desobedece

más información :  http://www.cuc.org.gt/

Las hijas e hijos de la Madre Tierra y del Maíz, nos hemos juntado en la tierra de Manuel Tot para iniciar una marcha desde estas tierras hacia la Ciudad Capital donde se encuentra la sede de los poderes, para que nuestra voz y nuestra demanda sean escuchadas.

Realizamos esta marcha por la urgente necesidad de resolver las demandas agrarias por parte de las comunidades indígenas y campesinas, por que se respeten los territorios y la Madre Naturaleza en todos aquellos lugares en donde se ha dicho que no queremos empresas mineras, petroleras, de construcción de megaproyectos o monocultivos; para que se detenga la persecución en contra de los que luchamos por nuestros derechos, por la condonación de los préstamos otorgados por medio del Fondo de Tierras y por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral.

Desde hace varios años y de muchas formas hemos dado a conocer estas demandas y planteamientos. Hemos advertido que las medidas y decisiones que empresarios y gobernantes están tomando, ha llevado a nuestro país, a nuestras comunidades y a nuestras familias a una situación donde se profundiza la injusticia, la pobreza, los despojos y la violación a nuestros derechos individuales y colectivos.

Con estas decisiones se está entregando nuestras tierras, territorios y bienes de la Madre Naturaleza a las empresas nacionales y extranjeras. Para impulsar este nuevo despojo, se están aprobando leyes que solo protegen los intereses de los poderosos y las instituciones del Estado se han puesto al servicio de los empresarios y de políticos que buscan quedarse con una tajada de estos negocios.

Hacemos esta marcha a un año que el anterior gobierno desalojó a cientos de familias Q’eqchi’s en el Valle del Polochic, para favorecer la presencia y negocios del ingenio Chabil Utzaj. A partir de esos desalojos se desató una serie de amenazas, intimidaciones, ataques y asesinatos contra las comunidades. Ha pasado un año y nada se ha hecho ni por el anterior, ni por el actual gobierno. Ha sido un año de no tener vivienda, de ver los cultivos destruidos una y otra vez, de padecer enfermedades y desnutrición severa y de no tener seguridad. Por eso muchas familias que fuimos desalojadas estamos participando en esta marcha.

El que éste gobierno no se haya preocupado ni haya dado un paso para resolver la problemática de la tierra en el Valle del Polochic, es una muestra más que se está dando continuidad a las políticas del gobierno anterior. El único cambio es el estilo de gobernar. El gobierno de Pérez Molina ha dejado claro, desde el inicio de su gobierno, que las empresas mineras tienen todo su apoyo, que va abrir las puertas de par en par a las empresas nacionales y extranjeras, sin importarle que se violen los derechos de las y los guatemaltecos. Para garantizar esos intereses está recurriendo a la militarización expresada en la participación permanente del ejército en tareas civiles y la subordinación de la policía a los militares, el reclutamiento militar, las reservas militares, la instalación de destacamentos y brigadas, en territorio de los pueblos originarios, tomando como pretexto el combate a la delincuencia.

También ha dejado claro que su estilo de gobernar es la imposición; así lo demostró con la designación de la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer, con la elección de los gobernadores, imposición de COCODES, la aprobación apresurada, en el Congreso de la ley de actualización fiscal, los acuerdos con la empresas mineras que pasan por encima de las más de 60 consultas comunitarias y con las expresiones que ha tenido hacia distintos sectores que han dado a conocer sus demandas.

Sin embargo de nuestra parte está la justicia y la razón. Para empezar nos movilizamos con fundamento en los derechos de organización, emisión del pensamiento y de manifestación que, según la Constitución no puede ser disminuido, restringido o coartado. Estamos en esta marcha porque vivimos en las tierras de nuestros antepasados y que hoy están amenazadas por la presencia de las empresas. Nos resistimos porque se está afectando nuestra forma de vida con la destrucción y contaminación de ríos y fuentes de agua; con la destrucción de bosques y montañas.

Estamos defendiendo el presente y futuro de la mayoría de las familias de Guatemala y del planeta en general y para mantener la posibilidad de producir nuestro alimentos, cuando decimos que no queremos minería por la destrucción que provoca en los lugares donde vivimos, que no aceptamos la construcción de hidroeléctricas que inundarán nuestras tierras para entregar la energía a empresas extranjeras o bien, que para combatir el hambre y desnutrición lo que urge es tierra para sembrar y no bolsas de alimentos o nuevos despojos de tierras para sembrar caña de azúcar o palma africana.

