras que su hija de cinco años salta para captar su atención.

Las razones por las que hay tantos barrios pobres hacinados son diversas. El reciente conflicto armado, desastres naturales, el crecimiento demográfico y la falta de tierra o de trabajo en el campo han obligado a muchos guatemaltecos a emigrar a la ciudad y vivir en los barrios pobres. 
Las cifras oficiales estiman que para finales de 2011 habrá una escasez de viviendas de 1,6 millones de hogares, de los cuales 15% será en la ciudad de Guatemala. «El aumento de la demanda excede la capacidad del Estado para resolver la escasez de viviendas que incurra», concluye el SEGEPAZ institución estatal. Los expertos sobre la crisis de vivienda y residentes de los asentamientos acuerdan en que el gobierno nunca ha tratado de encontrar una solución al problema de la vivienda. ASIES, una institución de investigación, encontró que desde 1956 la acción del gobierno en materia de vivienda ha consistido en iniciativas esporádicas realizadas por las instituciones ineficientes y las intervenciones de política insuficiente, lo que resulta en la acumulación de una enorme escasez de viviendas. 
Para remediar esta situación, la primera «Ley de la Vivienda» fue finalmente aprobado en 1996. Supervisado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la iniciativa de vivienda nueva con un presupuesto ridículamente bajo. El corrupto desvío de fondos por funcionarios del gobierno, empresas constructoras, y representantes de organizaciones de barrios han dejado poco para proveer a las personas con necesidades de vivienda. Solicitar una subvención al amparo del régimen no sólo es un proceso muy largo y burocrático, sino que también requiere que el solicitante añada una considerable suma de dinero, algo que muchos no tienen. «Dado el tamaño del problema de la vivienda, estaba claro que esta ley no era una solución», concluye Lacan.

La política de vivienda de las últimas décadas se caracterizó principalmente por soluciones cosméticas afirma Helmer Velásquez del diario El Periódico. «Los residentes primero deben ocupar lo que es básicamente un pedazo de tierra inhabitable con el fin de llamar la atención de las autoridades. Después de un tiempo se les proporciona «importante» infraestructura, tales como gradas y callejones pavimentadas. Especialmente durante las elecciones se piensa acerca de las condiciones en los barrios pobres y sobre la legalización. Lacan afirma que «sólo durante las elecciones los políticos encuentran el camino a los barrios pobres. Entonces vienen con regalos tales como láminas y concreto, con promesas como el empleo, la educación y la salud «.

De proyectos de ley a huelgas de hambre

Como resultado de estos múltiples problemas, los residentes de barrios pobres y movimientos sociales relacionados comenzaron a trabajar en un proyecto de ley, a partir de sus propias experiencias, la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales de las Naciones Unidas que garantizan el derecho a la vivienda. La Universidad de San Carlos y las instituciones pertinentes del Estado pulieron la propuesta. Lacán continúa: «En 2008, el proyecto de ley fue presentado al Congreso. Allí también, la propuesta fue revisada y, finalmente concedida por los comités del Congreso. Desde entonces se ha quedado atascada. El proyecto de ley sólo debe ser releído y aprobado, en principio, una mera formalidad. «

El 23 de agosto de 2011, cuando el proyecto de ley  no fue aprobado de nuevo por enésima vez, algunos activistas decidieron crear un «Asentamiento Congreso», acampando frente a las puertas hasta que sean escuchadas. «Así que muchos gobiernos han ido y venido y nadie nos ha tenido en cuenta. Ahora estamos aquí y nos quedamos hasta que se apruebe el proyecto de ley «, afirma doña Rosa combativamente. 
«Luchamos por una ley que beneficiará a toda la población guatemalteca», enfatiza Brenda. «Exigimos que las champas se conviertan en hogares habitables, que nuestra tierra y nuestras casas estén legalizadas por lo que finalmente se puedan conectar los servicios básicos, exigimos la provisión de viviendas a las familias que realmente lo necesitan».

Escobar quiere instituciones con responsabilidad social y política de vivienda dirigidas por un ministerio de vivienda especial. Una buena política de vivienda tiene que tener una buena ley como sus fundamentos.

