desobedece

http://cmiguate.org/cmi-denuncia-ataques-en-su-contra-tras-cobertura-en-alta-verapaz/

Guatemala, 29 de agosto de 2014

Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos(1). En esa acción fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos(2).

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos (3) y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas y durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) se le acosó. También se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine del documental “La Propuesta Impuesta”. Durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno (4). Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley 48435 (5) presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques. Manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público. Y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos.

Sin estas garantías es imposible una democracia real.

Ver version completa en español, inglés y portugués en este enlace

(1) La intensidad del ataque puede ser visualizada en la gráfica que se muestra en http://cmiguate.org/ataque-ddos

(2) Esta información se encuentra publicada en http://cmiguate.org/monte-olivo-o-monte-olvido-2-anos-de-represion/

(3) http://cmiguate.org/gobernacion-pretende-ocupacion-del-pueblo-qeqchi/ y http://cmiguate.org/author/12armadillogmail-com/

(4) Como ejemplo, ver los titulares de http://www.prensalibre.com/alta_verapaz/alta_verapaz-bloqueos-carreteras… y http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=7461:resca…

(5) http://www.congreso.gob.gt/manager/images/57BA1187-DED9-541A-4AC2-1C6A65…

http://cmiguate.org/a-proposito-de-la-independencia-las-cosas-que-no-cambian/

Ana G. Aupi

Este mes, como todos los septiembres, los símbolos patrios son pulidos y desempolvados, y condecoran cual insignias la única patria que Guatemala reconoce.

Patria viene del concepto “tierra del padre”, de sus propiedades. Y es así, como esta semana hace gala Guatemala definiendo quiénes son los padres de la patria, cuáles sus hijos[1] legítimos y cuáles los bastardos. Y por consiguiente, cuáles son las propiedades y quiénes los propietarios, es decir, los patriarcas.

El pasado martes 10 de septiembre, Alfred Kalschmit hacía gala en su columna de Prensa Libre, de lo que él denominó su “etnos”, en referencia al grupo al que pertenece, y mencionaba ”eso de ya no querer ser guatemaltecos, de reclamar derechos de territorio y leyes propias suena a país dividido”.

Refiriéndose a las denuncias que defensores y defensoras de derechos humanos interpusieron contra la Fundación contra el Terrorismo por las publicaciones difundidas este año, las cuales -cabe decir- han tenido una sanción moral del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala por incitar al odio y a la confrontación social.

Añadía “aquí nadie vino primero a estas tierras de volcanes y bosques ya casi agotados y en la cuales algunos se abrogan ser sus descendientes y reclaman derechos patrimoniales de sus bienes raíces”.

Resulta paradójico que A.K. bajo la argumentación del rigor histórico, pueda sacudirle tantos siglos a la historia de Guatemala.

Con poco menos de 200 años, el Estado de Guatemala y su jurisdicción, parece para dicho columnista indiscutibles al igual que para el grupo y grupos, que pertenecen a su “etnos”, efectivamente hay cosas que no cambian.

Ojo señor A.K.: la independencia criolla de 1821 no es el inicio de la historia, y por supuesto, la caída del muro de Berlín en 1989 tampoco es el fin de la historia.

Pareciera que el mito fundacional de su “etnos” desciende del barco o de un Acta de independencia que firmaron un puñado de hombres blancos y adinerados encerrados en su castillito. Efectivamente hay cosas que no cambian.

Este Estado, esta Nación, que se viste de gala bajo el discurso de la libertad, establece quiénes son dueños de la historia y del territorio, y quiénes no lo son.

Y luego como si se tratara de Maquiavelo, justifican las consecuencias de dicho saqueo, como falta de actitud ante del desarrollo. En palabras del vecino de columna de Kalschmitt, José Raúl González, “el primer rasgo de esa mentalidad empobrecedora es pensar que tenemos derecho al desarrollo”.

EN BUSCA DEL ORO: HAY COSAS QUE NO CAMBIAN

Las pequeñas diferencias de ese “etnos” colonizador es el avance tecnológico que les permite saquear el oro que hace 500 años no pudieron, explotar petróleo, privatizar las cuencas hidrológicas, hacer que la tierra cultivable produzca combustible para alimentar a las maquinas, en vez de producir granos, frutas y verduras para alimentar a miles de familias desnutridas, etc.

Los saqueos que el territorio y los pueblos han tenido desde hace ya 500 años en esta tierra de árboles y volcanes, fueron impulsados en gran medida por la búsqueda de las riquezas naturales y de mano de obra barata para el recién naciente sistema capitalista.

La búsqueda del oro fue una de las motivaciones de la invasión española, aunque fue la explotación y exportación agrícola las que configuraron el Estado de Guatemala, como hoy lo conocemos.

En la actualidad, el oro (y otros metales) y lo conocido como oro negro (petróleo), siguen siendo un motivo para que empresas extranjeras con subsidiarias nacionales y con todo el respaldo del Estado, hagan la misma operación violenta de imponer un modelo económico basado en la búsqueda de riquezas de este territorio.

Concretamente el petróleo figura como un eje dominante dentro de la economía guatemalteca, siendo el cuarto producto de exportación en el país.

Las ahora conocidas como industrias extractivas, son una de las prioridades del gobierno actual, en el caso del petróleo concretamente, forma parte del tercer eje fundamental de la política energética, el cual plantea fundamentalmente la reconversión de la producción de la energía para aumentar la producción de petróleo para exportación.