Estos planteamientos los hemos hechos una y otra vez y la única respuesta que hasta ahora hemos encontrado han sido las falsas acusaciones, las órdenes de captura y los juicios sin seguir el debido proceso; los desalojos, la persecución, represión, ataques e intimidaciones. La prueba más clara han sido, no solo los desalojos en el Polochic, sino más recientemente, los órdenes de captura en el Norte del Quiché, los desalojos contra la comunidad Xinca en Xalapán, las acusaciones, capturas y campañas sucias contra las comunidades de San Juan Sacatepéquez. En distintas partes del territorio nacional autoridades tradicionales, comunidades y organizaciones están elevando su voz para expresar que no queremos más despojos en nuestros territorios.

Por eso, ahora nos hemos unido comunidades de pueblos originarios y campesinas, organizaciones y personas de que aman Guatemala, y todas y todos juntos nos dirigimos para que juntas nuestras voces se escuchen más y se nos dé respuesta, pero también porque nos preocupa el cierre de espacios y de diálogo con la sociedad civil que este gobierno, apoyado por los empresarios interesados, están haciendo, lo que nos haría retroceder a los tiempos de la represión y militarización que vivimos recientemente.

Hoy dejamos claro cuáles son nuestros planteamientos porque al llegar a la ciudad capital queremos respuestas de los tres poderes del Estado y del Ministerio Público.

• · Demandamos que se aborde con seriedad la problemática de la tierra.

Se debe detener la concentración y reconcentración de tierra que está dejando sin posibilidad de producir a miles de familias campesinas. Una de las principales razones por la que hay hambre y desnutrición en nuestro país, es la gran injusticia en la forma como está distribuida la tierra. Pocas familias concentran mucha tierra y millones de familias no tienen ni siquiera dónde producir sus alimentos.

El Estado sigue teniendo en su poder fincas y no existe razón para que las siga manteniendo, lo que se debe hacer es entregarlas a familias y comunidades indígenas y campesinas. En concreto demandamos que resuelva el problema de la tierra en Alta Verapaz, en particular en el Valle del Polochic, Cobán, Chisec y Carchá; en el Norte de El Quiché y Zacualpa; Santa María Xalapán, Petén, Sierra de Santa Cruz y en otros lugares más donde se están dando en la actualidad despojos de tierras.

• · Demandamos la condonación total y definitiva de la deuda agraria.

Se debe anular las deudas que tienen comunidades campesinas producto de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras. En distintas ocasiones los gobiernos han salido en auxilio de los empresarios tal y como sucedió con la crisis de los precios internacionales del café o con la quiebra financiera de varios bancos. Ya es hora de que el Estado responda a las necesidades de las mayorías necesitadas.

• · Exigimos que terminen los desalojos, la persecución y criminalización.

Los desalojos, la persecución en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsa acusaciones, las actuaciones parcializadas de jueces y fiscales del MP a favor de las empresas, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos, deben terminar. No es posible que continúe la impunidad de los asesinatos que se han cometido en contra de indígenas y campesinos y que los victimarios estén moviéndose libremente con total impunidad. Que se respete y aplique el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos 67 y 68 de la Constitución de la República.

• · Cancelación de las licencias mineras de exploración y explotación minera, petrolera, la construcción de hidroeléctricas y el impulso de monocultivos.

Decenas de miles de personas en cientos de comunidades así como organismos de Naciones Unidas han expresado que la explotación minera debe terminar. Demandamos que se respeten los resultados de las consultas comunitarias y se cancelen las licencias mineras en Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa y Guatemala, incluyendo San Juan Sacatepéquez, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Apoyamos y respaldamos el recurso de inconstitucionalidad a la ley actual de minería presentada recientemente por el Consejo de los Pueblos de Occidente.

• · Exigimos la aprobación de la Leyes en beneficio de los pueblos y comunidades empobrecidos.

Desde hace doce años venimos planteando y participando en un proceso que dio lugar a la propuesta de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, iniciativa 4084 que, desde el gobierno anterior, se encuentra engavetada en el Congreso. Ya es tiempo de que se apruebe esa ley, tal y como se propuso por las organizaciones de la sociedad civil.

Demandamos una nueva política agraria que posibilite el acceso a la tierra, sin la utilización de los mecanismos de mercado, la aprobación de los códigos agrario sustantivo y procesal, así como los correspondientes tribunales agrarios y la creación de la Procuraduría Agraria que lleve a finalizar la criminalización de las demandas indígenas y campesinas. También exigimos la aprobación de la Ley de Radios Comunitarias

Muchas veces hemos hecho estos mismos planteamientos, nos hemos expresado en distintos espacios, por lo mismo, al llegar a la Ciudad Capital, el día Wajxaqib’ B’atz, tengamos respuesta concreta a nuestras demandas.