Sin embargo, los académicos señalan que la ley y la legalización no es suficiente. También se debe prestar atención a la educación, el empleo, las condiciones de vida, en definitiva, a un diferente modelo socio-económico que rompe el círculo vicioso de la pobreza. De lo contrario, los barrios pobres seguirá creciendo.

Pero después de casi cuatro meses frente al Congreso los habitantes de barrios pobres comienzan a perder la paciencia. Después de que el proyecto de ley fue rechazada de nuevo el 22 de noviembre tres residentes, incluida la joven madre Julia, decidieron iniciar una huelga de hambre.

Si esta nueva forma de protesta no funciona y el Congreso no aprueba el proyecto de ley, lo más probable es que no sólo serán víctimas más lejos, en los barrios pobres, sino también pueden ser víctimas frente a la puerta de los Representantes del Pueblo .
(Este artículo fue publicado por primera vez en Holandés  el 02/diciembre/2011. En este día 07/enero/2012 los activistas aún se encuentran en frente del Congreso, pero se detuvo la huelga de hambre después de 19 días)

Roly.conapamg[at]yahoo.com
conapamg[at]yahoo.com

Movimiento Guatemalteco de Pobladores
(www.movimientoguatemaltecodepobladores.blogspot.com)

http://www.habitants.org/

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Living on the edge of the abyss

As crisis and poverty escalate in the Western world, activists in Europe and North America are now occupying city squares everywhere.
In Guatemala City, however, an independent movement exists, where activists have occupied the street in front of Congress since the 22nd of August 2011. Here, warm houses were not sacrificed for tents, rather miserable hovels have been exchanged for tents. Activists from the slums have pledged not to leave until the “Housing Law” is approved – demanding a solution for the housing crisis in Guatemala. A lack of affordable accommodation forces uncountable Guatemalans into shantytowns where precarious living conditions often have lethal consequences. On the 22nd of November the law that has been fought for years once again did not receive approval. In response, three people from the camp outside Congress started a hunger strike.

The slums of Guatemala

Everywhere you look there are banners in the tent-camp. The khaki-colored tents were given to the shantytowns following a natural disaster. Electricity is provided by a school in the street and plastic toilets were donated by supportive social movements. In the camp a coal fire is smoldering. The welcoming activists, mostly chatting women and their children, largely ignore the television. “The conditions here are better than where we live” they assure me.
The protesters are some of the estimated 1.5 million inhabitants of the slums of Guatemala. Shantytowns are everywhere, in cities and in the countryside. Recent accurate figures are not available. Within the camp Roly Escobar, the sympathetic representative of the organization CONAPAMG, is having a meeting with his some fellow activists. We look for a quiet place to talk.   Escobar has a thorough understanding of the situation having fought for years for the rights of poor neighborhoods. Escobar claims that in Guatemala more than 800,000 families live in shacks in the 982 Guatemalan slums.  Around 420 of these are situated in and around Guatemala City. According to experts a fifth to one third of the 2.5 million inhabitants of the metropolitan area reside in precarious locations.

The residents call their shantytowns “settlements”.  They feel this is a more dignified and accurate description as the settlements can vary in size from a house to a whole neighborhood.  “Only poor people live in the settlements, they are forced to settle on land which they do not own”  says Escobar. “Often this is wasteland where nobody wants to live, on the edge of ravines, on steep slopes and adjacent to or in garbage dumps.”

After leaving the streets to live in the slums, Luis Lacán quickly became aware of the needs of the settlement dwellers and the problems they face. He joined UNASGUA – an organization that offers legal support to those who fight to improve conditions in the slums. As we sit in his humble officeLacán explains  “living conditions are precarious because invariably the occupied land has nothing, no water, no electricity, no drainage, no paved streets, nothing.”

Lacán worries about his fellow slum dwellers. He explains that you cannot connect water and electricity without being able to prove a legal right to occupancy. The settlements are not included in official plans for regional and urban development and so are not considered for infrastructure investment.  This sometimes has disastrous consequences for the safety and health of residents.