Y en el caso de la minería, es también una prioridad, dado que la modificación de la ley que la rige se sitúa en el área del sector energético como parte de las acciones claves de la Agenda Nacional de Competitividad 2012- 2021.

Esto significa que el gobierno va darle prioridad a los proyectos mineros y petrolero, y por tanto, va a ejecutar los proyectos necesarios para que estos se lleven a cabo, que son los megaproyectos de infraestructura, entre los que están, la activación del Plan de expansión del sistema de transporte eléctrico-PET-  y Programa de electrificación rural –PER-, el desarrollo de los anillos de interconexión eléctrica, la producción de energía a través de hidroeléctricas, geotérmicas y geotérmicas, carreteras y mega carreteras, etc.

La minería, concretamente, está muy ligada al desarrollo de los megaproyectos, dado que es un sector de los más interesados en que estos avancen. Quizá por ello estas fueron las grandes financiadoras del encuentro de empresarios inversionistas el pasado 31 de mayo, el Invest Summit Guatemala 2013, inaugurado por Otto Pérez Molina y financiado en su mayoría por Montana Exploradora, Mina San Rafael y CGN.

Estos proyectos suponen en la mayoría de ocasiones un beneficio directo para el sector empresarial, y múltiples problemáticas para los pueblos que habitan las regiones que poseen más elementos naturales, ya que a pesar del discurso de la generación de empleo, y de que son “los principales ingresos en las arcas del Estado por concepto de regalías[2]”, no se materializa en beneficios para la población.

El caso paradigmático que ejemplifica esto, es el de Rubelsanto, donde la enfermedad campas a sus anchas por la explotación petrolera, y la población no ha sentido ningún aumento de empleo[3] y mucho menos beneficio alguno de los fondos como el Fonpetrol.

Las empresas entran o entran, eso no ha cambiado, generando conflictividad en las regiones que son víctimas de las licitaciones que el gobierno otorga.

Por mucho patriotismo que sienta este mes, en el día a día, estas comunidades sufren desplazamiento forzado, eliminación de las formas de subsistencia y la constante coerción, amenaza y persecución judicial y extrajudicial, por parte del siempre desembarco transnacional en busca de las riquezas naturales de Guatemala, y gran parte del territorio de Abya yala[4].

La búsqueda del oro, parece que también es uno de los elementos que no cambian por más que pasen los siglos, y que recuerda, de quién, la patria y qué intereses defiende.

La independencia de la que el Estado y sus representantes se hacen la boca grande en estos días, fue una lavada de cara, un cambio de manos. Y haciendo honor al rigor histórico al que Kalschmitt se refiere, cabe mencionar un dato que muestra como esta fiesta de independencia es solo un poquito más de opio.

Antes de marzo de 1821, el general Gainza era Subinspector de las fuerzas en el Virreinato de Nueva España, y cuando se firmó el “Acta de independencia de Centroamérica”, simplemente pasó a ser en 1821 Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala. Es decir, el mismo representante del territorio para la Corona española, fue el que después de la creación del Estado, asumió la dirección de este en agosto de 1821.

Además, en el Acta mencionada queda reflejada exactamente el matiz histórico al que nos referimos “Antes de que el pueblo con sus armas los declare”, es decir, antes de que otros por sus armas lo declaren, lo declaramos nosotros, nuestro “etnos” y a quienes representamos.

 Efectivamente hay cosas que no cambian, y valdría la pena que en este mes donde parece que somos mejores ciudadanos o ciudadanas las que nos sentimos profundamente amantes del quetzal, podríamos preguntarnos cuántofacilita esto la tarea, a los que por un par de siglos han pretendido vendernos la idea de que “Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor.”

Cabe decir, que el himno original de 1897, el que se inventó cuando se fundó esta patria, lo que decía realmente era “Nuestros padres lucharon un día, Encendidos en patrio ardimiento, Te arrancaron del potro sangriento Y te alzaron un trono de amor.”

Sabemos que la historia es interpretada por los vencedores y los Estado quedan representados por ellos o al menos, por sus operadores, y otros caporales de diversa índoles.

No es tan fácil pretender que nos sintamos hijos legítimos de la patria y la celebremos, cuando día a día podemos percibir que somos hijos e hijas bastados de un choque sangriento, entre pueblos, que pretende ser apantallado bajo el argumento de la no división, invisibilizando el saqueo cotidiano transnacional.

Me pregunto quién hace el saqueo, de qué “etnos”, para que los padres de la patria no reaccionen ante su consigna “Si mañana tu suelo sagrado, lo amenaza invasión extranjera…”.

Y es que, por mucho que se lave la cara el quetzal o se reescriba el himno, del “Que tus hijos valientes y altivos, Ven con gozo en la ruda pelea, El torrente de sangre que humea, Del acero al vibrante chocar” al “Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz, cual presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar” hay severas diferencias entre su “etnos” y el de los pueblos.

Ya que por mucho que se le cambie la letra al himno, “libre al viento tu hermosa bandera” no dejamos de recordar que se trató de “Tinta en sangre tu hermosa bandera”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/29/galicia/1367263275_151368.html

ONG denuncian un homicidio y violaciones de derechos humanos contra los opositores a unas obras promovidas por la familia coruñesa Castro Valdivia

La empresa Hidralia Energía, fundada en A Coruña hace siete años, crece como la espuma en América Latina, de Nicaragua a Panamá, pasando por Ecuador, Venezuela o Guatemala. En este último país, esta firma de ingeniería impulsa un proyecto hidroeléctrico que lleva un año salpicado de sangre: un opositor a la instalación proyectada en el municipio de Barillas fue asesinado el 1 de mayo de 2012 y los violentos disturbios que estallaron tras su muerte se saldaron con la declaración del estado de sitio por parte del Ejército de Guatemala y el encarcelamiento de una decena de vecinos. “La naturaleza es básica para nuestra forma de vida y nosotros la defendemos. Dicen que somos conflictivos, pero lo que queremos es vivir en paz”, afirma Natalia Atz Sunuc, una activista de derechos humanos llegada de Guatemala que esta semana visita Galicia para denunciar la cruenta represión sufrida por las comunidades indígenas de Barillas que se oponen a los planes de la empresa coruñesa.