Que Amanezca, que Llegue la Aurora

Cobán, 19 de enero de 2012

Mas información : http://redkatguate.blogspot.com/2012/03/no-rotundo-las-actividades-mineras-en.html

En conferencia de prensa la COMISIÓN MUNICIPAL NO A LA MINERÍA dio los resultados de la consulta comunitaria de buena fe, numero 60 a nivel nacional, celebrada en las 33 comunidades de Chinique.

Total de votos: 4670

Votos en contra de la minería: 4669

Votos a favor de la minería: 1

Una vez más el pueblo kiche dice NO A LA MINERÍA, NO A LAS HIDROELÉCTRICAS Y NO A LOS MEGAPROYECTOS. Con esta actividad se espera que el gobierno, las empresas transnacionales y cualquier persona individual respeten la decisión de las comunidades de no permitir estas actividades en su territorio, pues atentan contra el medio ambiente, la economía, la calidad de vida y las formas propias de organización de los pueblos originarios.

Más informació : http://consejodepueblosdeoccidente.blogspot.com/2012/03/encuentro-de-la-comisionada-de-naciones.html

13 marzo 2012

El  territorio de Totonicapán, tierra de nuestro abuelo y heroé Atanasio Tzul, fue el centro de concentración de los diferentes pueblos del occidente del país y pueblos hermanos de Guatemala para recibir la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay.

Más de 4,000 hermanas y hermanos entre ellos líderes  y alcaldes comunitarios  de todo el país reunidos en el estadio municipal de Totonicapán nos hicimos presentes para manifestar la exclusión,  discriminación, invasión, criminalización y persecución  que sufrimos día a día como pueblos indígenas, pero sobre todo para hacer ver nuestra posición política  de pueblos originarios Ixim Ulew. La alta comisionada para las Naciones Unidas, Navi Pillay encargada de la verificación del cumplimiento de los derechos humanos en países como Guatemala, se le hizo entrega del documento que contiene las preocupaciones respecto a la violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala. El cual tiene el siguiente contenido:

“Ante la visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Navi Pillay, nosotros los pueblos originarios, las organizaciones comunitarias, autoridades ancestrales y organizaciones indígenas de Guatemala.

Exponemos ante usted, nuestras preocupaciones respecto a la violación de los derechos humanos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala.

La presente demanda contiene un análisis de la situación de los pueblos indígenas de Guatemala, en materia de derechos humanos colectivos.

1.    AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN: TERRITORIO, TIERRA y CONSULTA.

Territorio

En la actualidad los pueblos indígenas de Guatemala, estamos  sufrien­do los peores efectos del sistema capitalista y la dinámica acelerada de la globalización, mediante la implementación de políticas neoliberales por parte del Estado guatemalteco, que aprueba licencias para la implementación de megaproyectos y de todo tipo de aprovechamiento de los bienes naturales, que únicamente favorecen intereses individuales mercantilistas de empresas nacionales y transnacionales, cuyos efectos perpetúan el saqueo y la devastación de los bienes naturales, de la Madre Tierra y atentan contra nuestro elemento vital de vida: La Madre Tierra y los territorios.

Los pueblos indígenas continuamos  padeciendo los mayores impactos negativos en nuestros territorios, resultantes de actividades altamente degradantes, contaminantes como la minería, hidroeléctricas, petróleo y monocultivos, que atentan contra la salud humana, ambiental y consecuentemente la vida de la Madre Tierra y las comunidades.

La situación de despojo de nuestros territorios ha sido motivo para desarrollar un proceso de articulación y lucha en defensa, construyendo nuevas alternativas desde nuestra cosmovisión maya y la búsqueda del bien vivir, para reiterar nuestros rechazos a la implementación de megaproyectos que atentan contra nuestros territorios y medios naturales y amenazan a nuestras vidas.

Tierra

En Guatemala, desde la colonización se ha vivido la explotación y despojo de las tierras a los pueblos indígenas, por lo que la situación agraria, se ha constituido en una de las principales problemáticas históricas estructurales, altamente conflictiva, constituye un tema que genera importantes antagonismos y confronta a sectores económicos y clases sociales, situación que en la realidad se puede apreciar en las grandes disparidades en la tenencia de la tierra y su vinculación directa con la extrema riqueza y extrema pobreza. Como resultado de este proceso la mayoría de la población indígena tiene que basar su sobrevivencia en minifundios, los cuales desde todo punto de vista están vinculados a carencias en el acceso a la salud, la productividad, la educación, la reproducción cultural y el ejercicio del poder político.