Over time residents often start to organize themselves, some areas acquire electricity and water, some shacks become more like houses, while others still resemble cardboard boxes. However, in spite of the age of a settlement, without legalization, the fear of eviction is ever-present.

Surviving in the slums

“Most families in our neighborhoods live in houses made of rusty corrugated iron, cardboard and plastic. Some families do not even have that” says Brenda, one of the campaigners camped outside Congress.  A young mother named Julia adds, “without sewage systems all the waste water from the surrounding neighborhoods passes by our shacks, shacks which have earth floors.  It’s a breeding ground for diseases and infections. Our children get sick, sometimes they die, just because they lack a decent home. My daughter was eighteen months old when she became ill and died.”
Brenda nods affirmatively “during the rainy season, many people live in mud. Water flows through their shacks. Children and the elderly are particularly susceptible to pneumonia and bronchitis and deaths are not uncommon. Recently, an elderly woman died in my neighborhood from bronchitis. Because of hurricane Agatha in 2010 she lived in a house built from cardboard and plastic. My neighborhood suffered much then.”

Malnutrition has a huge impact on the health and development of the residents, especially children. According to figures from the United Nations half of Guatemalans live below the poverty line, and half the children are malnourished. These figures are the daily reality of slum dwellers. “We do not have enough money to buy food for our children. With the privatizations everything became more expensive; food, water, gas, electricity” explains Brenda indignantly. Escobar emphasizes that it is not only young children but that most settlement dwellers are malnourished. “How is this possible in such a rich country? Without work and income people will die of hunger here. This is already happening. Recently three fifteen year old teenagers died of malnutrition.”

Another common cause of death in these neighborhoods is violence. The slums are often associated with notoriously brutal gangs. Escobar, whose son was murdered, wants to put this violence in its context. “If there is no work, no schools, nothing to do, and you have the level of poverty where parents cannot afford to feed their children or send them to school then you are going to get criminality. Young people become easy prey to powerful organized criminals. These problems are not born here and do not only occur here. The whole of Guatemala is plagued by narcos and violence.”

Many inhabitants feel hopeless. Doña Rosa, an elderly woman who joins in as Brenda and Julia talk cannot restrain her tears. “What will happen if I die? Maybe I will never see this legalization.”

A lame housing policy and a growing housing problem

“Why do we go and live in a slum on the edge of an abyss or on a steep mountain slope? Not because we want to live like this, but because we hope to survive. People live here because they have no choice, there is no viable, affordable housing. Far too many people have nowhere to live” explains Brenda, whilst her five year old daughter jumps around catching her attention.

The reasons why there are so many overcrowded slums are diverse. The recent armed conflict, natural disasters, population growth and a lack of land or work in the countryside have forced many Guatemalans to migrate to the city and live in the slums.
Official figures estimate that by the end of 2011 there will be a housing shortage for 1.6 million households, of which 15% will be in Guatemala City. “The increasing demand exceeds the capacity of the State to resolve the incurred housing shortage” concludes the state institution SEGEPAZ.  Those knowledgeable about the housing crisis and settlement residents agree that the government has never really tried to find a solution to the housing problem.  ASIES, a research institution, found that since 1956 government action on housing has consisted of sporadic initiatives undertaken by inefficient institutions and of insufficient policy interventions, resulting in the accumulation of an enormous housing shortage.
To remedy this situation the first “Law for Housing” was finally approved in 1996.   Overseen by the Ministry of Communications, Infrastructure and Housing, the new housing initiative received a ridiculously low budget.  The corrupt siphoning of funds by government officials, building companies, and representatives of neighborhood organizationshas left little to provide for those with housing needs.   Applying for a grant under the scheme is not only a very long and bureaucratic process, it also requires the applicant to add a considerable sum of money, something many do not have. “Given the size of the housing problem, it was clear that this law was not a solution” concludes Lacán.

The housing policy of the last few decades was mainly characterized by cosmetic solutions claims Helmer Velásquez from the newspaper El Periodico. “Residents must first occupy what is basically an uninhabitable piece of land in order to gain the attention of the authorities. After a while they are provided with “important” infrastructure such as stairs and paved allies. Especially during the elections there is thought about the conditions in the slums and about legalization.” Lacán affirms that “only during elections politicians find the way to the slums. Then they come with presents such as corrugated iron and concrete, with promises such as employment, education and health.”