Este municipio guatemalteco de 130.000 habitantes está enclavado en plena selva, en la frontera con Chiapas, en uno de los parajes más golpeados por la descarnada guerra civil que dejó en este país centroamericano unos 200.000 muertos y desaparecidos. ONG y líderes de las comunidades vecinales aseguran que son ahora los planes de explotación del río Cambalam por parte de Hidralia Energía los que han resucitado la violencia. “Todo indica que se está produciendo una persecución desde las instituciones de justicia guatemaltecas dirigida contra todo aquel que suponga un obstáculo a la inversión”, concluye un reciente informe de Intermón Oxfam firmado por los investigadores independientes Arantxa Guereña y Ricardo Zepeda tras entrevistarse con vecinos y autoridades.

Estos investigadores relatan que los propietarios de las tierras en el entorno del Cambalam las vendieron sin saber que se destinarían a una explotación hidroeléctrica. A ellos les dijeron que las fincas seguirían acogiendo cultivos de café y cardamomo. Cuando empezaron las obras, se desencadenó el descontento: en 2009 un grupo de vecinos retuvo a un ingeniero y a 14 trabajadores de seguridad de Hidralia, les quitaron las armas y les obligaron a firmar un papel comprometiéndose a dejar la zona. Pero la firma coruñesa siguió adelante y los incidentes fueron a más. El pasado 1 de mayo, tres vecinos que se oponían al proyecto fueron tiroteados por dos personas que los testigos identificaron como empleados de Hidralia, que siempre lo negó. Una de las víctimas del ataque murió y estallaron unos violentos altercados que, según los líderes indígenas, fueron provocados por encapuchados.

600 policías y militares tomaron Barillas. Las ONG denuncian que el municipio se convirtió en un infierno de abusos sexuales, detenciones arbitrarias y hostigamiento a niños para que desvelaran el paradero de sus padres. Los 11 vecinos detenidos pasaron ocho meses en prisión.

Los habitantes de Barillas votaron mayoritariamente contra el proyecto en una consulta popular realizada en 2008, un modelo de referendum de origen milenario que está amparado por diversos acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. La voluntad popular no logró parar la construcción de la explotación hidroeléctrica, que permitirá extraer del río y las cataratas de Cambalam una energía que en ningún caso abastecerá a Barillas, un territorio campesino de profundas raíces mayas donde la mitad de los hogares vive sin luz. “El Gobierno de Guatemala considera que el proyecto supone progreso, pero es un modelo que a la población de Barillas no le reporta ningún beneficio”, explica Víctor Barro, de Amigos da Terra. “Luchamos por nuestra economía local y por el planeta. En Europa ya saben los daños que genera este modelo económico”, remacha la activista guatemalteca Natalia Atz Sunuc.

Varias ONG han convocado esta mediodía una concentración de protesta en la sede coruñesa de Hidralia Energía, una firma administrada por la familia Castro Valdivia. A esta estirpe de empresarios pertenece Luis Castro Valdivia, uno de los selectos y afortunados gallegos en cuyos bolsillos cayeron las jugosas concesiones eólicas e hidroeléctricas que repartió discrecionalmente el Gobierno de Fraga durante años y que ahora se ha lanzado a explotar los ríos de América Latina.

http://www.commondreams.org/headline/2013/04/19-1

A firsthand behind-the-scenes account of how Guatemala’s current President and threats of violence killed the case.

General Efrain Rios Montt

by Allan Nairn

For a while it looked like Guatemala was about to deliver justice.

But the genocide case against General Efrain Rios Montt has just been suspended, hours before a criminal court was poised to deliver a verdict.

The last-second decision to kill the case was technically taken by an appeals court.

But behind the decision stands secret intervention by Guatemala’s current president and death threats delivered to judges and prosecutors by associates of Guatemala’s army.

Many dozens of Mayan massacre survivors risked their lives to testify. But now the court record they bravely created has been erased from above.

The following account of some of my personal knowledge of the case was written several days ago. I was asked to keep it private until a trial verdict had been reached:

«It would be mistaken to think that this case redounds to the credit of Guatemala’s rulers.

It was forced upon them from below. The last thing they want is justice.

But they agreed to swallow a partial dose because political forces were such that they had to, and because they thought that they could get away with sacrificing Rios Montt to save their own skins.

I was called to testify in the Rios Montt case, was listed by the court as a ‘qualified witness,’ and was tentatively scheduled to testify on Monday, April 15. But at the last minute I was kept off the stand ‘in order to avoid a confrontation with the [Guatemalan] executive.’

What that meant, I was given to understand, was that Gen. Otto Perez Molina, Guatemala’s president, would shut down the case if I took the stand because my testimony could implicate him.

Beyond that, there was fear, concretely stated, that my taking the stand could lead to violence since given my past statements and writings I would implicate the ‘institutional army.’