Las políticas agrarias que el Estado ha diseñado en ningún momento han tomado en cuenta nuestra cosmovisión, nos han negado la participación en su formulación, truncando nuestras posibilidades de definir nuestro propio modelo de desarrollo, acceder al derecho histórico a la tierra, desconociéndonos como sujetos políticos y económicos, con capacidad organizativa para definir nuestras propias formas de administrar nuestra tierra y territorio.

En la actualidad, toda demanda e intento de recuperación de las tierras despojadas a nuestros ancestros, es vista por el Estado como invasión, usurpación de propiedades y por ende como ilegal. En muchas ocasiones  tanto nuestros antepasados como las actuales generaciones han pagado dos y tres veces para recuperar las mismas tierras y aún así no tenemos certeza jurídica de ser los legítimos herederos. Esta situación ha mantenido vigente históricamente la dicotomía  entre minifundio y latifundio, perpetuando hasta la actualidad la dependencia del trabajo estacional en las grandes fincas y limitando el ejercicio pleno a derechos humanos como al de la alimentación, derechos laborales como el trabajo digno, el derecho de los niños a la educación entre otros.

Sin embargo el Estado ha declarado a través de la Corte de Constitucionalidad que las consultas comunitarias de buen fe realizadas NO son VINCULANTES, de esta forma el Estado continúa concesionando licencias de mega proyectos en nuestros territorios a empresas nacionales e internacionales, violando el derecho  a la consulta, previa, libre e informada. Como ejemplo, recientemente el organismo ejecutivo a través del entonces presidente de la República Alvaro Colom, presentó el  “proyecto de reglamentación de las consultas comunitarias” que pretendía concentrar en las instancias gubernamentales la decisión sobre la validez  de las consultas, proyecto que fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad con la presión del movimiento indígena…”

2. MEGAPROYECTOS: MINERÍA, HIDROELÉCTRICA (MATRIZ ENERGÉTICA), INFRAESTRUCTURA (MEGA CARRETERAS), MONOCULTIVOS Y DESALOJOS

.

3. CRIMINALIZACIÓN, REMILITARIZACIÓN. PERSECUCIÓN LEGAL, AMENAZAS, INTIMIDACIONES

4. DISCRIMINACIÓN Y RACISMO: DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER INDÍGENA, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. (POBREZA Y POBREZA EXTREMA, IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y RADIOS COMUNITARIAS)

Leer todo POSICIONAMIENTO POLITICO DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE IXIM ULEW ANTE LA VISITA DE LA SEÑORA NAVI PILLAY, ALTA COMISIONADA DE NACIONADES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.

También se le hizo entrega copia de la acción legal interpuesta en contra de la actual ley de minería en Guatemala vigente desde el 17 de julio de 1997, la cual contiene fundamentos legales que demuestran la inconstitucionalidad total de  dicha ley. (click aquí inconstitucionalidad total ley de minería).

Fuente : http://fraukedecoodt.wordpress.com/2011/11/29/esta-tierra-es-nuestra/

Una historia de robo de tierra a través de violencia y leyes

“Esta tierra es nuestra, no del Estado, es nuestra como pueblos indígenas”, fue lo que dijo Lorena Sánchez, una indígena de 20 años, cuando el 3 de mayo de 2011 se presentó en Tzalbal un ingeniero del Fondo de Tierras. El funcionario de esta institución estatal, que supuestamente facilita el acceso a la tierra, había acudido a este municipio del noroeste de Guatemala para decir a sus habitantes que la tierra en la que vivían desde siempre era un “Bien de la Nación”.

Tzalbal es una micro-región que abarca 14 comunidades. Localizada en las estribaciones de la sierra de los Cuchumatanes, Tzalbal se ubica en el municipio de Nebaj, en el departamento del Quiché. Aquí, y en los municipios vecinos de Cotzal y Chajul, vive el pueblo originario ixil. Sus habitantes no sabían que su tierra había sido nacionalizada en 1984, un secreto oculto durante 28 años. Ahora están indignados.

El genocidio de la población maya-ixil

Durante los 36 años de guerra contra-insurgente en Guatemala, y especialmente entre los años 1978 y 1983, cerca del 98% de las 7.000 personas que fueron asesinadas en esta región pertenecían al pueblo ixil. El Ejército arrasó su territorio: al menos el 70% de sus comunidades fueron destruidas. La mayoría de la población huyo a las montañas, muchos murieron de hambre, frío y de distintas enfermedades.