From bills to hungerstikes

As a result of these myriad problems, shantytown residents and related social movements began working on a bill themselves, drawing on their own experiences, the Constitution, national laws and the international treaties of the United Nations which guarantee the right to housing. The University of San Carlos and relevant state institutions further refined the proposal. Lacán continues  , “In 2008 the bill was presented to Congress. There too, the proposal was revised and eventually consented by Congressional committees. Since then it is stuck. The bill should only be reread and approved, in principle, a formality.”

On 23rd August 2011, when the bill was again not approved for the umpteenth time, some activists decided to set up a “Shantytown Congress”, camping in front of the doors until they are heard. “So many governments have come and gone and no one has ever taken us into account. Now we are here and we stay until they approve the bill” declares the elderly Doña Rosa combatively.
“We struggle for a law that will benefit the entire Guatemalan population” emphasizes Brenda. “We  demand that shacks are changed into livable homes, that our land and our homes are legalized so we can finally connect  basic services, we demand that housing is provided to families who really need it.”

Escobar wants socially responsible institutions and housing policy directed from a dedicated housing ministry. A good housing policy needs to have good law as its foundations.

Academics however point out that a law and legalization are not enough. Attention should also be paid to education, employment, living conditions, in short to a different socio-economic model which breaks the vicious circle of poverty. Otherwise, the slums will continue to grow.

But after nearly four months in front of Congress the slum dwellers begin to lose their patience. After the bill was rejected again on November 22 three residents, including the young mother Julia, decided to start a hunger strike.

If this new form of protest does not work and Congress does not approve the bill, it is likely that there will not only be further victims far away in the slums but there may also be victims in front of the door of the Representatives of the People.
(This article was first published in Dutch on 2.12.2011. On this day 7.01.2012 the activists are still in front of Congress, but stopped their hunger strike after 19 days)

Roly.conapamg[at]yahoo.com
conapamg[at]yahoo.com

Movimiento Guatemalteco de Pobladores
(www.movimientoguatemaltecodepobladores.blogspot.com)

http://www.habitants.org/

Fuente : http://ajchooj.blogspot.com/2011/12/nueva-linda-caravana-de-la-libertad-en.html

Más Información : http://cpr-urbana.blogspot.com/2011/12/asociacion-pro-justicia-nueva-linda.html

http://cpr-urbana.blogspot.com/2011/12/nueva-linda-la-lucha-por-la-justicia.html

Por Juan Pablo Ozaeta

Durante ocho años, las familias campesinas que integran la asociación Pro-Justicia Nueva Linda, estuvieron instalados a la orilla de la carretera en el kilómetro 207, ruta a Champerico, Retalhuleu. Esperando justicia por los hombres y mujeres de sus comunidades que perdieron la vida luchando por mejores condiciones de vida. Y con esperanza de que esa lucha dé frutos.

El pasado 19 de diciembre, este grupo destruyó las champas en las que por mucho tiempo habitaron y emprendieron camino hacia donde les serían entregadas en propiedad cuatro fincas, donde podrán empezar una nueva vida.

En este día tan trascendental, afloraban sentimientos de nostalgia, de alegría y esperanza. Una señora acariciando a su hija recordaba lo difícil que fueron sus primeros días, durmiendo en el suelo a la orilla de la carretera. Sus familiares preocupados por ella y su niña le consiguieron una cama sencilla “por el peligro de las culebras”, decía. “Y así poco a poco fuimos consiguiendo nuestras cositas”.

Diciembre es tiempo de zafra en Retalhuleu. Pero para las 98 familias que se mudarían a las nuevas fincas, esa actividad económica tan determinante en la costa sur ya no formaría parte de sus vidas.

Uno de los campesinos que resistieron a la orilla de la carretera, contaba que los camiones con doble remolque, o “trailers” de “el azúcar de Guatemala” les hicieron pasar varios sustos, por el riesgo en que se encontraban, viviendo tan cerca del paso de estos enormes vehículos. Incluso, en una ocasión atropellaron a uno de sus compañeros, dejándolo con varias fracturas graves.