The bargain under which Perez Molina and the country’s elite had let the case go forward was that it would only touch Rios Montt and his co-defendant, Gen. Mauricio Rodriguez Sanchez. The rest of the army would be spared, and likewise Perez Molina.

On that basis, Perez Molina, it was understood, would refrain from killing the Rios Montt trial case, and still more importantly would keep the old officer corps from killing prosecutors and witnesses, as well as hold off any hit squads that might be mounted by the the oligarchs of CACIF (the Chambers of Agriculture, Commerce, Industry and Finance). (Perez Molina has de facto power to kill the case via secret intervention with the Constitutional and other courts.)

This understanding was seen as vital to the survival of both the case and those involved in it. Army associates had already threatened the family of one of the lead prosecutors, and halfway through the trial a death threat had been delivered to one of the three presiding judges.

In the case of one of those threatened a man had offered him a bribe of one million US dollars as well as technical assistance with offshore accounts and laundering the funds. All the lawyer had to do was to agree to stop the Rios Montt case.

When that didn’t work, the angle changed: the man put a pistol on the table and stated that he knew where to find the lawyer’s children.

But so far no trial people had actually been killed. Though things were tense, the bargain was holding.

But to the shock of many and to world headlines in a press that had long under- and mis-reported Guatemala’s terror, everything changed on April 5 when Hugo Ramiro Leonardo Reyes, a former army mechanic, testified by video from hiding that Perez Molina had ordered atrocities.

Testifying with his face half-covered by a baseball cap he recounted murders by Rios Montt’s army and then unexpectedly added that one of the main perpetrators has been Perez Molina who he said had ordered executions and the destruction of villages.

This had occurred, he testified, during the massacres around Nebaj when Perez Molina was serving there as Rios Montt’s field commander in 1982-83.

As it happened, I had also been there at that time and had encountered Perez Molina who was then living under the code name Major Tito Arias.

I had interviewed him on film several times. On one occasion we stood over the bodies of four captured guerrillas he had interrogated. Out of his earshot, Perez Molina’s subordinates told me how, acting under orders, they routinely captured, tortured, and staged multiple executions of civilians.

The trial witness’s broaching of Perez Molina’s past evidently angered the President. He publicly denounced the witness and had him investigated.

He then summoned the Attorney General. The word went forth that if the trial case mentioned Perez Molina again, all previous understandings would be suspended. Canceling the Rios Montt case would be the least of their worries: there would be hell to pay.

The case went forward as originally agreed with Perez Molina. My testimony was cancelled, and the court record was kept clear of any additional evidence that could have further implicated the President.

Under Guatemalan law, a sitting President cannot be indicted. Perez Molina’s term ends in 2016.

This is one small but revealing aspect of the case. The massacre story is not yet over.»

After the above private account was written, Guatemala’s army and oligarchy rallied. They started to feel that they had no political need to sacrifice Rios Montt. As Perez Molina heard from the elite, his and Rios Montt’s interests converged.

On April 16 Perez Molina said publicly that the case was a threat to peace. On April 18, today, the Rios Montt genocide case was suspended.

(Regarding Background Sources: For some of my filmed inteviews with Perez Molina see the documentary Skoop! directed by Mikael Wahlforss. EPIDEM, Scandinavian television, 1983. Long excerpts from it, under the title Titulares de Hoy, are available on the website of Jean-Marie Simon who was my colleague on the film. Also see her photographs and narrative in her book Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, W.W. Norton, 1988.

For a detailed contemporaneous report of the Rios Montt massacres see my piece in the April 11, 1983 The New Republic, «The Guns of Guatemala: The merciless mission of Rios Montt’s army.» The piece quotes some of Perez Molina’s army subordinates and briefly mentions him as «Major Tito.» At the time I wrote it and worked on the film I did not know his real name.

YouTube excerpts from the film went viral in Guatemala during Perez Molina’s 2011 presidential campaign. During the campaign Perez Molina was evasive about whether he really was «Major Tito,» though it later surfaced that he had admitted it years before but had then attempted to obscure that admission.

Also see my piece in the April 17, 1995 The Nation, «C.I.A. Death Squad: Americans have been directly involved in Guatemalan Army killings.» The piece reports on US sponsorship of the G-2, the Guatemalan military intelligence unit which picked targets for assassination and disappearance and often did its own killings and torture. The piece names Perez Molina as one of «three of the recent G-2 chiefs [who] have been paid by the C.I.A., according to U.S. and Guatemalan intelligence sources.»

The piece adds that then-Colonel «Perez Molina, who now runs the Presidential General Staff and oversees the Archivo, was in charge in 1994, when according to the Archbishop’s human rights office, there was evidence of General Staff involvement in the assassination of Judge Edgar Ramiro Elias Ogaldez.»

Likewise, at the time of The Nation article I still did not know that Perez Molina was Tito.

For one aspect of the US role in supporting Rios Montt see my Washington Post piece: «Despite Ban, U.S. Captain Trains Guatemalan Military,» October 21, 1982, page 1.

After the 1983 New Republic piece the Guatemalan army sent an emissary who invited me to lunch at a fancy hotel and politely told me that I would be killed unless I retracted the article. The army murdered Guatemalans all the time, but for a US journalist the threat rang hollow. The man who delivered the threat later became an excellent source of information.)

Allan Nairn is an award-winning U.S. investigative journalist who became well-known when he was imprisoned by the Indonesian military while reporting in East Timor. His writings have focused on U.S. foreign policy in such countries as Haiti, Guatemala, Indonesia, and East Timor. In 1993, Nairn and Amy Goodman received the Robert F. Kennedy Memorial First Prize for International Radio award for their reporting on East Timor. In 1994, Nairn won the George Polk Award for Journalism for Magazine Reporting. Also in 1994, Nairn received the The James Aronson Award for Social Justice Journalism for his writing on Haiti for The Nation magazine.