La región ixil fue una de las regiones más afectadas de un conflicto que alcanzó en Guatemala dimensiones de un genocidio. Según las investigaciones de la Iglesia Católica guatemalteca (Nunca Más) y de la ONU (Memoria del Silencio) el Estado fue responsable del 93% de las atrocidades y de 626 masacres. Hasta 1996 más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. De ellas más del 83% pertenecía a pueblos indígenas. El 12% de la población fue desplazado.

Una población desplazada de sus tierras

No se puede entender el genocidio sin tomar en cuenta el factor de la tierra. Los habitantes de Tzalbal comprenden muy bien esta íntima relación entre tierra y conflicto.

Patricio Rodriguez, un hombre de 66 años con la sabiduría de los años escrita en su cara, explica el origen de la situación actual: “Durante muchos años quemaron nuestras casas, mataron nuestros animales, robaron y cortaron nuestras milpas [huertos de maíz, el alimento básico de los mayas]. Mataron a tanta gente que nos desplazamos a las montañas para salvar nuestras vidas. El ejército entonces pensó que era tierra abandonada, baldía. Pero abandonamos nuestras tierras por causa de la represión”.

Gregorio, el responsable del agua potable de Tzalbal, ofrece su versión: “Ahora nos estamos dando cuenta de lo que nos robaron en el conflicto armado. Y para legalizar el robo hicieron un ley”. La desigual distribución de la tierra es una de las principales causas de la pobreza en Guatemala y del conflicto armado. Según el censo de 1964, el 62% de la tierra estaba en manos del 2% de los propietarios mientras el 87% de los campesinos carecía de tierra suficiente para sobrevivir.

Una asamblea para informar al pueblo

Si se superpone la sucesión de decretos-leyes sobre la tenencia de la tierra emitidos por los gobiernos militares y la violencia que arrasó la región resulta más sencillo entender cómo el Estado se apropió de las tierras indígenas. También para los comunitarios se volvió todo más claro cuando empezaron a investigar su propio caso.

Una vez que el ingeniero de Fondo de Tierras abandonó el municipio, el joven alcalde indígena de Tzalbal, Ronaldo Gutiérrez, citó a los representantes de las demás comunidades del sector de Tzalbal. Con la chaqueta típica de los ixiles, rojo bordado con rizos negros y simples, explica cómo se empezó a investigar qué había pasado con sus tierras. Para el 6 de octubre organizaron una asamblea general para informar a toda la comunidad.

La sala comunitaria, con un mural que recordaba las atrocidades del conflicto, se llenó con música de marimbas. Unos 700 ixiles vinieron de Tzalbal y las 13 aldeas cercanas. La mayoría de los hombres llevaban su gorro de paja, algunos su chaqueta tradicional. También llegaron muchas mujeres, todas con sus blusas bordadas o huipiles y trajes rojos. Las mujeres mayores estaban peinadas con trenzas coloradas.

Los leyes de la guerra

El licenciado Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, es una de los personas que ayudó en la investigación del caso de Tzalbal. En la asamblea, Cadena explica que la raíz de este conflicto es el Decreto Nº 60-70. Esta ley, aprobada en 1970 por el general Osorio, declara de Interés Público y Urgencia Nacional el establecimiento de Zonas de Desarrollo Agraria en varios municipios de los departamentos norteños del país.

Este “interés publico” era el establecimiento del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte, convirtiendo en grandes terratenientes a un grupo de generales y sus aliados. Junto con los siguientes Planes Nacionales de Desarrollo de 1971 hasta 1982, estos proyectos buscaban promover la producción y exportación de petróleo, minerales, energía eléctrica, monocultivos y maderas preciosas en el norte del país. No parece casualidad que en los departamentos calificados de “interés publico” fuera donde se produjeron la mayor cantidad de masacres.

Un relator informa en la asamblea que “estos acuerdos establecieron las bases para la usurpación de la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas. También establecieron la raíz de la guerra de los años ’80 desatada por el ejército en contra de los pueblos de Guatemala”. Las leyes indican que hubo un interés económico previo en algunos territorios que después resultaron los más afectados por la violencia. La represión del Estado se emprendió paralelamente a los “Planes de Desarrollo”.

Otro decreto que signó el destino de Tzalbal es el Nº 134-83, emitido en 1983 por el presidente de facto Mejía Victores. Con esta ley el ejército reordena formalmente el territorio ixil para el establecimiento de las Aldeas Modelo, y legaliza el expolio de tierra.