Como si no les bastara el hostigamiento que sufrieron de parte de la seguridad privada de la finca Nueva Linda, los trailers también les pasaban al lado, amenazantes. En una sola noche durmiendo a la orilla de esa carretera, pudimos comprobarlo. El suelo tiembla al paso de los trailers, los cuales no dejan de circular en ningún momento.

Y cuando no escuchábamos los trailers, escuchábamos el crujir de la caña, quemándose una noche antes, para que a la mañana siguiente lleguen los trabajadores a cortarla.

De esta manera (habrá otras más) puede notarse la importancia que tiene para la vida de estas familias convertirse en propietarias de una tierra, a la que pueden entregar su fuerza de trabajo en beneficio de su familia y de su país. No de unas minorías.

La lucha de ocho años de estas familias, les ha liberado de la dependencia de los dueños del azúcar de Guatemala, que mucho les quitan y poco les dan.

Estas familias son un importante símbolo de la resistencia en tierra de los azucareros, de los ganaderos y de otros negocios, digamos que menos lícitos.

Fuente : http://fraukedecoodt.wordpress.com/2011/11/29/esta-tierra-es-nuestra/

Una historia de robo de tierra a través de violencia y leyes

“Esta tierra es nuestra, no del Estado, es nuestra como pueblos indígenas”, fue lo que dijo Lorena Sánchez, una indígena de 20 años, cuando el 3 de mayo de 2011 se presentó en Tzalbal un ingeniero del Fondo de Tierras. El funcionario de esta institución estatal, que supuestamente facilita el acceso a la tierra, había acudido a este municipio del noroeste de Guatemala para decir a sus habitantes que la tierra en la que vivían desde siempre era un “Bien de la Nación”.

Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.

El genocidio de la población maya-ixil

Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecían al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.

La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio) el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996 más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas más del 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.

Una población desplazada de sus tierras

No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.

Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.

Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios mientras el 87% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.

Una asamblea para informar al pueblo

Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.

Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.

La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.

Los leyes de la guerra

El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.

Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.

Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años ’80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.

Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.

Como muchas otras aldeas Tzalbal, se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.

En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.

El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.

La historia se repite, la historia continua

Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.

Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.

La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.

Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.

Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.

Todos unidos: ¡la lucha sigue!

Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.

Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.

Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.

Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.

La Unión Verapacense de Organizaciones Campesina -UVOC- A la comunidad Nacional e internacional Hace saber:

a. A pesar de las múltiples violaciones de derechos humanos que han sido relacionados con el proyecto de ferro níquel FeNix en El Estor Izabal, el 11 de noviembre de este año salió en la prensa que la empresa rusa Solway Investment Group fue nombrado como el nuevo propietario de la empresa; Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) proponiendo invertir entre US$ 1 mil 450 millones y US$ 1 mil 450 millones en un plan para que duplicaría la producción a 150 mil toneladas en los próximos cinco años (i).

b. El territorio del norte de Guatemala, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Peten y Quiche son vulnerables a los fenómenos del cambio climático debido a la aplicación de mega proyectos de palma africana, hidroeléctricas, ampliación de carreteras y minería a cielo abierto, por empresas nacionales e internacionales.

c. Que las 14 comunidades de la valle de Polochic que fueron afectadas por los desalojos que ocurrieron el 15 de marzo del año 2011, sigan reclamando la forma incorrecta en que se ha hecho efectivo el cumplimiento de las medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades afectadas. Que hasta ahora muchas comunidades no han recibido la alimentación prometida como parte de las medidas cautelares, la situación de estas familias no cumple con los parámetros que el gobierno tiene para entregar “bolsas solidarias”, ha manifestado la comisión representada por las instituciones propuesta por el gobierno para la solución del conflicto.

d. Los presidentes que han ejercido en el poder del estado desde la firma de la paz han obviado los acuerdos de paz, encaminando una agenda neoliberal, aplicada pausadamente autorizando la instalación de empresas para la destrucción de la naturaleza y el despojo de la tierra a la población.

e. La oligarquía terrateniente/feudal, los carteles financieros guatemaltecos, la oligarquía emergente, los carteles internacionales –financieros, industriales y comerciantes-, en contubernio con el Estado guatemalteco ha encaminado medidas legales para una supuesta aplicación y reactivación económica, por medio de leyes que únicamente benefician los intereses rapaces de estos carteles económicos.

f. Que las 715 familias que ocuparon las cuatro fincas en Cahabon Alta Verapaz, el 20 de octubre de este año, sigue recibiendo amenazas de desalojo por parte de actores privados, a pesar de llevar una lucha pacífica y haber entrado en dialogo con las autoridades.