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EL JUICIO POR GENOCIDIO CONTRA EL

GENERAL EFRAÍN RÍOS MONTT HA SIDO SUSPENDIDO

http://lacunadelsol-indigo.blogspot.com/2013/04/acabaron-con-el-juicio.html#comment-form

General Otto Perez Molina alias «Mayor Tito» Hablando con Allan Nairn cerca de Nebaj Quiche – General Otto Perez Molina a.k.a. «Major Tito» talking to Allan Nairn near Nebaj Quiche

Un relato de primera mano de lo que sucedió tras bambalinas y de cómo el presidente de Guatemala y las amenazas de muerte acabaron con el juicio a Ríos Montt.

Por Allan Nairn, abril 19, 2013

Por  un instante pareció que en Guatemala se estaba a punto de hacer justicia.

Pero unas horas antes de que una corte emitiera un veredicto, el juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt acaba de ser suspendido.

La decisión de último momento de suspender el caso fue técnicamente tomada por un tribunal de apelaciones.

Pero detrás de la decisión se encuentra la intervención secreta del actual presidente de Guatemala como también las amenazas de muerte contra los jueces y fiscales hechas por asociados del ejército de Guatemala.

Docenas de mayas sobrevivientes de las masacres arriesgaron sus vidas al servir de testigos. Pero ahora con la decisión tomada desde arriba, el registro escrito de los testimonios de la corte que ellos valientemente habían ayudado a crear, ha sido borrado.

El siguiente relato de mi conocimiento personal sobre el caso fue escrito hace varios días. Se me pidió que lo mantuviera en privado hasta que se llegara al veredicto.

“Sería un error creer que este caso redundara en beneficio de los gobernantes de Guatemala.

Este caso se les impuso desde abajo. Lo último que ellos desean es justicia.

Pero ellos estuvieron de acuerdo en ingerir una dosis parcial porque las fuerzas políticas eran tales que ellos no tenían otra alternativa y porque pensaron que sacrificando a Ríos Montt ellos podrían salirse con la suya, salvando así su propio pellejo.

Fui llamado a testificar en el caso contra Ríos Montt, se me consideró como un ‘testigo calificado’ y estaba tentativamente programado para testificar el lunes 15 de abril. Pero en el último momento se me impidió tomar el estrado ‘para evitar una confrontación con el ejecutivo [guatemalteco]’.

Se me dio a entender, que lo que eso significaba era, que el general Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, cancelaría el juicio si yo subía al estrado ya que mi testimonio podría implicarlo a él.

Más allá de eso, existía el temor, concretamente manifestado, de que al tomar el estrado y dada la naturaleza de mis pasados escritos y declaraciones yo implicaría a la ‘institución armada” y eso podría desatar la violencia.

El trato bajo el cual Pérez Molina y la elite gobernante del país habían permitido que el caso siguiera su curso era que, únicamente Ríos Montt y su codefendido, el general Mauricio Rodríguez Sánchez serían los afectados. El resto de los miembros del ejército al igual que Pérez Molina saldrían ilesos.

Sobre esa base, quedó entendido que Pérez Molina, se abstendría de anular el juicio contra Ríos Montt, y más importante todavía se encargaría de evitar que miembros del antiguo cuerpo de oficiales asesinara a los fiscales y a los testigos, como también frenar a cualquier escuadrón de matones que podría ser montado por los oligarcas del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras).  (Pérez Molina tiene poder de facto para anular el caso vía la intervención secreta con la Corte de Constitucionalidad y otras cortes)

Este entendimiento fue considerado como vital para la sobrevivencia tanto del juicio como de aquellos envueltos en el mismo. Asociados del ejército habían amenazado ya a la familia de uno de los fiscales más importantes, y a la mitad del juicio uno de los tres jueces que presiden el caso había recibido amenazas de muerte.

En el caso de uno de esos amenazados de muerte, un hombre le había ofrecido a él un soborno de un millón de dólares estadounidenses como también asesoramiento en el manejo de cuentas en el extranjero y en lavado de fondos. Todo lo que el abogado tenía que hacer era estar de acuerdo en detener el caso de Ríos Montt.

Cuando el intento de soborno no funcionó, el ángulo cambio: El hombre sacó una pistola y la puso sobre la mesa y dijo que el sabía donde encontrar al hijo del abogado.

Pero hasta aquí ninguna persona a cargo del juicio ha sido asesinada. Aunque las cosas estaban tensas, el trato se mantenía.

Pero para la conmoción de muchos y para los titulares de la prensa mundial que por mucho tiempo había fallado en reportar adecuadamente sobre el terror en Guatemala, todo cambió repentinamente el 5 de abril cuando Hugo Ramiro Leonardo Reyes, un ex mecánico del ejército, testificó vía videoconferencia desde un lugar desconocido que Pérez Molina había ordenado la ejecución de atrocidades.

Testificando con la cara parcialmente cubierta por una cachucha de beisbol, él habló a cerca de los asesinatos cometidos por el ejército de Ríos Montt y luego inesperadamente agregó que uno de los principales perpetradores había sido Pérez Molina quien, según su relato, había ordenado ejecuciones y la destrucción de aldeas.

Según el testigo, esto ocurrió durante las masacres en los alrededores de Nebaj, cuando Pérez Molina servía como comandante de operaciones de Ríos Montt en 1982-83.