Como muchas otras aldeas Tzalbal, se convirtió en un Aldea Modelo o Polo de Desarrollo, comunidades militarmente controlables. Las personas que no huyeron a las montañas o que volvieron porque no soportaron la vida en las montañas fueron asentados en estas Aldeas Modelo. Muchos habitantes las llamaron “campos de concentración”.

En las Aldeas Modelo también se desarrollaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estructuras civiles militarizadas que implantó el ejército. En 1985 más de un millón de hombres colaboraban con el ejército. Negarse a participar en las PAC convertía a un indígena en sospechoso de colaborar con la guerrilla.

Como lo estipulo la ley Nº 134-83, las PAC de Tzalbal fueron obligados a medir la tierra en 1983, tal como cuenta un hombre en la asamblea. Explica en lengua ixil cómo el ejército les prometió tierras si acudían a medir las parcelas, pero fueron engañados. Los habitantes de la Aldea Modelo tuvieron que medir la tierra para que pudiera ser nacionalizada.

El licenciado Ramón Cadena relata que el día 11 de mayo de 1984 el Estado desmembró el titulo original de 1903 y alrededor de 1.495 hectáreas de Tzalbal pasaron a la propiedad del Estado. En un comunicado aprobado al final de la asamblea, las comunidades demandaron que se reinstale su derecho constitucional a poseer la tierra.

La historia se repite, la historia continua

Después tantos proyectos de desarrollo, leyes de desarrollo y polos de desarrollo resulta fácil entender por qué la población indígena de Guatemala sospeche de cualquier iniciativa que apele al “desarrollo”. La mina de oro Marlin en San Marcos dice traer desarrollo, al igual que la cementera en San Juan Sacatepéquez. Las comunidades de estos territorios han entendido que estos proyectos traen más beneficios a sus propietarios que a la población local.

Los decretos emitidos durante la guerra siguen vigentes. Otras leyes se suman a la lista abriendo nuevos territorios o fortaleciendo el control sobre las tierras ya usurpadas. Éste es el caso de la ley de alianzas publicas-privadas que habla de “interés publico” y legaliza el desalojo por ese motivo. Bajo el “Plan de Desarrollo” avanza la Franja Transversal del Norte, añadiendo el Peten y el litoral pacífico. Los desalojos continúan, como el del año pasado en Polochic, que afectó a cientos de familias.

La distribución desigual de la tierra continúa en Guatemala. Según el último censo de 2003 casi el 80% de la tierra productiva permanece en manos de menos de 8% de la población. Mientras tanto, el 45% no tiene tierra suficiente para sobrevivir. No sorprende entonces que la mitad de la población viva en la pobreza y el 17% en la extrema pobreza.

Hasta las mismas personas permanecen en el poder. “Fue Tito el que estaba enseñando a los ejércitos, fue el jefe o el comandante según dicen”, explica Lorena, la joven de 20 años, con una voz baja y preocupada. En la memoria colectiva de las comunidades permanece el recuerdo del militar que comandó el ejercito en Nebaj, Quiché, durante 1982 y 1983. Tito era el pseudónimo que utilizaba nada más y nada menos que Otto Pérez Molina, el candidato presidencial que ganó las elecciones del 6 noviembre de 2011 y el próximo presidente de Guatemala. Un aldeano recuerda que “fue él el que nos obligó a medir la tierra, él estaba al mando cuando nos robaron la tierra”. También el miedo sigue. Si uno habla de Otto Pérez lo hace de forma anónima.

Pero también los mismos pueblos indígenas siguen ahí, luchando por las mismas tierras. “Nosotros tenemos recursos naturales que defender, como pueblos indígenas tenemos derecho a defender nuestros aguas, nuestros bosques, los ríos”, afirma Lorena. “Que las empresas multinacionales regresen a sus tierras con sus trabajos y planes que han hecho o que piensan hacer”, dice Patricio Rodríguez, un hombre de edad avanzada.

Todos unidos: ¡la lucha sigue!

Tzalbal es la primera aldea que descubre que su tierra fue nacionalizada durante la guerra. También es la primera que denuncia públicamente este robo y que demanda que sus tierras sean devueltas sin condiciones. El caso de Tzalbal es ilustrativo del conflicto en Guatemala, un conflicto que tiene la tierra como telón de fondo. Los métodos usados para adquirir la tierra en Tzalbal también resultan familiares. El pueblo originario de Tzabal parece ser protagonista involuntario de un drama que siempre parece repetirse en Guatemala. Un drama de 500 años en el que los invasores, sean españoles, militares o “gobiernos representativos”, roban la tierra de los pueblos indígenas a través de leyes y violencia.