Demandamos al nuevo gobierno:

a. La suspensión de los contratos a empresas nacionales e internacionales que violente con la vida humana –CGN, Golcorp, PERENCO u otros.

b. La seguridad e integridad de las comunidades que han sido afectado por el proyecto de ferro níquel mencionado, como por ejemplo la comunidad Lote 8 de Panzos.

c. La condonación de la deuda agraria adquirida por la empresa de bienes raíces del estado –Fondo de Tierra-.

d. Facilitar los procesos de adjudicación de la tierra a los campesinos y campesinas que demandan su tenencia histórica.

e. Que la empresa internacional InterForest S.A. respete el dialogo de las 715 familias con las autoridades guatemaltecas para que se consiga una resolución pacífica, de la finca ocupada en Cahabon.

f. Que se cumpla inmediatamente con las medidas cautelares que fueron acordados para las comunidades de Polochic y que los resultados sean difundidos de una manera concreta.

La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas -UVOC- La coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas –CNOC- hace un llamado a las organizaciones hermanas Indígenas y campesinas de la región de las Verapaces, estar alertas a cualquier llamado y manifestar su apoyo y solidaridad a las comunidades Qeqchi y Pocompchi que están siendo castigadas por esa política represiva del gobierno.

Compañeros y compañeras, es una lucha por nuestra La madre tierra, aquella que nos sustenta, nos da la vida y nos alimenta, ahora que se ve tan triste, abandonada, para que no se olviden que no podemos vivir sin ella, nuestros hijos no pueden vivir sin ella, sin agua y sin aire, compañeros ya no podemos vivir en este sistema de decadencia. 
“Skool 77”

(i) http://www.prensalibre.com/economia/Buscan-reactivar-industria_0_589141087.html

UVOC

A 33 años de la masacre de Panzos, la impunidad y el saqueo continúan.

Video Foro. Del Terror contra insurgente al neoliberal. La continuidad de una política de Despojo‏

acompáñenos a un  análisis de un Estado de Derecha al servicio de las élites nacionales y extranjeras del país.

con la proyección del  video sobre la política de tierra arrasada
por agro combustibles.

este sábado
4 de junio
a las 2 de la tarde
en el Colegio Casa Central
2da ave. 13-12 zona 1.

alto a la represión en el Polochic, no mas Agro combustibles.

memoria viva en Movimiento.

Para ayudar a la mara que ha estado sufriendo la repreción en el Valle del río Polochic

Domingo 22 de mayo

2 pm

Trova y Rock 11 calle entre 6a. y 7a. avenida

colaboración : 15 varas y 1 libra de granos básicos

bandas: Virus Belico, Magma, Spit y Treateth

Para más información sobre el problema de la tierra en el Valle del rio Polochic, por qué la gente ha estado ocupando las fincas y tener una visión crítica de esta problemática, pueden leer el informe:

Guatemala: Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclaracimiento Histórico (CEH); especificamente El caso Ilustrativo no.9

siguiendo este enlace

http://desobedientes.noblogs.org/post/2011/04/16/exposicion-de-la-masacre-de-panzos-en-el-musac/

Este es un problema con un antecedente histórico, no es de ahorita

Foto del desalojo mez marzo http://chiapas.indymedia.org/index.php?category=4

Fuente: http://www.fgtoriello.org.gt/noticias/nuevas-agresiones-contra-comunidades-del-polochic

Nuevamente los empresarios Widman  llevan a cabo con total impunidad  agresiones contra familias de la comunidad de Agua Caliente de Panzós, A.V.