Da la casualidad que durante ese periodo de tiempo yo había estado ahí y me encontré con Pérez Molina quien en ese entonces se hacía pasar como el mayor Tito Arias.

Lo había filmado en entrevistas varias veces. En una ocasión observamos juntos los cuerpos de cuatro guerrilleros capturados que él había interrogado. Sin que él escuchara, los subordinados de Pérez Molina me dijeron como, actuando bajo órdenes, ellos rutinariamente capturaban, torturaban y llevaban a cabo  múltiples ejecuciones de civiles.

El hecho de que el testigo haya mencionado el pasado de Pérez Molina evidentemente enfureció al presidente. Él denunció públicamente al testigo y ordenó que fuera investigado.

Luego citó a la Fiscal General. Se corrió el rumor de que si en el juicio se mencionaba de nuevo el nombre de Pérez Molina, todos los acuerdos previos serian suspendidos. La cancelación del juicio a Ríos Mont sería lo de menos: el precio a pagar sería muy alto.

El caso continuó como se había acordado originalmente con Pérez Molina. Mi testimonio fue cancelado, y del registro de la corte se eliminó cualquier evidencia que pudiera implicar aún más al presidente.

Bajo las leyes de Guatemala, el presidente en funciones no puede ser enjuiciado. El periodo presidencial de Pérez Molina finaliza en el 2016.

Este es un pequeño pero revelador aspecto del caso. La historia de la masacre todavía no ha terminado”.

Después de haber escrito el relato mencionado arriba, el ejército de Guatemala y la oligarquía se manifestaron. Ellos empezaron a sentir que no tenían la necesidad política de sacrificar a Ríos Montt. Como lo escuchó Pérez Molina de boca de la propia elite, sus intereses y los de Ríos Montt convergían.

El 16 de abril Pérez Molina dijo públicamente que el juicio era una amenaza para la paz. El 18 de abril, hoy, el juicio por genocidio contra Ríos Montt fue suspendido.

(Con relación a las fuentes: Para algunas de mis entrevistas filmadas con Pérez Molina, ver el documental ¡Skoop! Dirigido por Mikael Wahlforss. EPIDEM, Scandinavian televisión, 1983. Largos pasajes de este documental, bajo el título, Titulares de Hoy, está disponible en el sitio web de Jean-Marie Simon quien fue mi colega en el film. También se pueden ver sus fotografías y la narrativa en su libro, Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyranny, W.W. Norton, 1988.

Para un detallado y contemporáneo reportaje sobre las masacres de Ríos Montt ver mi pieza publicada en la edición del 11 de abril de 1983 en The New Republic: “The Guns of Guatemala: The merciless misión of Rios Montt Army”. El articulo cita a algunos de los subordinados de Pérez Molina y brevemente lo menciona como el “Mayor Tito”. Al momento de escribir el artículo y cuando trabajaba en el film no sabía su nombre real.

Los pasajes del film en You Tube se propagaron viralmente en Guatemala durante la campaña presidencial de Pérez Molina en el 2011. Durante la campaña Pérez Molina se mostró evasivo a cerca de si realmente él era el “Mayor Tito”, aunque más tarde salió a luz que él lo había admitido en años anteriores pero luego había intentado ocultar esa admisión.

También pueden ver mi artículo del 17 de abril, 1995 en The Nation, “C.I.A. Death Squad: Americans have been directly involved in Guatemalan Army killings”. El artículo reporta sobre el apoyo de EUA a la G-2, la unidad de inteligencia militar guatemalteca que elegía sus blancos para ser asesinados y desaparecidos y muy a menudo efectuaba sus propios asesinatos y tortura. El artículo menciona a Pérez Molina como “uno de los últimos tres jefes de la G-2 [quienes] de acuerdo a fuentes de inteligencia de EEUU y de Guatemala han estado en la nómina de pagos de la C.I.A.”.

El artículo agrega que el entonces coronel “Pérez Molina, quien ahora dirige el Estado Mayor Presidencial y supervisa el Archivo, fue acusado en 1994, cuando de acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, se encontró evidencia del involucramiento del Estado Mayor en el asesinato del juez Edgar Ramiro Elías Ogaldez”.

Igualmente, en el momento de la publicación del artículo en The Nation, yo aún desconocía que Pérez Molina era Tito.

Para conocer a cerca del papel de los EEUU en el apoyo dado a Ríos Montt pueden consultar el artículo que escribí para el Washington Post: “Despite Ban, U.S Captain Trains Guatemalan Military”, octubre 21,1982, página 1.

Después de la publicación de mi artículo en The Nation, el ejército guatemalteco envió a un emisario quien me invitó a almorzar en un lujoso hotel y muy amablemente me dijo que me matarían si no retiraba el artículo. El ejército continuamente asesinaba a guatemaltecos, pero para un periodista de los Estados Unidos la amenaza sonaba vacía. El hombre que me amenazó posteriormente se convirtió en una excelente fuente de información.)

Allan Nairn es un laureado periodista investigativo de EEUU quien es bien conocido por haber sido arrestado por los militares de Indonesia mientras reportaba sobre los sucesos en Timor Oriental. Sus escritos se ha enfocado en la política exterior de EEUU en países como Haití, Guatemala, Indonesia y Timor Oriental. En 1993, Nairn y Amy Goodman recibieron el premio Robert F. Kennedy Memorial First Prize for International Radio por su trabajo reporteril en Timor oriental. En 1994, Nairn obtuvo el  George Polk Award for Journalism for Magazine Reporting. También en 1994, Nairn recibió el The James Aronson Award for Social Justice Journalism por sus escritos sobre Haití para la revista The Nation.