Pero también la lucha de las comunidades sigue. En la asamblea comunitaria se repetían palabras como “preocupación”, “robo” o “capitalismo”. Pero más que nada la sala comunitaria gozaba de una convicción combativa. Unidos todos los presentes gritaron: “No queremos otro patrón!”, “Que se devuelvan nuestras tierras”.

Preguntando cómo piensan recuperar sus tierras Patricio Rodríguez responde: “Con la unión, con manifestaciones, por medio de organizaciones nacionales e internacionales que velan sobre el derecho del pueblo. Vamos a ganar nuestras tierras otra vez. Poco a poco, paso a paso”.

Gregorio, el hombre responsable del agua potable, agrega: “Todos unidos y todos juntos vamos a ir al Congreso, a los ministros, hasta que nos tomen en cuenta. Como ellos hicieron un robo a la comunidad tienen que devolver nuestro terreno, sin condiciones, a nombre de la comunidad. Porque es cierto que la tierra es de nuestros antepasados, de nuestros grandes abuelos que han pasado, ellos nos lo han dejado a nosotros porque somos sus hijos”.
Por razones de seguridad los nombres de los entrevistados en Tzalbal fueron cambiados.

http://consultasacapulas.tk3.net/

Transmisión en vivo, 20 de mayo, DIFUNDIR

Agua y Tierra para los pueblos, NO para las empresas mineras

Coordinadora de Comunidades de Sacapulas 2011

Este 20 de Mayo 2011, para contrarrestar el irrespeto y prepotencia de las empresas transnacionales norteamericanas, europeas las comunidades de Sacapulas realizaran una Consulta Comunitaria de Buena Fé para definir la presencia o no de la actividad de exploración, extracción y explotación minera de forma industrial y la construcción de hidroeléctricas y represas en territorio de los pueblos Kiches y Sacapultecos.

Sacapulas es uno de los municipios del departamento de Quiche. Se encuentra ubicado en la parte central del departamento, su extensión territorial es de 213 km2. Dista de la cabecera departamental Santa Cruz del Quiche 49 km.
En la actualidad existen 15 solicitudes de extracción minera en el departamento y otras más en lista de espera. Esta actividad de explotación y saque de forma industrial de los recursos naturales del municipio pone en riesgo la vida de miles de personas habitantes de la región.

Entre las principales empresas con representación nacional y capitales transnacionales se encuentran PROMINAS S.A, CAZADORES DE SUEÑOS S.A., ADD MINERAL, YEXUB, AVENTURAS MINERAS S.A., FIRESTONE VENTURES, En el caso de la empresa Cazadores de sueños, S.A. Se presume que es una empresa en sociedad o posiblemente propiedad de la Familia Novella dueña del Cementos Progreso, monopolio en Guatemala de la industria del cemento.

Cementos Progreso se ha caracterizado por generar serios problemas con las comunidades indígenas en San Juan Sacatepéquez en donde de forma mayoritaria la población indígena se ha manifestado en contra de la presencia de la empresa y en contra de la explotación del territorio por parte de esta empresa. Esta problemática se genera por la imposición de una planta procesadora de Cemento en el municipio de San Juan Sacatepéquez y ha contado con el respaldo del gobierno de turno.

También las comunidades indígenas haciendo valer sus derechos ancestrales de toma de decisión, y evocando derechos constitucionales e internacionales como el convenio 169 de la OIT realizaran su consulta comunitaria, a pesar que el Gobierno “de la solidaridad” intenta criminalizar y reprime a los pueblos que han realizado mas de 50 consultas comunitarias en donde se ha rechazado de forma masiva la presencia de toda empresa en los territorios de los pueblos.

Trailer 1

 http://www.youtube.com/watch?v=mBToPXIL9LI

ReColonización y Resistencia en Centro América

Documental, 57 minutos

Guatemala, 2011  

ESTRENO DOCUMENTAL

 Lugar:

Teatro «Manuel Galich» de la UNIVERSIDAD POPULAR, U.P.

10 calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Día: Jueves 5 Mayo 2011

Hora: 19:00 h

 ENTRADA LIBRE, hasta llenar aforo (280 asientos)

 Parqueo en los aledaños y en Parqueo San José (11 Av 10-41 zona 1, a Q 10 durante el evento) 

 SINOPSIS

Actualmente Centro América sufre una invasión de empresas mineras transnacionales. Goldcorp es la compañía de oro canadiense con mayor expansión en el área. Durante los últimos años sus operaciones han provocado contaminación, enfermedades, muerte, división comunitaria y criminalización de la protesta social.