Hoy 13 de mayo, a partir de las 8:30 de la mañana, llegaron 30 agentes de seguridad uniformados de la empresa Chabil Utzaj, disparando con escopetas y probablemente Galil. Poco después, sobrevolaron tres helicópteros y lanzaron seis granadas para quemar las milpas que sobrevivieron al desalojo y para hostigar a trabajadores que estaban rescatándolas con el objetivo de dar de comer a sus familias que atraviesan una situación sumamente difícil. Los trabajadores lograron salir ilesos aunque muy afectados.
 
Hay fuertes indicios de que dentro de los helicópteros se encontraban  propietarios de la empresa Chabil Utzaj dirigiendo la actividad en contra de la comunidad, elemento que tiene que ser investigado.

Las familias de la comunidad de Agua Caliente, de igual manera que las demás comunidades desalojadas a mediados de marzo, sobreviven  con el apoyo comunitario en lugares cercanos y con el limitado apoyo que pueden canalizar organizaciones sociales y humanitarias.  Las entidades públicas  han brillado por su ausencia, mostrando un incumplimiento y desinterés  humanitario elemental.

Para sobrevivir, las familias desalojadas están llegando a sus sembradíos a recoger el poco maíz que les quedó después de la destrucción de las comunidades, la quema de sus viviendas y siembras.

Esta comunidad fue desalojada violentamente el 15 de marzo por la Policía Nacional Civil, el ejército, guardias de seguridad privada y propietarios de la empresa Chabil Utzaj con gran despliegue de fuerza pública y grupos  armados de la finca. Todavía padecen los traumas de las bombas  lacrimógenas lanzadas por la PNC, especialmente los niños y las mujeres embarazadas. Los líderes no pueden movilizarse con libertad ni ejercer sus derechos como cualquier ciudadano debido a las amenazas de la empresa y del gobierno.

Esta situación nos obliga a denunciar la complicidad e irresponsabilidad de las entidades del gobierno, llamadas a responder ante las demandas y derechos de las comunidades. Como fue firmado solemnemente en los Acuerdos de Paz, el Estado tiene la función de promotor de la concertación social y de la resolución d conflictos. En Agua Caliente y en el valle del Polochic su actuación vacía  y subordinación a los finqueros está llevando a agudizar la conflictividad.

Contrariamente a lo expresado por la Presidencia de la República, no son las amenazas de seguir los desalojos de comunidades y de reprimir y criminalizar a las organizaciones sociales lo que va a resolver los problemas. La solución y fuente de toda legitimidad es dar respuesta a los derechos de la población y, en este caso, de las comunidades Q’eqchi’s del valle del Polochic. Respuestas represivas y genocidas ya tuvimos bastante con los gobiernos militares anteriores a la firma de la paz. Respuesta a los derechos irrenunciables de la población es el reto del Estado y sus instituciones.

A las entidades nacionales de verificación y protección de derechos humanos, a los organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, diferentes relatorías, y a la CICIG pedimos su seguimiento, vigilancia e intervención en este caso de desalojos de tierras indígenas.  Hay evidencias  y un cúmulo de irregularidades en el actuar que pueden replicarse en otros lugares. Prevenir y alejar las causas del conflicto es el concepto de paz definido por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así mismo, a entidades financieras como el BCIE y asociados que dan soporte al proyecto del Chabil Utzaj -desde su mandato de contribuir al desarrollo sostenible en la región-, no pueden asumir que con reestructurar la deuda ya se ha resuelto el problema; éste persistirá si no se resuelven y atienden los derechos de las comunidades. El hecho de que haya acudido al rescate del ingenio Chabil Utzaj el Grupo Pellas de Nicaragua, no resuelve la conflictividad ni garantiza el éxito del proyecto.

Al Ministerio Público pedimos que no escatime esfuerzos y llegue al fondo de las investigaciones y el proceso debido para identificar a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Antonio B’eb Ac, de la reiterada violación a los derechos de la población Q’eqchi’, y de la ejecución de la orden de desalojo violando todo procedimiento legal y humanitario, así como transparentar las actuaciones de funcionarios del Sistema de Justicia.