@ Allan Nairn

Traducido del inglés por Délmar Manuel

CMI Guatemala / Waqib Kej

El día de hoy 16 de octubre se Juzgado de Primera Instancia del mañana el transporte en el que Barillas sufrió un atentado a Interamericana. Por esta razón se Sergio Vives, hasta el momento haciendo averiguaciones. informo por parte del Sistema Penitenciario al municipio de Santa Eulalia, que a las seis de la se trasladaban los presos políticos del caso de la altura del kilometro 34 de la carretera cancelo el traslado al juzgado. Según el abogado no se reportan heridos, aunque aun se están

Llama la atención que a las seis de la mañana hayan estado a la altura del kilometro 34, cuando estaba programado que ellos debían estar antes de las nueve de la mañana en Santa Eulalia, Huehuetenango, que se encuentra a 355 kilómetros de la ciudad capital. Con esto se puede asumir que iban tarde a la audiencia que se realizaría en el Juzgado de este municipio.

Los presos políticos que iban en este vehículo son: Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz y Amado Pedro Miguel.

Estas ocho personas fueron detenidas ilegalmente el 2 de mayo de este año y las razones por las que han sido encarcelados son políticas. Según ha argumentado repetidamente la defensa, en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura se evidencian un sin número de irregularidades, ilegalidades y violaciones al debido proceso.

Uno de los aspectos relevantes evidenciados por esta defensa durante la celebración de la audiencia intermedia, es que los mismos medios de comunicación privados condenan públicamente de manera prematura a estas personas sin haber tenido debido proceso.

También demostraron en este juzgado, con pruebas irrefutables, lo contradictorio de los argumentos presentados por la parte acusatoria. No se puede demostrar que ellos participaron de los hechos del primero de mayo de los que les acusa. Además, que su detención fue ilegal al ser realizada por personas civiles.

Estas personas llevan 160 días en la cárcel y sus familiares, esposas, madres, hijos e hijas están directamente afectadas. Es el Ministerio Público quien ratifica las demandas injustas de las que se les sigue acusando Injustamente por los delitos de: atentado, asociaciones ilícitas, robo agravado, plagio o secuestro, detención ilegal, allanamiento con agravación específica coacción y terrorismo, instigación a delinquir y desorden público.

Mantener las acusaciones violenta una vez más todas las garantías de Derechos Individuales, garantías procesales y en materia de Tratados Internacionales en Derechos Humanos. Uno de los abogados defensores, Carlos Alfredo Surque Chinchilla, dijo que con estas detenciones “se intenta doblegar e imponer por la fuerza a una comunidad completa” que ha dicho que no quiere la instalación de una hidroeléctrica, proyecto de la Empresa Ecoener Hidralia, porque le perjudica.

El Estado entonces no solo desatiende las demandas de su población, sino que además le castiga si ejerce su derecho de opinar y decidir sobre su futuro, intentando así sentar un precedente a cualquier otra comunidad o población que quiera pacíficamente decidir a través de consultas de buena fe u otros mecanismos democráticos, su vida y su futuro.

Hasta el día de hoy diversas expresiones ciudadanas en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura han pedido la liberación de los presos políticos por las violaciones a los derechos humanos que son objeto y por la inexistencia de medios de prueba objetivos y que “no se siga aceptando el servilismo desde las autoridades”. Esta petición y exigencia se suma a la que se realiza para que se haga justicia por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, y el atentado armado en contra de Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé y la imposición del Estado de Sitio.

Hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado ni dado respuesta a la solicitud de justicia que en este caso es la liberación de los presos políticos y que se deje de criminalizar las luchas, no solo no se ha dado respuesta sino que el Ministerio Publico continua y ratifica con la demanda resultado de detenciones ilegales e injustas.

Con información de: Licenciado Sergio Vives

http://colectiva.net.tc/centrodemedios/atentado-en-contra-de-lolita-chavez-del-consejo-de-pueblos-k´iche´s/

La dirigente Lolita Chávez del Consejo de Pueblos K´iche´s  (CPK), organización integrada al Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), fue atacada por hombres armados, el 4 de julio, alrededor de las 16:00 horas, mientras retornaban a la cabecera departamental del Quiché, tras una manifestación pacífica.

El ataque se produjo en los alrededores de la comunidad Xetinap Quinto, La Laguna, donde integrantes del CPK fueron emboscadas por hombres armados, que arremetieron contra las comunitarias con palos, machetes y navajas, dejando heridas a cuatro mujeres. Las agredidas narraron que los atacantes exigían a gritos se les señalara quién era Lolita Chávez. La dirigente comunitaria se encuentra a salvo.

Pese a dar aviso a las fuerzas de la Policía Nacional Civil de la región, fueron las autoridades comunitarias las que auxiliaron a las personas heridas. Los policías al llegar al lugar del hecho continuaron con la intimidación contra la población, quienes huyeron a las montañas por temor a ser objeto de cualquier otra agresión. previamente recibieron amenazas del Alcalde de la población, quien acompañado de miembros del ejército, llegó a comunidades como Xetinap para amenazar a miembros de CPK que se oponen a varios proyectos extractivos eléctricos.

El CPK organizó una manifestación pacífica en Santa Cruz del Quiché para denunciar “las actitudes racistas y prepotentes que el alcalde Estuardo Castro del Partido Patriota (PP) está teniendo en contra de los pueblos indígenas, así como por la corrupción que ha demostrado su temprana administración”. Desde las ocho de la mañana del 4 de julio, se movilizaron unas 400 personas hacia la carretera que une sus poblados con la cabecera departamental.