En Honduras y El Salvador la indignación y la organización crecen cada día. En Guatemala más de 50 Pueblos Mayas han decidido poner freno a la expansión minera por medio de Consultas Comunitarias.

¡Esta lucha apenas comienza!

http://caracolproducciones.org/

http://caracolproducciones.blogspot.com/

Más información: http://cpr-urbana.blogspot.com/

El 5 de marzo el Bloque Anti imperialista realizo una jornada de solidaridad con la lucha San Juanera por la defensa de su territorio. La jornada de muralismo y graffiti inicio desde horas de la mañana y organizaciones como la Comunidad Estudiantil NO´J realizo su aporte con un mural también se sumaron diversos jóvenes grafiteros que acudieron a la convocatoria realizando sus propuestas en las paredes que los vecinos gustosamente entregaron para plasmar su rechazo a la imposición de la familia Novella, dueña del monopolio cementero en el país.

En las comunidades de la Zona Reina del municipio de Uspantán, del departamento del Quiché, esta mañana están sobrevolando aviones, helicópteros con la clara intención de crear un clima de terror a las comunidades para que no participen en la consulta de buena fe programada para el día de mañana para rechazar la presencia de represas, minería en esta zona.

Las comunidades de San Miguel Uspantán y organizaciones acompañantes desde ya responsabilizamos el alcalde Víctor Hugo Figueroa, que desde hace meses viene boicoteando la consulta, con amenazas a las comunidades que si apoyan la consulta se les cortaría los proyectos que están gestionando las comunidades, al mismo tiempo atacando a las organizaciones indígenas que están apoyando este proceso.

Queremos aclarar la actitud del alcalde de San Miguel Uspantán, obedece a dos razones: La primera en la consulta se está rompiendo una cadena de años de opresión iniciado desde la colonia donde nuestro pueblo fue sometido a sangre y fuego como forma de resistencia, tuvieron que decir si a muchas cosas pero ahora estamos en un proceso de romper con esta cadena de opresión, de recuperar nuestros derechos individuales y colectivos que está íntimamente vinculado al respeto de los derechos de nuestra Madre Tierra. Segundo esta consulta afecta los compromisos ya contraídos del alcalde con los tres poderes, las empresas transnacionales y la oligarquía guatemalteca, al igual con los ricos locales, finalmente su compromiso con el proyecto neoliberal del Estado guatemalteco principalmente, que está impulsando el cambio de matriz energético y la base de este proyecto son nuestros grandes ríos que pasan por nuestras comunidades, que por muchos años hemos convivido con ellos, los amamos, porque es parte de nuestra misma vida es por ello que recuperando nuestras formas ancestrales promoviendo esta consulta.

Queremos decir al pueblo de Guatemala y al mundo, a pesar de todas las maniobras que están llevando en contra de nuestras comunidades, la consulta de buena fe va en buen camino porque es una obra comunitaria, es una obra de los pueblos y es una obra de la solidaridad entre pueblos y comunidades.

Comunidades de San Miguel Uspantán y la Convergencia Nacional Maya Waqíb Kej.

Coordinación y convergencia Maya Waqib’ Kej

Boletín de Prensa

NO FUE SUSPENDIDA LA CONSULTA COMUNITARIA DE SAN MIGUEL USPANTÁN

No fue suspendida la consulta comunitaria de buena fe, para rechazar los proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros, que se llevará a cabo el 29 de octubre en San Miguel Uspantán, Quiché, afirmaron las autoridades y líderes de las 186 comunidades de esa localidad.

Con estas declaraciones se desmiente a las  autoridades del Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia y el alcalde Víctor Hugo Figueroa, quienes han intentado bloquear esta actividad.

En conferencia de prensa, los líderes comunitarios de Uspantán negaron este 21 de octubre las versiones de esos funcionarios y ratificaron que la Consulta va, porque así lo quiere el pueblo, que finalmente es el que decide sobre su territorio.

Mynoy López, Viceministro de Energía y Minas para el área energética; Luis Velásquez, Secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia y el alcalde Víctor Hugo Figueroa, falsamente declararon a los medios de prensa que ese evento fue suspendido.

Con estas maniobras, esos funcionarios tratan de confundir a la población, para imponer proyectos mineros, hidroeléctricos y petroleros en nuestro territorio sin nuestro consentimiento, expresaron los representantes comunitarios de Uspantán.