Ésta no es la primera vez que el CPK sufre persecución. Anteriormente han sido acosados por medio de ordenes de captura contra sus dirigentes, y el pasado 12 de junio dos hombres asesinaron a José Tavico Tzunun, en la comunidad Sibacá III del municipio de Santa Cruz del Quiché.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=8782

El Consejo Plurinacional Indígena denunció que el proyecto de Código Civil atenta contra los derechos de los pueblos originarios, afirma que las comunidades no fueron consultadas (como establece la legislación vigente) y exige que la propiedad comunitaria indígena sea reglamentada con una ley especial.

Por Darío Aranda.- “La Propiedad Comunitaria (indígena) no puede quedar encorsetado en un Código Civil y debe ser reglamentado en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario”, denunció el Consejo Plurinacional Indígena respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Código Civil argentino. En un duro comunicado, la organización afirma que se viola los derechos de los pueblos indígenas, advierte que no se consultó a las comunidades (hecho imprescindible legislado en numerosas leyes nacionales e internacionales) y explica que los derechos constitucionales “ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”. Los dieciséis dirigentes indígenas que firman el comunicado aseguran que la vulneración de derechos presentes en el proyecto “no es un descuido” y lo entienden como una avanzada contra “el derecho indígena, el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, que es un proyecto de muerte para nuestros territorios”.

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El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentaron públicamente el anteproyecto de reforma del Código Civil (las normas que regulan las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas), que data de 1865. Fue bienvenido por el dirigencia política y los diferentes actores del Poder Judicial. Todos coinciden en la necesidad de actualizarlo.

También fue bien recibido por los medios de comunicación, que –entre otros aspectos– remarcaron que se beneficiaría a los pueblos indígenas.

El Consejo Plurinacional Indígena, espacio de articulación de organizaciones nacido luego de la histórica marcha indígena de mayo de 2010, difundió un documento en el que puntualiza: “Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un título especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no sólo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles”.

“Queremos señalar el alerta, porque se quiere regular el tema más sentido por los pueblos indígenas en el país: el derecho a la tierra, territorios y recursos naturales. Es urgente revisar esta situación”, solicitan, con la firma de –entre otros– Paz Argentina Quiroga (huarpe de San Juan), Eduardo Nievas (diaguita de Amaicha del Valle, Tucumán) y Felix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, de Formosa).

Denunciaron la falta de consulta a comunidades (vigente en la legislación actual y que obliga a dar participación siempre que se pudiera afectar a las comunidades). Detalla que “ni siquiera” se consultó al Consejo de Participación Indígena (CPI), ámbito creado en el marco del gubernamental Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y donde existen delegados cercanos al Gobierno.

El Consejo Plurinacional objeta que el proyecto proponga legislar sobre “inmueble” y no “territorio”, concepto mucho más amplio y reconocido por convenios internacionales (169 de la OIT) a los que Argentina adhirió. “El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución Nacional sino que además pretende interpretar la relación que los pueblos tenemos con nuestros territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural”, explica.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y parte del Consejo Plurinacional, explicó que de aprobarse el nuevo Código Civil “así como fue enviado será negativo para los pueblos indígenas, un claro retroceso normativo y será una herramienta más para que jueces racistas desalojen comunidades y avancen las empresas extractivas (mineras, petroleras) y estancieros”. Nahuel aclaró que no se oponen a un nuevo Código Civil, pero llamó a escuchar a los afectados directos: las comunidades indígenas. Precisó que la propiedad comunitaria y el derecho a la participación deben (en consonancia con la normativa ya vigente) “quedar fuera del Código Civil y ser reglamentados con leyes especiales”.

El Consejo Plurinacional también objeta que sólo se tenga en cuenta a comunidades rurales (deja de la lado la gran cantidad de población indígena urbana, en muchos casos expulsada de sus territorios comunitarios en las últimas décadas) y rechaza el artículo 148 del borrador, que establece la figura de “persona jurídica de derecho privado” a las comunidades. “Se sitúa a las comunidades al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de pueblos preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas”, aclara y recuerda que el otorgamiento de personerías jurídicas son utilizadas por los gobiernos en la actualidad como espacios de “intervención y control” sobre la autonomía indígena.

Hacen especial hincapié en el derecho a la consulta referido a los recursos naturales. “Es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios”, subraya y denuncia que el proyecto enviado por el Ejecutivo establece, en su artículo 2038, que la explotación de recursos naturales “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades”. A entender de los dirigentes indígenas, así redactado, el nuevo Código será “violatorio de todos los avances” sobre derecho indígena. Y explica que el Convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas establecen la “necesidad de obtener el libre consentimiento” de los pueblos indígenas afectados. “Este avance conseguido en la última década queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de ‘información y consulta’”, denuncia el Consejo Plurinacional.

El colectivo de organizaciones solicita que la propiedad comunitaria indígena “no quede encorsetada en un Código Civil” y exigen que sea reglamentada en una ley especial “como lo prometió la Presidenta en la reunión que mantuvo con el Consejo Plurinacional en el marco de los festejos del Bicentenario”.

http://hijosguate.blogspot.com/2012/06/este-30-de-junio-la-marcha-de-la.html

La Marcha de la Memoria, realizada en el centro histórico de la ciudad capital desde el año 2008, en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado guatemalteco, se traslada a San Juan Sacatepéquez.